“Tú no te preocupes, que la licitación es para ti. Yo me las maravillo como sea”. Esta frase de Marisa Rodríguez, pronunciada cuando era concejal de Playas de Estepona poco antes de que explotara el caso Astapa en junio de 2008, constituye sólo un ejemplo ilustrativo del clima de impunidad y desprecio por la ley con que actuaban numerosos ediles, técnicos municipales y empresarios –además de enchufados y recomendados de variado pelaje– durante la época en que, con el socialista Antonio Barrientos en la Alcaldía, la corrupción era moneda corriente en el Ayuntamiento. Rodríguez continúa siendo hoy concejal, ahora en la oposición. Y no es la única manchada que conserva el acta.

El levantamiento del secreto del sumario permite conocer prácticas comprometedoras de concejales imputados que siguen en la corporación. En total, son cinco expulsados del PSOE, uno expulsado del PA y dos que aún siguen en el PES (ex gilistas) los imputados que todavía se sientan en los plenos. Y su papel no es testimonial. Sumados a otro más del PES y a los cuatro ediles del PP, este grupo tiene en su mano la mayoría. Este mes, la suma de voluntades del PP y los imputados sirvió para suprimir las tasas de basura y alcantarillado. El argumento es que, en crisis, hay que ser austero.

El caso de Marisa Rodríguez, que quería adjudicar a dedo un chiringuito a un empresario afín al PSOE, y luego montar un concurso “de pantomima”, se suma a otros muchos chanchullos recogidos en el sumario. En una conversación intervenida, Manuel Reina (PES) –que se reincorporó a la corporación en diciembre de 2008 tras seis meses preso– habla de un posible pago de 1,2 millones de euros al edil Rafael Montesinos (PA), miembro de la corporación en la actualidad, a cambio de que pactara con Barrientos tras las elecciones de 2007.

La Policía señala también cómo Asunción López, ahora en la oposición y ex concejal de Cultura, pagaba actos con las aportaciones de los empresarios beneficiados por las valoraciones a la baja de los terrenos. Su propio primo, empresario, realizaba pagos. En esa estructura corrupta, mediante la cual el dinero de los empresarios se repartía entre delegaciones, partidos y particulares, es donde la Policía sitúa a los imputados.

Pero hay casos más sangrantes que otros. Francisco Zamorano, ex senador, hoy en la oposición y antiguo portavoz municipal y edil de Hacienda, llegó a crear una sociedad, Lauzavi, para recibir “fondos de empresarios con intereses urbanísticos”, según el sumario. Su mujer figuraba de administradora.

La Policía sospecha que también José Ignacio Crespo, actual concejal del PES, desviaba fondos utilizando a su esposa, una práctica habitual entre los imputados.

La oposición practica desde hace meses una estrategia de acoso y derribo contra el actual alcalde, el socialista David Valadez, que ha dejado escenas insólitas. En el pleno de septiembre, la oposición forzó la aprobación de un punto que suponía una rebaja de la mitad del sueldo del alcalde, que pasa de 80.956 a 38.514 euros.

El grupo municipal del PP se encargó de impulsar esta iniciativa, que causó fricciones incluso en el seno de este partido. Silvia Cabrera, concejal del PP, dejó la formación al considerar que practicaba una “política de obstrucción”. Fuentes municipales señalan que, con la salida de Cabrera, el regidor podría intentar ganarse su apoyo y el del único edil del PES no imputado para formar una mayoría estable.

Valadez no lo está teniendo fácil como alcalde. Ya antes de ser elegido, no contaba con la confianza del PSOE, que prefería aupar a Rafael Durán, concejal de Urbanismo. La imputación de este allanó el camino a la Alcaldía de Valadez, que se ha tenido que enfrentar al rencor de los ex concejales del PSOE, según fuentes municipales. Estos ediles no le perdonan que fuera él quien denunció las irregularidades de Barrientos, facilitando la investigación.

En contraste con la aparente desenvoltura con la que actuaban, varios investigados en el caso Astapa guardaban “cautela y celo a la hora de hablar de determinados temas por teléfono”, según un informe policial recogido en el sumario.

Un caso elocuente es una conversación de Antonio Barrientos, alcalde hasta su detención en junio del año pasado, con su hermano. Este le pide quedar en diez minutos y se niega “de forma explícita” a decir más por teléfono, “mostrando gran nerviosismo en la conversación”.

En otra conversación en abril de 2007, Antonio Barrientos le ofrece a Marisa Bustinduy, entonces secretaria provincial del PSOE –no imputada en el caso–, hablar por un “teléfono rojo”. Bustinduy había preguntado a Barrientos si tenía un fijo en casa para “comentarle un temilla”, y el alcalde le respondió: “Yo tengo aquí un teléfono blindado y controlado, con todo tipo de medidas de seguridad”.

No obstante, el más suspicaz era el concejal del PES José Ignacio Crespo, que “llegaba a saludar a la Guardia Civil” durante sus conversaciones teléfonicas, según la Policía. En una de ellas, su hermana Ana María le habló de “dinero B”. Crespo cortó de inmediato y luego le mandó un mensaje que decía: “Mira que eres torpe, joder”.