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PSOE y PP no logran más votos para su reforma constitucional

La izquierda minoritaria y los nacionalistas se niegan a apoyar la inclusión del déficit en la Constitución. CC y UPyD votan en contra y sólo UPN apoya el cambio

MIGUEL ÁNGEL MARFULL

'Me he ido en espíritu con mis compañeros y he dejado mi cuerpo para vetar las transacciones de PPSOE [sic] y CiU en justa correspondencia'. El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, resumió en esta entrada de su cuenta de Twitter la primera crónica tras la sesión con la que el Congreso blindó ayer en la Constitución el mandato contra el déficit impulsado por PSOE y PP. Aun telegráfica, su síntesis de parte condensó un debate en el que el David de las minorías supo sembrar de piedras el paseo parlamentario que preveía el Goliat de socialistas y conservadores.

La reforma constitucional que limita la capacidad de endeudamiento público acordada en 48 horas por PSOE y PP partió hacia el Senado para su aprobación el miércoles en pleno con una larga estela polémica, y tras un accidentado debate cuajado de pasos en falso y amagos de acuerdo.

Llamazares (IU) tumba con su veto el intento de pacto de PSOE y PP con CiU

Sin tacha aritmética, socialistas y conservadores, unidos a los dos escaños de UPN, reunieron 316 votos, superando con creces la barrera de tres quintos de la Cámara 212 escaños requerida para sacar adelante la reforma. Aunque numéricamente avasallador, el resultado se vio empequeñecido por el desplante cualitativo del resto de formaciones. CiU y PNV se mantuvieron en sus escaños pero no votaron. IU-ICV, ERC, BNG y NaBai salieron del hemiciclo como forma de protesta por las formas exhibidas en la tramitación de la iniciativa. En total, 29 votos se contabilizaron en las actas como 'ausentes'.

Cinco diputados se pronunciaron en contra: dos de CC, dos del Grupo Socialista aunque uno de ellos por un inocuo despiste y uno de UPyD. Así, por acción u omisión, la oposición dio la espalda a la reforma, negándose a probar los postres después de no ser invitada a los platos principales.

'Lo que mal empieza, mal acaba', resumió el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, cortejado por socialistas y conservadores en el intento de sumarle a su mayoría para emular por la mínima el consenso que fraguó la Constitución en 1978.

'Lo que mal empieza mal acaba', concluye el portavoz del Grupo Catalán

Con carreras incluidas, PSOE y PP se afanaron por conquistar la voluntad de CiU. Intercambiaron notas manuscritas, mensajes en el iPhone de Duran y reuniones exprés a pie de escaño. Socialistas y conservadores no escondieron cierta apariencia de desesperada necesidad por lograr un acuerdo a cambio de suavizar el rechazo de CiU.

Finalmente, tras una larga coreografía de idas, venidas y prisas, las tres formaciones acordaron in extremis dos iniciativas dos enmiendas transaccionales que fueron leídas ante el pleno facultando a los parlamentos autonómicos para solicitar al Congreso autorización para superar el límite de déficit en casos 'excepcionales'. Con esta fórmula, el Grupo Catalán arañó a socialistas y conservadores un tibio matiz autonomista. La modificación, sin embargo, no habría de ver finalmente la luz.

IU agrió el intento, impidiendo con su veto que pudiera votarse estas iniciativas. Puesto en pie en su escaño, Llamazares anuló el acuerdo a tres bandas cerrado por PSOE, PP y CiU. 'Esto es una tomadura de pelo', proclamó cuando se informó al pleno de la existencia del acuerdo.

'Su señoría tendrá la palabra cuando se la dé', atajó el presidente del Congreso, José Bono, silenciando su queja. Mientras, el resto de la oposición preparaba su plante. Las minorías de izquierda, de pie en sus escaños. Los nacionalistas mayoritarios, cruzando ostensibles los brazos para hacer visible su intención de no pulsar el botón de las votaciones.

El exlíder de CCOO, del PSOE, vota contra la reforma pactada con el PP

'Para quienes deseen ausentarse, este es el momento', pastoreó Bono. No se dejaron. Los diputados de NaBai, BNG, ERC y la portavoz de ICV abandonaron relajados su espacio en el hemiciclo y abandonaron la Cámara.

Con ellos se marchó el 'espíritu' de Llamazares, acodado en su escaño y convertido en embajador de la protesta de las minorías. El rechazo de un solo diputado puede tumbar una enmienda no registrada, anunciada in voce al pleno durante el debate. Llamazares se sirvió de este derecho para frenar la tramitación de las dos iniciativas cerradas a la carrera por PSOE, PP y CiU.

Cumplido su objetivo, el portavoz de IU abandonó su escaño buscando la salida. No lo logró, ya que las puertas del salón de sesiones se cierran en cada votación. 'Debemos mantener la calma. El señor Llamazares no va a poder salir', sofocó Bono el alboroto de aquellos parlamentarios más atentos al forcejeo del diputado con la puerta que a la propia votación.

Reabiertas las puertas, el presidente del Gobierno personalizó en el diputado de IU la sesión: 'Ha sido un problema de Llamazares', resumió al abandonar la Cámara. 'No ha sido posible' el acuerdo con CiU, deslizó, airando al portavoz catalán, que se desdijo del compromiso arruinado por IU: 'Aunque no hubiera vetado las transacciones técnicas de PSOE y PP, CiU no hubiera variado su intención de no participar en la votación final de la reforma', aseguró Duran.

No habrá tiempo de comprobarlo. 'El proceso de acuerdo nos hubiera gustado. Lo hemos buscado y no ha sido posible. Por lo tanto, ya no veo ámbitos para alcanzar un acuerdo', admitió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo, José Blanco, informa Elena Herrera.

Tres diputados del PSOE optaron por no acudir al pleno como protesta 

Ajeno a este duelo contra el reloj, el líder del PP, Mariano Rajoy, se dijo 'muy contento' con una reforma que 'viene muy bien para mejorar la confianza en España'. Ahí acabaron los parabienes. El segundo cambio constitucional acometido en democracia se aprobó con nueve votos menos que el texto nacido en 1978 y verá la luz sin referéndum. La posibilidad de que escaños socialistas se sumen al intento del resto de la izquierda de forzar una consulta es necesario el aval del 10% de los parlamentarios, 35 en el caso del Congreso es remota, a pesar de persistir un bloque discrepante dentro del PSOE.

Esta contestación se encarnó ayer en Juan Antonio Barrio y José Antonio Pérez Tapias, de Izquierda Socialista y Manuel de la Rocha, muy ligado a la UGT, que faltaron al pleno para escenificar su rechazo y en el voto negativo de Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CCOO adscrito al Grupo Socialista.

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