El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció ayer en Bucarest (Rumanía) que el Gobierno estudia financiar el retorno a su país de inmigrantes rumanos en paro con medidas como pagarles el billete de vuelta. El ministro, en visita oficial en Rumanía, solicitará un informe jurídico sobre la viabilidad de la propuesta y pretende que esta se financie con dinero del Fondo Social Europeo.

No obstante, aunque el rumano es uno de los colectivos que más sufre la crisis (el 42% está vinculado a la construcción), 'no parece realista pensar en un retorno masivo en los próximos meses', según dijo el ministro, por la diferencia salarial que hay entre ambos países. El sueldo medio en Rumanía es de 321 euros y en España las prestaciones que reciben al quedarse en el paro rondan los 850 euros mensuales durante un máximo de dos años. En España viven unos 714.000 ciudadanos de Rumanía. Las subvenciones estarían dirigidas a los que han dejado de cobrar las ayudas por desempleo.

El colectivo de rumanos parados en España creció entre el pasado diciembre y finales de marzo de unas 44.000 personas a 70.912. De estos, 29.583 no cobran ninguna prestación por desempleo y forman el grupo inicial al que irían dirigidas las ayudas.

Corbacho anunció además la modificación de dos artículos del anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería: el relativo a la devolución de menores no acompañados, que tendrán derecho a ser escuchados antes de la repatriación, y el que permite multar las ayudas a los sin papeles.

Los cambios llegan motivados por las críticas que jueces, abogados y ONG han emitido en los últimos meses y que se cerraron el jueves pasado con un informe crítico del Consejo General del Poder Judicial.

Hay algunos puntos del anteproyecto que 'están mal o no se entienden', justificó Corbacho, que regresará hoy de Rumanía, tras firmar un convenio con su homólogo rumano, Marian Sàrbu, para organizar el flujo de inmigrantes.

El ministro dejó en el aire otras polémicas medidas: la posibilidad de que las retenciones de sin papeles en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) puedan alargarse hasta los 18 meses, frente a la ampliación de 40 a 60 días que anunció el Gobierno, o la exclusión de las ONG del Foro de la Inmigración. 'Habrá que estudiarlo', zanjó.

El convenio firmado ayer permitirá que las oficinas de empleo españolas informen a los rumanos desempleados de las ofertas de trabajo que existen en Rumanía. El ministro Sàrbu, no obstante, no alentó el regreso: 'En Rumanía tenemos una tasa de paro del 5,8%, que alcanzará el 7% antes de fin de año', apuntó. Al tiempo, recordó la necesidad del país de encontrar un millón de nuevos trabajadores en los próximos cuatro años.