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La venta de trenes a Argentina fue legal, según el Gobierno

El Ejecutivo avala la comisión que cobró un intermediario

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El Gobierno español reaccionó ayer con cautela tras la publicación, el pasado fin de semana, en el diario argentino Clarín, de un escándalo de supuesto enriquecimiento ilícito de altos cargos del Gobierno del ex presidente Néstor Kirchner fallecido en octubre pasado por la venta de trenes españoles usados pertenecientes a Renfe y Feve. Sin embargo, extraoficialmente, fuentes gubernamentales negaron tajamente el pago de comisiones ilegales a funcionarios argentinos en la operación, que investiga la justicia de aquel país.

La transacción consistió en la venta de convoyes españoles que debían luego repararse en talleres argentinos. Según Clarín, la mayoría de esos vagones y locomotoras es hoy chatarra. Según Alstom, la empresa francesa que, según dijo en su momento el Gobierno argentino, iba a reparar los trenes, el contrato no se cerró.

Los convoyes adquiridos a Renfe son ahora chatarra, según 'Clarín'

Cuando se anunció (en la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca, en octubre de 2005), la transacción fue presentada como la venta de 426 vagones, 121 locomotoras y 120 coches motores, con sus repuestos y capacitación técnica. Tuvo su origen en un convenio de julio de 2004 entre Renfe y la secretaría de Transportes argentina. Cuando se cerró (enero de 2008), la operación se quedó en 416 vehículos por 120 millones de euros.

No era el primer acuerdo de este tipo: ya se habían firmado otros con Cuba, Brasil, Chile, Irán, Túnez y México. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, describió entonces la venta como una 'alianza especial que abarca todas las acciones de gobierno, todos los ministerios', y confió en que haya empresas españolas en Argentina que 'inviertan, que creen empleo y se porten adecuadamente'.

Clarín ha accedido a cientos de emails que, supuestamente, demostrarían que en la operación se pagaron 'comisiones' y 'porcentajes' del 11% para los que participaban en el trato, y 'costes políticos' desorbitados. En uno de los emails, un intermediario de la venta, el español Ángel Lorente, protesta 'por unos costes políticos que triplican el millón de dólares del que se había hablado'.

La empresa pública P4R, que coordinó la operación, dará hoy su versión

Ayer, ni el Ministerio de Fomento (en ese momento, encabezado por Magdalena Álvarez) ni Renfe, ni Feve, quisieron pronunciarse sobre la operación ya que, dicen, esta la gestionó directamente Expansión Exterior, una empresa pública. Extraoficialmente, fuentes gubernamentales admiten que, 'sin duda', los argentinos pidieron el cobro de comisiones, 'pero no se les concedieron'.

Lorente, según Clarín, también dice en otro email que ha hablado con Juan Barba, director de Expansión Exterior (actualmente denominada P4R), y que este también se queja de esos 'costes políticos', porque debían ser 'parte del 11% que se había barajado al principio'.

Barba, hoy director general de P4R, prevé dar hoy su versión del asunto en un acto público en Madrid. 'Tiene documentada toda la operación', dicen fuentes cercanas al responsable de esta sociedad estatal, dedicada a asesorar en comercio exterior. Los accionistas de P4R son el Instituto de Comercio Exterior (ICEX, con el 88,13%) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, con el 11,87%), que dependen, respectivamente, de los ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio. Fuentes de este último gabinete indicaron que las cuentas de P4R están 'auditadas y sin ninguna irregularidad' y se remitieron a la investigación judicial en curso. Economía no hizo comentarios.

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La única comisión cuya existencia el Gobierno admite, y que es, dicen las fuentes consultadas, 'perfectamente legal', son los honorarios cobrados por Lorente (el consultor español) y su socio argentino, Manuel Vázquez.

Ambos fueron designados como asesores para la transacción por Ricardo Jaime, entonces secretario de Transportes de Kirchner. Cobraron un millón de euros, según Clarín. La investigación comenzó en torno a 2009, cuando el sorprendente incremento del patrimonio personal de Ricardo Jaime (al que actualmente investiga la justicia argentina, y que ya había sido cesado por Kirchner) alarmó a las autoridades locales.