La Audiencia de Madrid ha dado un nuevo varapalo a la forma de proceder del juez Elpidio José Silva en las causas contra el exbanquero Miguel Blesa, aunque en esta ocasión le da la razón en que la compra por Caja Madrid del City National Bank of Florida, en 2008, presenta caracteres delictivos que deben ser objeto de investigación.

La Sección 15 de la Audiencia ha examinado la primera orden de prisión dictada por el juez Silva contra el expresidente de Caja Madrid, el pasado 16 de mayo, que era eludible bajo fianza de 2,5 millones de euros.

Los magistrados revocan la decisión del instructor por dos razones: no había riesgo de fuga, ya que Blesa se había presentado a todas las citaciones y la expectativa de la condena que podía caerle no permitía pensar en que huyese; ni tampoco podía afectar a pruebas del caso si quebaba libre, porque ya no pertenece a la entidad bancaria y la operación estudiada dejó un rastro documental muy profuso.

Además, considera la Audiencia que es contradictorio alegar esa posible manipulación de pruebas y dictar prisión con fianza, que en caso de ser satisfecha, como ocurrió, dejaba en libertad a Blesa.

La decisión de la Audiencia de Madrid supondrá la devolución al exbanquero de los 2,5 millones de euros, que tardó en reunir menos de 24 horas. Aún está pendiente el recurso contra la nulidad de las actuaciones por la compra del Cuty Bank of Florida, así como contra la orden de prisión incondicional, que el mismo juez decretó contra el exbanquero el 5 de junio. La pasada semana, otra sección de la Audiencia, la número 30, anuló la instrucción del caso sobre la pieza principal que investigaba un crédito de 26,6 millones de euros de Caja Madrid a Díaz Ferrán. A la vista de esa decisión, el juez Silva excarceló a Blesa.

El nuevo varapalo a Silva es en este caso agridulce, ya que la Audiencia de Madrid sí estima que existen indicios delictivos en la compra del City National Bank of Florida, con sede en Miami, que es necesario investigar y aclarar.

Los magistrados consideran una prueba relevante el informe del Banco de España de 2010 que dudó de la liquidez del banco estadounidense adquirido por Caja Madrid por 1.000 millones de dólares, que se investiga en la causa.

La Audiencia señala que ese dictamen del Banco de España es 'acervo suficiente' para iniciar la investigación de posibles delitos de administración desleal o apropiación indebida en la operación, aunque el propio organismo regulador financiero hubiese dado la autorización previa a la compra.

El objeto de la investigación será aclarar si hay indicios de que el imputado Blesa, 'abusando de su cargo de presidente de la sociedad adquiriente', pudo disponer fraudulentamente de bienes de Caja Madrid o contraer obligaciones a su cargo, con perjuicio económico para la entidad  y sus depositarios.

'La forma de instrumentar la operación, diviéndola en dos tramos, la posible elusión de controles, el precio pagado, teniendo en cuenta el momento económico en que se produjo la adquisición, y la valoración de los activos de la entidad adquirida', dice la Audiencia, 'son elementos que apuntan indiciariamente a la tipicidad antes señalada, por lo que deben ser aclarados'. Cree que la participación directa de Blesa en los hechos, sean éstos delictivos o no, se deriva de la alta posición que ocupaba en el banco y la envergadura económica de la operación.

En cualquier caso, la Audiencia sí hace otro reproche al juez Silva, y es haberse quedado con la instrucción de estos hechos, ya que entiende que lo correcto es que hubiese rechazado la denuncia y señalado a los denunciantes (Manos Limpias) que debían presentarla ante el Juzgado de Guardia o el Decano, para que su reparto al Juzgado que correspondiese. En ese sentido, recuerda que el propio Silva señala en sus autos que no existe conexidad entre estos hechos y los que él mismo investigaba por el crédito a Díaz Ferrán, por lo que no cabía que se apropiara de la causa.

Pero la Audiencia no cree que esa infracción de las normas de reparto afecte al derecho constitucional de todo ciudadano al juez natural predeterminado por la ley. Como se estima el recurso de Blesa en el punto de que el asunto no debió corresponder al juez Silva, la resolución apunta lo que puede ser una solución futura del caso: que su instrucción vaya a reparto y recaiga en el juez que sí marquen las normas, que deberá encargarse de la investigación.