'Delirio', 'mentira de distracción masiva' o 'conspiración como la del 11-M'. Los grupos parlamentarios, reunidos en sesión extraordinaria de la Diputación Permanente del Congreso, han coincidido en censurar al PP y sus denuncias sin pruebas de 'escuchas ilegales' por parte del Gobierno.

Como era previsible, el PP no ha logrado que la Diputación Permanente del Congreso apoye sus peticiones de comparecencias urgentes de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para explicar la supuesta 'persecución' política del Gobierno a este partido.

La mayoría de los grupos han votado en contra de las solicitudes del PP, que incluían también la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a excepción de CiU y PNV, que se han abstenido, al igual que NaBai en el punto relativo a Rubalcaba.

Soraya Sáenz de Santamaría, en nombre del PP, ha vinculado esta supuesta 'persecución' política —la portavoz parlamentaria del PP no ha mencionado las palabras escuchas o espionajes— con el 'temor' del Gobierno ante el hecho de que 'su propia incapacidad de gestionar con eficacia' la crisis 'se traduzca en un duro castigo electoral'.

'Cuando el Gobierno fracasa, el paro crece, la crisis se hace endémica, la gestión hace agua y se le tuercen hasta las buenas intenciones, a nuestro Gobierno le resulta más rentable echar mano del manual de acoso a la oposición', ha incidido.

En el caso del PP, el 'modus operandi', según Sáenz de Santamaría, es: 'Se detiene, se esposa y se exhibe a los imputados en 'prime time', ante los medios de comunicación previamente convocados, y se les retiene hasta el límite constitucional de las 72 horas'.

Después, en la mayor parte de los casos, 'la única pena a la que han sido condenados ha sido a la pena del telediario', ha ironizado.

Por contra, de los 61 casos abiertos en los que están involucrados dirigentes del PSOE, en 37 continúan todavía las actuaciones; 'eso sí -ha agregado-, sin esposas, sin filtraciones, sin medios de comunicación'.

Con todo, ha querido dejar claro la confianza del PP en la Justicia y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que 'se limitan a hacer su trabajo' y a 'obedecer órdenes'.

Refiriéndose a la comparecencia concreta de la vicepresidenta, ha señalado que su intención era que explicase 'por qué ordenó desde Costa Rica' que la Fiscalía recurriera el archivo del caso contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha dicho que las denuncias del PP sobre escuchas ilegales y persecución a este partido son un 'conjunto de inventos, insidias y mentiras'.

Alonso ha añadido que el PP busca ahora información que acredite 'la sarta de barbaridades que se han pasado diciendo todo el verano'.

Para el portavoz del PSOE, el PP no va a conseguir que nadie se crea sus denuncias porque los españoles saben que España vive 'en una democracia consolidada donde funciona la división de poderes' y se respeta el trabajo de los jueces, que son 'independientes'.

A su juicio, lo que busca el partido de Mariano Rajoy con esas 'insidias, inventos y mentiras' es conseguir un territorio de 'impunidad' para una serie de personas vinculadas a este partido acusadas de manera 'seria' y con indicios 'objetivos' de casos de corrupción que 'afectan a la credibilidad del PP'.

Igualmente, según Alonso, el PP busca con su estrategia que se 'hable de una falsedad', al denunciar la persecución a este partido, 'para que no se hable de lo que sí es cierto, que son 'los casos de corrupción' que le afectan.

Por CiU, el diputado Jordi Jané ha anunciado la abstención de su grupo, se ha quejado del 'clima de bronca' con el que se reanuda la actividad parlamentaria y ha emplazado al PP a trasladar sus denuncias a los tribunales.

Desde el PNV, su portavoz, Emilio Olabarría, ha indicado que su grupo se abstendría a pesar de considerar el debate de una naturaleza 'un tanto esotérica', aunque ha asegurado que si el PP aportara una 'sola prueba' incluso apoyarían la creación de una comisión de investigación.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, ha señalado que no apoyarán las peticiones del PP al considerar que sus denuncias constituyen una estrategia de 'defensa' ante el 'cerco de sospechas' sobre corrupción que afecta, ha dicho, a este partido, y van camino de convertirse en una 'paranoia casi tan delirante como la trama del 11-M'.

Por su parte, el portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha justificado su voto en contra porque no quiere que 'la mentira de destrucción masiva, poco creíble e indemostrable' del PP se convierta en un 'delirio de persecución', ya que no ha podido presentar un mínimo de indicios que acrediten sus denuncias.

Francisco Jorquera, por el grupo mixto, ha votado en contra de las tres peticiones del Partido Popular por entender que obedecen a una estrategia del PP para levantar una 'cortina de humo' cuyo único objetivo es 'tapar los escándalos' que le afectan.