Un Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte), la herramienta para aplicar los fondos europeos Next Generation, para la industria y que sea gestionado por las comunidades autónomas. Esta es la propuesta de la consejera de Economía de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Mas, para gestionar 1.820 millones de la partida de los fondos que se han quedado sin asignar en las sucesivas convocatorias publicadas por el Ministerio de Industria.

El importe corresponde a un cálculo elaborado por el Govern en relación con el peso porcentual del sector industrial catalán en el conjunto del Estado en función de los 8.100 millones de euros sin ejecutar. Para Mas, "las ayudas para la industria son demasiado centralistas y poco ajustadas a las especificidades de cada territorio".

Esta demanda se realiza justo un año antes de que se agote el plazo para ejecutar los fondos, lo que provoca que algunas entidades económicas, como el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) recelen de la eficacia de un cambio abrupto en la gobernanza de los fondos, a pesar de reconocer que se han diseñado sin tener demasiado en cuenta las autonomías y la sociedad civil.

La consellera Mas recuerda que, atendida la baja ejecución de las convocatorias destinadas a la transformación industrial, las comunidades autónomas tendrían que disponer de los recursos que no se han otorgado y que se corre el riesgo que se tengan que devolver en Bruselas si no se ejecutan antes de agosto del 2026. Por este motivo, enviará la propuesta a la todavía ministra de Economía, Nadia Calviño, y al de Industria, Jordi Hereu.

Desde Economía se detalla que si se logran los 1.820 millones, estos se destinarían a tres líneas de actuación: apoyo a la innovación, inversión y creación de nuevos productos. En este sentido, Natàlia Mas añade que "tenemos competencias en industria y conocimiento sobre el territorio". Uno de los proyectos incluidos sería el desarrollo del vehículo eléctrico.

El Govern quiere la gestión directa

La Generalitat reclama la gestión directa de los fondos europeos Next Generation previstos para la industria porque hasta el 72% de ayudas estatales todavía no han sido asignados a proyectos, puesto que las "bases homogéneas" no tienen en cuenta las particularidades del sector en cada territorio en un planteamiento de "óptica centralista", según Mas. Además, la consellera define como "alarmante" esta situación de inejecución de los fondos porque no se ha producido en otros sectores, donde solo se han quedado sin asignar un 31% del total.

El Govern considera que la problemática de las ayudas europeas en el Estado responde a la diseminación de estas entre multitud de convocatorias dirigidas a empresas de unas características muy concretas y de este modo, muchas no han encontrado qué se adecuaba a su actividad o la ventanilla donde pedirla.

El peso político en la gestión de los fondos

A pesar de admitir que el Estado español lidera el ranking en el ámbito europeo en el grado de ejecución de los fondos y en los proyectos presentados, la investigadora del Observatori del Deute en la Globalització (ODG) Nicola Scherer reconoce que "las ayudas no han conseguido resolver las necesidades de la economía real".

Para la investigadora, uno de los aspectos que se tiene que vigilar es que la inyección de dinero público que suponen los fondos Next Generation no acaben beneficiando el sector privado. "Estamos en contra de adjudicar rápidamente los proyectos sin saber donde van a parar el dinero. Mejor avanzar despacio, analizando el impacto social de las iniciativas, que no gastar mucho dinero en poco tiempo", apunta.

En relación con la propuesta de la consellera Mas, Nicola Scherer duda que se pueda implantar un cambio en la gobernanza de los fondos a solo un año que se acabe el plazo para ejecutarlos. "Las ayudas forman parte del ámbito de la reindustrialización verde y la reclamación de la Generalitat se enmarca en la necesidad de adaptar los fondos a la autonomía estratégica, pero también a un objetivo político de incrementar el peso administrativo en la decisión del reparto".

Aunque se coincida en el carácter centralista en el diseño de los fondos, puesto que las comunidades autónomas solo gestionan un 17% de estos, Scherer cree que la reclamación del Govern responde a "una pugna política por la decisión estratégica de quien los gestiona".

Favorable a un reparto local de las ayudas, la investigadora insta a hacerlo teniendo en cuenta criterios de justicia social y ambiental. Respecto al papel de la Generalitat, desde el ODG se rechaza que la gestión autonómica del Perte industrial sirva para atraer la atención de los inversores privados internacionales con proyectos alejados de las necesidades reales de la población.

Como ejemplo, Scherer reivindica la importancia que las iniciativas sobre energías renovables o fotovoltaicas se impulsen con criterios sociales desde el territorio, además de potenciar actividades como la economía circular sobre la minería urbana.

En un informe reciente, titulado No hay recuperación sin la ciudadanía, el ODG afirma que a pesar de la gran cantidad de dinero público que se han otorgado, las decisiones sobre cómo y donde invertir estos recursos se han tomado, cada vez más, a puerta cerrada, sin la implicación de la ciudadanía y otros agentes fundamentales.

Así, explican que la ciudadanía ha quedado en gran parte excluida tanto en el diseño como en la ejecución de los planes de recuperación, con inversiones que no han cubierto sus necesidades. Por esta razón, lamentan que no garantizar una adecuada implicación pública servirá solo para aumentar las desigualdades actuales y erosionar todavía más la democracia, además de limitar el potencial del fondo en la hora de conseguir los objetivos ecológicos.