Las compañías energéticas cerraron el ejercicio de 2022 con unos resultados de récord en los que las siete principales compañías del sector acumularon unos beneficios netos de más de 19.000 millones de euros que dispararon su promedio de ganancias por encima de los 54 millones de euros diarios, a mucho más de dos por hora.

Esas presentaciones oficiales de resultados y sus comunicaciones formales a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) presentan este año dos llamativas coincidencias: una sarcástica, al haberse solapado el grueso de ellas con la Semana Europea contra la Pobreza Energética, y otra, más difícil de adjetivar, por la simultaneidad de esos magros beneficios con un descenso del consumo y un aumento de los precios que desnuda de nuevo, y quizás con mayor claridad que nunca, lo demencial, por absurdas e incomprensibles, de las normas de funcionamiento del mercado de un servicio tan esencial. 

"Las reglas del juego en energía tienen que ver con los intereses económicos de las grandes empresas energéticas", sostiene Soledad Montero, responsable de esa área en Ecologistas en Acción, organización que mantiene abierta una campaña para reivindicar "un rescate energético" a los hogares y el "derecho a un suministro energético asequible y no contaminante".

En términos económicos, las cinco grandes energéticas del Íbex 35 (Enagás, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol) cerraron 2022 con unos beneficios netos conjuntos de 16.576 millones de euros, a los que se suman los 2.082 y los 562 acumulados de enero a septiembre por Cepsa (ajena al selectivo) y Red Eléctrica, que presentan sus cuentas la semana que viene, mientras las de la canaria DISA , que cerró 2021 con un rendimiento neto de cien, no están disponibles.

Las ganancias de Naturgy suponen un récord para la compañía, los de Repsol crecieron un 70% en relación con las del año anterior, los beneficios de Endesa lo hicieron en un 67% y los de Iberdrola aumentaron un 12%, aunque con una caída del 19% en España, en un contexto de caída del consumo tanto en el gas como en la electricidad y en medio de una espiral inflacionista en la que, obviamente, los precios tienen un peso fundamental.

De hecho, los precios de venta al público, ya sea este doméstico, industrial o institucional, son la causa básica que ha permitido a las compañías energéticas alcanzar unos rendimientos netos de prácticamente el 10% sobre su volumen de negocio, con unas ganancias limpias de 19.220 millones sobre una facturación de 199.263 (con las particularidades reseñadas) y tras pagar 7.915 en impuestos.

En este sentido, los datos de OMIE, el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad, reseñan cómo el precio medio del Mw.h (megawatio.hora) se mantuvo a lo largo del año pasado en una horquilla de los 132 a los 294 euros, superior incluso a la del ejercicio anterior (36/252) y estratosférica en relación con las de 2020 (25/49), 2019 (41/67) o 2018 (49/77). La situación es similar en el mercado del gas, en el que la tarifa regulada se consolida como el último refugio de precios asequibles para las familias.

"La pobreza energética va a derivar en un problema de salud pública"

Esos descomunales resultados y esos disparatados precios conviven con otras tres tendencias, o más bien respuestas, aparentemente lógicas ante el peculiar funcionamiento del mercado eléctrico: la habilitación de medidas tributarias especiales por parte del Gobierno para paliar la carestía, el establecimiento de gravámenes extraordinarios para financiarlas a costa de las empresas que se benefician de esos mecanismos y la reducción del consumo de luz y gas tanto por las empresas como por los hogares. 

"Hay dos grandes problemas. El consumo está bajando en el ámbito doméstico, que supone la tercera parte del total, y también entre los grandes demandantes de la industria y las pymes, y eso pone sobre la mesa que las empresas no están produciendo como lo hacían", señala Montero.

En este sentido, una reciente encuesta de CECU (Federación de Consumidores y Usuarios) cifra en el 43,5% el porcentaje de los hogares españoles que se encuentra en situación de pobreza energética, ya sea por no disponer de sistemas de calefacción o refrigeración "o porque no los ponen por miedo a la factura", anota.

"El problema de la pobreza energética, de no poder habitar de manera adecuada la vivienda, va a ser un problema de salud pública", anota Montero, quien apunta que "el otro gran problema es el precio de la electricidad, en la que baja el consumo y crecen los beneficios. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos estamos perdiendo?". 

Los datos oficiales del Gobierno cifran en una horquilla del 9,3% al 16,4% de los hogares españoles, es decir, entre 1,7 y 3,1 millones, los que no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada, los que no pueden hacer frente a los pagos en fecha o a los que el gasto en energía les resulta desmesurado.

Esos indicadores hacían referencia al año 2021, antes de que los precios de la electricidad, el gas y también la gasolina alcanzaran los desproporcionados niveles de los últimos meses.

Los niveles de demanda de luz más bajos de la década

En este sentido, los datos de Red Eléctrica, la empresa semipública que gestiona el transporte de esa energía hasta las redes de distribución de las compañías, sitúa en 250,4 millones de mw.h la demanda energética de 2022, el nivel más bajo de la década con la excepción del 2020, el año de los confinamientos y el parón de la actividad productiva y comercial.

Hay que retroceder a 2005, con un registro de 241,6 millones de mw.h, para encontrar un ejercicio con menor consumo de energía eléctrica en España.
La caída de la demanda de electricidad, del 2,4% (-6,1 millones de mw.h), resulta, no obstante, menor que la del gas, que Enagás, la empresa también semipública que gestiona la red de transporte, cifra en un 3,7% para situarla apenas un punto por encima del volumen del año de la pandemia.

Los gráficos de Enagás reflejan cómo a lo largo del año se registraron retrocesos superiores al 20% en la demanda de la industria y al 15% en la de las pymes, en ambos casos con el año 2019, el último de normalidad antes de la crisis sanitaria y de la derivada de las maniobras especulativas desatadas al socaire de la guerra de Ucrania.

Paralelamente, los datos de AOP, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, cifran en un 19,7% el descenso de la demanda de gas entre sus clientes, aunque con un aumento del 38,9% al mismo tiempo en los pedidos de este fluido destinados a la generación de electricidad.

Ese dato, que convive con otros como una mayor demanda (+6,2%) de combustibles de automoción a lo largo del año pasado, tiene bastante que ver con la subida de los precios de la electricidad, que alcanzan sus cotas máximas cuando entran en el sistema los kilowatios.hora producidos con tecnología gasista.

El informe de resultados de Iberdrola resulta especialmente significativo en este sentido al destacar cómo las centrales de ciclo combinado, es decir, las que funcionan con gas, fueron con un 61% las que mayor incremento de la producción registraron el año pasado en España, a mucha distancia de la solar (30%), la nuclear (4%) y la eólica (1%), y con el carbón en términos proporcionales similares (56%) aunque su participación en el sistema es prácticamente residual, inferior al 3%.

Esta compañía estima que "en 2022 la demanda desciende un 2,9% respecto al año anterior que, en términos ajustados por laboralidad y temperatura, se transforma en un descenso del 3,9%".

La recaudación del impuesto especial queda lejos de las previsiones

Ese encarecimiento del precio de venta al público de la energía ha provocado la condonación de más de 7.000 millones de euros a los hogares españoles mediante la rebaja de los impuestos que gravan la electricidad y el gas, a lo que se añade la rebaja de veinte céntimos por cada litro de hidrocarburos vigente en la segunda mitad del año. 

Para paliar los efectos de esas medidas en las arcas públicas, el Gobierno sacó adelante un gravamen especial sobre las grandes compañías energéticas y los principales bancos que se mantendrá vigente este año y el próximo y con el que Hacienda preveía recaudar 3.500 millones por ejercicio, aunque esas previsiones no van a cumplirse.

Las estimaciones previas apuntaban a una recaudación de 2.000 millones por ejercicio de las energéticas y otros 1.500 de la banca, aunque en la práctica la segunda apenas alcanzará los 1.200 mientras que las primeras se quedarán en el entorno de los 1.700, tal y como apuntan los ingresos del primer plazo, cuyo periodo de liquidación acababa el pasado lunes.

En el caso de las energéticas, Repsol estima que aportará 450, Endesa 400, Naturgy 300 e Iberdrola 200, lo que hace un total de 1.350 al que habría que sumar 360 de Cepsa, 64 de la canaria DISA y menos de veinte de Redeia.

Las otras dos energéticas del Íbex 35, Enagás y Solaria, quedan exentas de aportar el 1,2% de su facturación por tener unos beneficios anuales inferiores a los mil millones de euros, mientras que para los bancos el gravamen afecta al 4,8% de los ingresos netos por intereses y por comisiones siempre que sus beneficios netos anuales superen los 800 millones de euros.