John Maxwell Coetzee dice que Kafka, siendo uno de los escritores menos psicológicos, es quizá uno de los que mejor captó las obscenas interioridades del poder. Ante la ley es uno de los cuentos que más tarde se publicarían como parte de la novela El proceso, acerca del aparato implacable de la ley. Y ahora hay gente que dice que Emilio Botín y su familia están en un túnel kafkiano, un mundo complejo que se basa en reglas confusas, y que la víctima del mismo no termina de comprender.

Pues, no. No es kafkiano, aunque el adjetivo puede utilizarse comúnmente de ese modo. Sólo después de recibir información de dos topos, dos ejecutivos que desertaron del banco HSBC, sobre cuentas millonarias españolas ocultas en Suiza por valor de 6.000 millones de euros, Hacienda se dirigió en mayo de 2010 con toda delicadeza, sin levantar actas de inspección, a todos los titulares para promover la regularización más grande jamás contada de la historia fiscal española. Entre ellos estaba la familia Botín.

Hacienda promovió la regularización fiscal más grande de la historia

Aunque podían haber objetado la legalidad de los datos esgrimidos, la familia respondió con una catarata de declaraciones complementarias hasta redondear, después de varios meses, unos 200 millones de euros. Para volver a Kafka, los representantes legales de la familia reconocieron así la culpa por haber evadido sus impuestos durante los ejercicios del periodo que ha ido de 2005 a 2009. Antes de ese quinquenio, muchas décadas antes, también había culpa. Pero esta ya no cuenta ni administrativa ni penalmente hablando. Porque está prescrita.

Los inspectores de Hacienda que trabajaron sobre los documentos tuvieron que hacerse una idea de lo que podía representar el patrimonio debajo de la punta del iceberg que representan las declaraciones complementarias. Pero no lo han dicho. Todavía. Sin embargo, se puede uno aproximar. En su comparecencia del pasado mes de octubre ante el Congreso, por petición del Partido Popular, el entonces secretario de Hacienda, Carlos Ocaña, informó de que había regularizaciones por valor de 260 millones de euros equivalentes al 48% de la cifra total oculta de 6.000 millones. Es decir, que ya teníamos regularizaciones por la mitad: 3.000 millones. Y si de esos 260 millones, los Botín habían pagado unos 200 millones, pues tenemos que ellos suponían alrededor del 75%% de lo recaudado. Ello nos llevaría a un patrimonio oculto en HSBC de hasta unos 2.200 millones de euros.

Este patrimonio, que ha ido incrementándose de manera sistemática, es el que la familia ha ocultado bajo un entramado de sociedades en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes, entre otras, que operaban a pleno rendimiento en conexión con Ginebra, Suiza, a través de múltiples actividades de depósito e inversiones.

La familia tendrá que probar ahora que ha pagado lo que tenía que abonar

Aunque en la inspección pudo haber opiniones divergentes, es lo cierto que los funcionarios decidieron, finalmente, que la admisión del delito y el abono del dinero apuntado en las declaraciones complementarias no podía ser certificado como el cierre completo y veraz de la deuda. Cuando estás ante la punta del iceberg del patrimonio nada menos que de la familia Botín, con una documentación ingente, con un entramado de sociedades interminables por varios continentes, hay que ver quién es el guapo que da la luz verde.

La familia tendrá que probar ahora que lo que ha pagado es lo que debía abonar. Y aquí hay algo perverso: tanta opacidad elegida durante tantos años se puede volver ahora en contra por la dificultad de encontrar las pruebas para enseñarle al juez Andreu. Quizá, ahora sí, la familia Botín, que no ha cuestionado las pruebas procedentes de HSBC, querría que las autoridades suizas colaborasen. Lo que antes era una oscuridad buscada ahora se vuelve la búsqueda de la luz para justificar.