Telefónica ha decidido dejar de seguir el juego de empresa privada al uso al que ha estado jugando Portugal Telecom (PT). Mediante un comunicado al árbitro bursátil español (CNMV), el grupo que preside César Alierta dio ayer oficialmente por expirada su oferta de 7.150 millones de euros por el 30% de la compañía brasileña de móvil Vivo que está en manos del grupo portugués. 'Al no haber aceptado el consejo de PT la oferta dentro del plazo fijado, la misma ha quedado extinguida', explica el comunicado.

Ahora, PT queda a merced de sus accionistas, a los que tendrá que explicar por qué una oferta cuyo precio subió dos veces y fue aceptada en junta general se ha esfumado. Al igual que se puede esfumar la revalorización (aún del 14%) que han experimentado las acciones de PT desde que Telefónica lanzó la primera oferta el 6 de mayo e incluso hundirse drásticamente la cotización por la huida de los accionistas institucionales. El dinero huye del intervencionismo. El riesgo de ver caer sobre la compañía una lluvia de demandas de pequeños y no tan pequeños inversores (Banco Espirito Santo, con el 8% del capital, apoyaba la oferta) puede ser el empujón definitivo para que Portugal acepte que Telefónica se ha empeñado en gestionar Vivo sola.

El grupo español espera que PT ceda a la presión de sus accionistas

Las negociaciones se extendieron hasta altas horas de la madrugada del viernes al sábado entre Telefónica y PT, según ha podido saber Público. Pero cuando el acuerdo parecía inminente, el consejo de administración de PT pidió un nuevo aplazamiento hasta el 28 de julio para firmarlo.

Dos factores provocaron este nuevo titubeo. El primero: PT, por mucho empeño que ponga su consejo de administración en seguir los rituales de una firma que cotiza en bolsa, ha demostrado que no tiene capacidad de decisión. Los veredictos finales están en manos del Gobierno de José Sócrates, como quedó claro cuando este anuló el resultado de la junta de PT que dio el visto bueno a la oferta de Telefónica por amplia mayoría (74%) el pasado 30 de junio.

El plan B sería ir al Tribunal de Arbitraje y lanzar una opa por Vivo

Lejos de amilanarse por el descrédito que ha podido suponer para PT entre la comunidad inversora esta decisión o por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo del pasado 8 de julio que lo obliga a anular su derecho de veto en PT (la acción de oro), el Ejecutivo luso volvió a advertir el viernes de que no habría acuerdo si Telefónica no cambiaba su oferta. El cambio que pedía es que se diese poder a PT en la gestión del grupo que Telefónica quiere crear fusionando Vivo con Telesp, su filial de telefonía fija en Brasil.

Los gestores de PT no tenían más remedio que buscar una alternativa a Vivo en Brasil para recuperar las riendas. Ese sería el segundo motivo de la marcha atrás de PT. En el sector se habla de que la lusa ha estado negociando su entrada en el operador brasileño de móvil Oi, pero el acuerdo no estaría aún atado y por eso se pidió el nuevo plazo.

La retirada de la oferta no es, en cualquier caso, una renuncia por parte de Telefónica a hacerse con el poder en Vivo. Si los portugueses no reaccionan, se activará el plan B.

Telefónica y PT tienen agrupado su 60 % en Vivo (30% español y 30% portugués) en la sociedad Brasilcel. El resto (40%) fluctúa en la Bolsa de Sao Paulo. El grupo español tiene intención de acudir al Tribunal de Arbitraje de La Haya para solicitar la disolución de Brasilcel. De esta forma, se rompería la obligación de tomar todas las decisiones de forma conjunta.

Una vez disuelta, Telefónica podría lanzar una oferta pública de adquisición (opa) por el 40% de Vivo que fluctúa en bolsa y lograr con ello la mayoría que le dará el poder de gestión.