El Eurogrupo pondrá punto final, mañana jueves, al programa de asistencia financiera concedido a España en junio de 2012 para salvar a los bancos y cajas de ahorros en riesgo de quiebra por la crisis del ladrillo. Sobre un máximo de 100.000 millones disponibles, sólo han sido utilizados finalmente poco más de 41.000 millones, de los que un 43,5% corresponden a Bankia, entidad ahora tutelada por el Estado a través del FROB.

El problema es que el saneamiento del sistema no ha cumplido, al menos hasta hoy, con el objetivo que decía haberse propuesto el Gobierno de Mariano Rajoy cuanto aceptó la ayuda europea: la recuperación del crédito. Entre enero y septiembre de 2013, los seis principales bancos españoles prestaron 44.800 millones menos que durante el mismo periodo del año anterior, con una caída del 5% en términos porcentuales.

Los 41.000 millones de euros procedentes del rescate son, además, sólo una parte de las ayudas públicas facilitadas para mantener a flote el sistema, que no bajan de los 200.000 millones si se suman todos los conceptos, incluidos los avales a las emisiones de deuda de las entidades financieras. Eso significa que salvar a la banca de las consecuencias de su desafortunada gestión en tiempos del boom inmobiliario puede costar a cada español, por término medio, cerca de 5.000 euros.

A cambio, ni siquiera cabe el consuelo de que el crédito fluya mejor, como había prometido el Gobierno, ni es probable que lo haga en un corto plazo de tiempo, según opinión bastante extendida entre los expertos. Mientras no haya una demanda sana, la banca va a seguir actuando con pies de plomo, porque las cifras de morosidad resultan alarmantes (un 12,12% en agosto) y no bajarán significativamente con las actuales tasas de paro.

Peor aún: si no mejora la economía, se da por hecho que aumentarán los impagos, sobre todo de aquellos créditos que han sido refinanciados por las dificultades de los deudores para hacer frente a sus obligaciones en las condiciones anteriores. A 31 de diciembre último, las refinanciaciones habían superado los 200.000 millones de euros y de ellos una tercera parte eran de dudoso cobro, por lo que debían estar provisionados en un 50%, aunque no todos cumplían esa exigencia del Banco de España.

De ahí que algunos economistas consideren prematuro dar por cancelado el rescate, teniendo en cuenta las incertidumbres que todavía pesan sobre la economía española, pese al optimismo que últimamente intenta transmitir el Gobierno. Cualquier imprevisto, además, saldría más caro, pues el tipo de interés pagado a Europa es del 0,6% y el coste habitual de endeudamiento del Tesoro ronda el 4%, tomando como referencia el bono a diez años.