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Singul, en junio, 16 años después de su primer juicio. - M. FERNÁNDEZ

Cómo puede saberse si un preso va a reincidir? ¿Hasta qué punto se puede prever la conducta de una persona que ya ha delinquido? Criminólogos, psicólogos y expertos en sistemas penitenciarios suelen responder a estas preguntas con una máxima: el riesgo cero no existe. Para minimizarlo, la Generalitat de Catalunya presentó ayer un programa pionero en España de control del riesgo de reincidencia. La nueva herramienta, denominada Riscanvi, permitirá evaluar con mayor exactitud las necesidades de tratamiento de los internos y aumentará en siete puntos del 67 al 75% la fiabilidad de las predicciones de los profesionales.

La consellera de Justícia, Montserrat Tura, destacó que con el nuevo sistema, se evalúa a los internos desde el primer día y se recomiendan tratamientos específicos en programas trimestrales. Estos pretenden ajustarse más a las necesidades de cada reo que los cursos anuales que se impartían hasta ahora cuando se acercaban al final de la condena. Además, este modo de evaluación se aplica a todo tipo de presos y no sólo a aquellos penados por delitos de

El Riscanvi monitoriza a los internos a partir de 53 criterios variables, que van desde la edad del primer delito hasta el número de víctimas. Asimismo, pone especial atención en los factores dinámicos: posibles recaídas en la drogodependencia, cambios en la situación sentimental o familiar y problemas laborales, por citar algunos. Estas variables son especialmente importantes durante el tercer grado, cuando los internos vuelven a estar en libertad.

Trabajo de campo

El Riscanvi está inspirado en el programa que se usa en Gran Bretaña desde los años noventa. Esta versión incluye un trabajo de campo realizado el último año con 900 presos, lo que aporta una base científica a la literatura ya existente sobre el tema. Esta nueva herramienta es pionera en Europa en lo referente a violencia dentro de las prisiones y anticipa posibles intentos de suicidio o de autolesiones. El programa funcionará en los centros catalanes a pleno rendimiento en abril de 2010, una vez se hayan formado unos 700 profesionales.

La utilidad de este sistema será doble. Por una parte, mejorará el tratamiento a los reclusos para rehabilitarles; por otra, afinará más a la hora de valorar su peligrosidad para decidir sobre cuestiones como el régimen abierto o los permisos penitenciarios. Ello podría atenuar el debate que se da fuera de las prisiones ante casos como el de Alejandro Martínez Singul, el tristemente conocido como el segundo violador del Eixample.

En libertad sin estar rehabilitado

Singul, de 42 años, entró en prisión a los 25 por cinco violaciones, cinco agresiones sexuales y cuatro más en grado de tentativa. En mayo de 2007, tras 16 años, volvió a ser libre. No estaba rehabilitado, advirtió la Fiscalía. Un año después, fue detenido por exhibicionismo y cumplió nueve meses en Francia. Este marzo fue detenido por una supuesta agresión sexual de la que fue absuelto; hace dos semanas, fue condenado por dos intentos de agresión en una sentencia que la Audiencia debe ratificar.

A pesar de que los estudios indican que los agresores sexuales reinciden sólo en un 5,8% de los casos frente al 37% de media de todos los delitos,casos como el de Martínez Singul reabren cíclicamente el debate: ¿qué puede hacerse con los violadores no rehabilitados?

Público ha trasladado esta pregunta a diferentes expertos y la respuesta ha sido unánime: la solución sería la libertad vigilada. Esta fórmula no se entiende como control policial, sino como un método de asistencia social que se lleva a cabo una vez cumplida la pena fijado ya en la sentencia.

"Debería hacerse durante dos o tres años una vez el agresor ha cumplido la condena y sólo en casos de alto riesgo", sostiene el criminólogo Santiago Redondo. "Su aplicación pasa por crear pequeños centros donde psicólogos, educadores y trabajadores sociales supervisan a la persona, y tienen un cuidado informal y periódico sobre ella", añade convencido de que "el control más fuerte de las personas son los vínculos positivos, con gente que les quiere y les apoya".

En estos servicios deberían trabajar una decena de profesionales velando por la situación emocional, laboral, familiar y las posibles drogodependencias de los agresores. Rafael Torrubia, profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universitat Autònoma de Barcelona, se muestra favorable a la propuesta: "La sociedad debe protegerse de personas que sabe que son peligrosas. Todo lo que sea hacer un seguimiento de quienes presentan riesgo de reincidencia, si legalmente es posible y se respetan sus derechos, es muy positivo".

La medida, que exige un cambio del Código Penal para aplicarse, funciona con éxito en Canadá, la referencia mundial en rehabilitación. Pero la legislación es más dura en otros países. En Alemania, según informa Guillem Sans Mora, los presos por estos delitos que no están rehabilitados prorrogan su estancia en la cárcel por una orden judicial que puede llegar con la sentencia o durante la reclusión.

Asimismo, los jueces pueden ordenar en la sentencia que el violador haga terapia una vez cumplida la condena mediante una fórmula similar a la libertad vigilada. "Si el ex recluso no lo hace, comete un nuevo delito", señala el jurista Tillmann Bartsch. En el Reino Unido, los agresores no rehabilitados ingresan en centros donde están privados de libertad a la espera de que un juez dicte su libertad.

La fórmula civilizada

Los expertos señalan que la prolongación de penas cumplidas difícilmente llegará a España. Joan Carles Navarro, director de la prisión de Brians 1, explica que "lo que se hace en Alemania no es posible aquí porque son tradiciones jurídicas muy diferentes". Este psicólogo experto en rehabilitación añade que la libertad vigilada sería "muy conveniente". Por su parte, Santiago Redondo insiste en que esta fórmula de vigilancia de conducta es "humana, técnica y razonable". Además, recuerda que "mantener una plaza de prisión cuesta al año 23.000 euros y crearla, 100.000".

La propuesta ya fue solicitada por la Comisión Mena ante el Congreso. La Generalitat da su visto bueno a este apoyo a los agresores, que en la actualidad se presta durante el tercer grado. En España, ya hay tutela profesional para los menores una vez acabada su reclusión, así como apoyo a los violadores que piden seguir con su terapia tras cumplir su condena. Fuentes del Ministerio de Justicia admitieron que "no tiene sentido que la terapia acabe justo cuando más la necesitan, que es cuando quedan en libertad". Sin embargo, el Ministerio no se plantea aplicar esta medida a corto plazo.

Si es condenado, Martínez Singul quedará de nuevo en libertad en 2011. Tal vez entonces se busquen otras soluciones.