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UGT denuncia el recorte en la prórroga de los 426 euros

El sindicato denuncia que supone una reducción en el número de beneficiarios que podían acceder hasta ahora a la ayuda

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UGT ha denunciado la ampliación de los requisitos para acceder a la ayuda de 426 euros incluida en la prórroga de la misma aprobada por el Consejo de Ministros, ya que supone un recorte del número de beneficiarios que pueden acceder a la prestación.

El secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, explicó que las personas de entre 30 y 45 años sólo podrán acceder a esta prestación si tienen cargas familiares, algo que antes no se contemplaba.

Tras el debate del Estado de la Nación, el pasado mes de julio, el Congreso aprobó una propuesta de resolución en la que se pedía la citada prórroga, pero se restringían sus beneficiarios, que hasta entonces podían ser cualquier desempleado menor de 65 años. El Ministerio de Trabajo ha optado finalmente por una versión menos restrictiva que la propuesta por el Congreso, que pedía que sólo beneficiara a menores de 30 años, parados de larga duración y mayores de 45. En la prórroga aprobada hoy, se incluyen además a los desempleados de entre 30 y 45 años que tengan cargas familiares.

Ferrer valoró 'negativamente' esta novedad que, además, no se había consultado con los sindicatos. 'Esperábamos que se aprobara lo que se nos dijo, no una reducción del número de beneficiarios', indicó.

A su parecer, la idea que subyace es que hay sectores dentro del Gobierno que quieren recortar las prestaciones por desempleo, lo que obligará a los sindicatos a estar 'muy atentos' en la elaboración del Presupuesto de 2011.

De hecho, UGT cree que hay que ampliar el colectivo de beneficiarios de la ayuda dado el efecto 'devastador' de la crisis sobre el empleo. Por este motivo, el pasado 16 de julio, CC.OO. y UGT pidieron que se incluyera como beneficiarios a los demandantes de empleo que hubieran agotado la renta agraria, el subsidio agrario y la renta activa de inserción.

En aquella carta, los sindicatos también instaban a las administraciones autonómicas y locales a comprometerse a crear una red social que garantice la cobertura económica de los trabajadores y mejore las condiciones de acceso al mercado de trabajo.

Para ello, consideraban necesario adaptar los distintos programas que tienen establecidos de rentas mínimas de inserción para poder dar cobertura económica a dichos desempleados.

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