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Bruselas exige transparencia a las agencias de calificación

La Comisión sigue con interés la demanda en España a las firmas de rating

DANIEL BASTEIRO

Bruselas exigirá más transparencia a las agencias de calificación de riesgos, a las que considera en parte responsables de la gestión de la crisis económica, y sigue con interés la denuncia ante la AudienciaNacional que presentarán varios abogados españoles. El comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, se refirió ayer a la demanda, cuya existencia fue revelada por Público, confiando en la acción de la Audiencia Nacional. 'La Justicia decidirá aseguró, pero por su parte, la Comisión irá hasta el final en su exigencia de más transparencia'. Como publicó ayer este diario, un grupo de abogados presentará esta semana una querella contra las tres principales empresas del sector (Fitch, Moody's y Standard & Poor) por los efectos en España de sus posibles negligencias.

Barnier recordó que ya hay nuevas reglas en vigor y prometió nuevos cambios legales para que las tres empresas estadounidenses que monopolizan la evaluación de los riesgos financieros de entidades privadas o estados 'hagan pública su metodología'. A Bruselas le preocupa sobre todo cómo se analiza el riesgo de la deuda pública tras asistir el año pasado a sospechosas rebajas en la nota de Grecia, muy beneficiosas para los especuladores pero sin justificación aparente.

En diciembre, la Eurocámara aprobó el último cambio legislativo, que daba poder a la Autoridad Bursátil Europea para investigar a las agencias, llevar a cabo inspecciones sorpresa o imponer multas en caso de irregularidades. Previamente, la UE obligó a las agencias a registrarse e impuso la prohibición de ofrecer servicios de consultoría para evitar que los encargados de evaluar los riesgos suministraran información sensible.

Bruselas ha sondeado a los países sobre la posibilidad de crear una gran agencia de calificación de capital público, aunque con escaso éxito. Este año, el Ejecutivo comunitario propondrá además exigir que las agencias alerten a un Estado con tres días de antelación en caso de que decidan rebajar su nota, y buscará introducir medidas para fomentar la competencia en un sector dominado por un oligopolio norteamericano.

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