El Comité Federal del PSOE ha aprobado hoy la celebración del 4 al 6 de julio su XXXVII Congreso, cónclave para el que José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido "imaginación y valentía" tras lanzar un mensaje tranquilizador sobre la tasa de paro: "la peor previsión será mejor que la mejor que tuvo el PP".

Zapatero ha presidido uno de los Comités Federales -máximo órgano de dirección del partido entre congresos- más breves, con sólo cinco peticiones de palabra, y en su intervención inicial no ha hecho ninguna referencia a cuestiones como las mociones en los ayuntamientos vascos para desalojar a los concejales de ANV.

Así, se ha centrado en la economía, y aunque ha admitido que la desaceleración afecta de manera singular al empleo, ha subrayado que la peor previsión de paro que se puede esperar en los próximos cuatro años "será siempre mejor que la mejor que tuvo el PP" en su última legislatura, que se situó "claramente por encima del 10 por ciento".

No obstante, ha destacado que la "brillante gestión" de las cuentas públicas la pasada legislatura las convierten no en un "muro que nos aisle de las turbulencias" internacionales, pero sí en "un poderoso amortiguador para protegernos".

"Ello nos va a permitir apoyar políticas activas de empleo y mantener nuestros compromisos de política social en materia de pensiones, becas, educación, salario mínimo o vivienda", ha afirmado.

Zapatero ha insistido en que el respaldo de los 169 diputados socialistas supone "una mayoría consistente" para garantizar la estabilidad del Gobierno, pero ha pedido "un diálogo leal y sincero" con todos los partidos, y, singularmente, con el PP ante los grandes asuntos de Estado.

Por otro lado, el secretario general, que ha recordado que su partido "descansa en la posición de centralidad progresista", ha pedido que el XXXVII Congreso sea "el que refuerce el cambio" después de que los dos anteriores fueran, respectivamente, el de la renovación y el del triunfo electoral.

Para el próximo ha reclamado "valentía e imaginación" con el fin de consolidar un proyecto político de largo alcance.

El secretario de Organización, José Blanco, ha coincidido en pedir que el Congreso suponga un "debate de ideas" para seguir situando al socialismo "en la vanguardia de la solución de los problemas que preocupan a los ciudadanos".

Las mociones de censura contra ANV no han sido objeto de debate por parte de Comité Federal, según Blanco, quien, no obstante, ha tachado de "incomprensible" la actitud de EB de no respaldar las iniciativas en Arrasate y Hernani, y el hecho de que tampoco la apoyara en el primero de esos consistorios la única concejal del PP.

Blanco ha reclamado a ambos partidos que avalen con su firma las mociones que se presenten en los ayuntamientos con representantes de ANV.

Antes de la reunión, ha habido también peticiones de reflexión a EB por parte de dirigentes socialistas vascos como Rodolfo Ares y Ana Urcheguía, una de las cinco personas que han intervenido en el Comité junto a Pedro Castro, Francisco Fuentes, Enriqueta Chicano y Juan Antonio Barrio.

Fuentes abrió una reflexión sobre la financiación autonómica al advertir de que la publicación de las balanzas fiscales no puede convertirse en la base de la reforma del sistema.

En su contestación, Zapatero ha reafirmado su encargo al PSOE para abrir en las próximas fechas un debate interno que profundice en un nuevo modelo que responda a los principios de corresponsabilidad, suficiencia financiera y cohesión.

Por otro lado, Zapatero ha defendido la política de agua de su Gobierno, según fuentes próximas a la reunión; antes del Comité, los presidentes de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y de Aragón, Marcelino Iglesias, también han expresado su opinión.

Así, mientras el primero ha asegurado que "hay agua suficiente si nos organizamos bien" pero "no para todo", no para los "desarrollos insostenibles", Iglesias ha afirmado que los problemas derivados de la sequía no se solucionan "comprando y vendiendo agua".

Tras la reunión, Iglesias se ha mostrado satisfecho al comprobar que la política del Gobierno central es la misma que la del Ejecutivo aragonés.