El camino emprendido por el Gobierno para adoptar el modelo francés sin publicidad en la televisión pública dispone ya de una fórmula alternativa para financiar una inminente RTVE sin anuncios. El Ejecutivo trasladó ayer a la dirección de la corporación pública y a sus representantes sindicales los ejes del nuevo modelo de financiación de la cadena estatal.

La supresión de la publicidad -'drástica', según anunció Rodríguez Zapatero en abril- será total a partir de septiembre, según trasladó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al Consejo de Administración de RTVE y a sus trabajadores.
Pero esta reforma no sólo alterará sustancialmente el marco de financiación de la televisión pública, sino también sus contenidos, al limitar los más competitivos.

La propuesta del Gobierno permitirá a la corporación pública destinar únicamente el 10% de sus presupuestos a la adquisición de derechos deportivos y limitará también la partida que RTVE dedica a comprar derechos de emisión de cine en el mercado internacional, básicamente en el norteamericano.

Este nuevo modelo se aplicará, por tanto, en septiembre, según explicaron a Público fuentes conocedoras de ambos encuentros, aunque este apagón definitivo de la publicidad en la televisión pública podría adelantarse al 1 de julio, si se cumple la previsión apuntada desde la patronal de las televisiones privadas -la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca)-, asociación con la que se reunirá hoy la vicepresidenta para conocer de primera mano la propuesta del Gobierno.

El nuevo modelo de financiación de la televisión pública mantendrá la aportación estatal que percibe ahora -555 millones de euros para 2009- y se alimentará de la aportación de los operadores privados a través de tres fuentes: una tasa del 3% de los ingresos de explotación brutos de las televisiones comerciales; otra del 0.9% por el mismo concepto que se cargará a los operadores de telecomunicaciones; y un canon por la utilización del espacio radioléctrico que ya abonan los canales privados y que Hacienda destinará ahora, específicamente, a sufragar la televisión pública.

La suma de estos tres conceptos debería equivaler, según los cálculos que maneja el Ejecutivo, a la cantidad que ahora contrata RTVE en el mercado publicitario -700 millones de euros-.

Esta reforma se tramitará en el Parlamento desgajada de la Ley General Audiovisual que regulará el nuevo mapa del sector en España. Si se cumplen los plazos parlamentarios con la urgencia que desea el Ejecutivo, la reforma podría estar lista antes de que finalice el verano.

En este nuevo planteamiento para la televisión pública, el Ejecutivo descarta la supresión de empleos en RTVE, donde en la actualidad trabajan 170 personas relacionadas con la publicidad, comerciales que perderán sus atribuciones cuando la televisión pública elimine definitivamente los anuncios de su parrilla.

La fórmula planteada por el Gobierno reproduce de manera casi milimétrica la reforma iniciada en Francia en enero para compensar con la aportación de las privadas la supresión parcial de la publicidad ordenada por Nicolás Sarkozy para las cadenas públicas francesas.

Las televisiones privadas habían exigido al Ejecutivo en reiteradas ocasiones la supresión de la publicidad en todas las televisiones públicas -incluidos los canales autonómicos- como receta urgente frente a la caída del mercado publicitario derivada de la crisis. El esquema adelantado ayer por la vicepresidenta De la Vega no recoge, sin embargo, cambio alguno en el estatus de doble financiación que disfrutan las autonómicas.