Seiscientos mil parados, 30.000 alumnos en barracones y un gobierno maniatado por la corrupción y gestionado por un partido, el PP, que se vanagloria de que sus listas las encabecen imputados por la justicia. Un panorama digno de seísmos sociales, pero que en una parte muy representativa de la sociedad valenciana apenas provoca un leve encogimiento de hombros. ¿Por qué? Es la pregunta que desde hace años se realizan numerosas entidades progresistas del País Valencià. Ayer, horas antes del inicio de la campaña, una decena de sus dirigentes más destacados presentaron públicamente un manifiesto en el que instan a la ciudadanía a indignarse y a votar.

El escrito supone una reedición del espíritu de 'Ja en tenim prou' (Ya basta), movimiento que surgió al calor de estas mismas asociaciones hace cuatro años y que desembocó en un vídeo denuncia contra Camps similar al 'Hay motivo' de 2004, que potenció la candidatura de Zapatero. El PP intentó prohibirlo, aunque el documental no erosionó su poder, como tampoco le pasó factura la unidad de los partidos a la izquierda del PSPV-PSOE bajo la marca Compromís. El PP venció y aumentó su mayoría. Y a muchos ciudadanos se les incrustó el '¿Por qué?' en la boca.

'Nos sentimos perseguidos', denunciaron desde Salvem el Botànic

Manuel Alcaraz, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Alicante e impulsor del manifiesto, cree que la derecha lo ha hecho muy bien y la izquierda muy mal. 'El PP ha creado un modelo basado en el turismo de masas, los grandes acontecimientos y el urbanismo y ha conseguido que la ciudadanía lo identifique con la idea de progreso'. Y frente a eso, 'la izquierda carece de alternativa y además vive ensimismada en el debate de sus esencias', según Alcaraz.

Este autismo a rachas de las formaciones políticas ha dejado en manos de asociaciones y plataformas un papel de verdadera oposición. Y el PP ha visualizado en ellas el enemigo a batir. 'Nos sentimos perseguidos', expresó ayer Alfons Álvarez, de Salvem el Botànic, para quien Camps se ha empleado con contundencia en contra de la sociedad civil crítica. La última legislatura está sembrada de ejemplos: el apagón de TV3 y las multas a Acció Cultural, el estrangulamiento económico de sindicatos críticos o la criminalización de asociaciones como Salvem el Cabanyal, que se opone a la destrucción del barrio de pescadores de Valencia. 'Nos hemos curtido tanto que de esta mesa podrían salir los consellers del futuro gobierno valenciano', apuntó Antoni Gisbert, de Acció Cultural.