La represión de los manifestantes el pasado 25 de septiembre durante la convocatoria para rodear el Congreso de los Diputados en Madrid y las posteriores cargas policiales en la Estación de Atocha son el ejemplo más gráfico de que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere atajar a toda costa y por cualquier medio toda expresión de protesta contra los recortes. Las detenciones sin motivos, las identificaciones aleatorias y la criminalización de los manifestantes son el mejor antídoto para difundir un mensaje: si no participas en las concentraciones no pasará nada. 

El caso de Madrid es el caso de Barcelona o Valencia. Pero también el de otras ciudades europeas donde las autoridades políticas están permitiendo el exceso de las fuerzas de seguridad para imponer la austeridad a base de golpes. La ONG Amnistía Internacional (AI) denuncia en su último informe varios ejemplos concretos de abusos policiales en España, Grecia y Rumanía durante manifestaciones contra los recortes y la ligereza con la que sus mandos y los respectivos gobiernos están actuando cuando se trata de perseguir, investigar e identificar a los responsables de esos ataques a manifestantes.

'Cuando se producen estos casos de uso excesivo de la fuerza, a pesar de las denuncias, no ha habido investigaciones ni castigos porque no ha sido posible identificar a los agentes', reclamó en una rueda de prensa Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de AI en España, quien además hace hincapié en la utilización inadecuada que hacen los agentes de los materiales antidisturbios. 'Desde Amnistía entendemos que la Policía es la encargada de mantener el orden público y que esta no es una tarea fácil, pero deben respetar los estándares europeos [...] Los gobiernos deben dejar de recurrir a la fuerza si no es estrictamente necesaria y llevar las investigaciones de los abusos policiales hasta el final', exige.

'Nos preocupa que se esté intentando limitar el derecho de manifestación', dice Virginia Álvarez, responsable de política interior de AI cuando se refiere a las cargas policiales en las manifestaciones en España. Desde la organización insisten en la necesidad de crear un protocolo que regule las actuaciones de los antidisturbios durante este tipo de eventos y piden que se forme a los agentes en derechos humanos.

La idea que trataban de hacerme ver era que 'si no hubiera estado allí, no me habría pasado nada' 'Hemos solicitado información al Ministerio de Interior sobre los disturbios en la Plaza de Catalunya de Barcelona el 29 de marzo y el 25 de septiembre en Madrid y hemos recibido la callada por respuesta. En el caso del 25-S enviamos una carta al ministro Fernández Díaz y exigimos una investigación independiente de la actuación de la Policía el 25-S y los policías de paisano en los alrededores del Congreso, así como de los acontecimientos en la estación de Atocha, donde además de las agresiones a viajeros y a un periodista se puso en peligro la vida de las personas que estaban en los andenes', denuncia Álvarez.

Gabriel Jiménez, uno de los detenidos el 25-S, explicó cómo fue arrestado por la fuerza sin causa aparente, cómo se le negó la asistencia médica en reiteradas ocasiones pese a tener una brecha en la cabeza y denunció que la Policía le colocara tres piedras en la mochila y presentara un parte de lesiones de un agente al que supuestamente había herido. En el trayecto desde la comisaría de Moratalaz hasta el hospital Gregorio Marañón para que le cerraran la herida, los agentes le insistieron en la idea de que 'si no hubiera estado allí, no me habría pasado nada' y en que 'esto me servía para quedarme en casa la próxima vez'.

'El 25-S acudí a una convocatoria pacífica y en realidad era una convocatoria violenta por los mensajes con los que políticos y varios medios calentaron el ambiente', dijo.

'La pregunta que me surge es que si la Policía está para protegernos, quién nos protege a nosotros de la Policía', explica Paloma Aznar, periodista que lleva años documentando los heridos por impacto de las balas de goma en las actuaciones policiales. Aznar denuncia las presiones 'cada vez mayores' que sufren los profesionales de la información a la hora de hacer su trabajo en estas protestas y puso como ejemplo la agresión que sufrió en la calle Carretas durante las concentraciones en contra de la visita del papa a Madrid en agosto de 2011.

Aznar explicó que cuando vio a dos agentes golpear a una chica 'me acerqué con la cámara porque pensé que así pararían y al final también me pegaron a mi. Cuando quise presentar la denuncia un policía nacional me dijo que no iba a llegar a ninguna parte y así ha sido, la demanda ha sido archivada'.

'Si yo voy a una manifestación en Israel sé que corro un riesgo. Otra cosa es que aquí se esté atacando a la prensa porque es prensa [...] El casco se está empezando a convertir en una herramienta más de trabajo para los periodistas pero no estamos en Homs, estamos en Madrid', se queja. Aznar además ha ido recopilando el número de heridos por el impacto de las balas de goma de los antidisturbios en la última década. Según la periodista, ha habido más de 50 heridos graves en los últimos diez años, 23 han perdido un ojo, y tres han muerto. 

AI repasa en su informe el caso del periodista griego Yannis Kafkas, que fue agredido con un extintor durante una manifestación en Atenas en mayo de 2011 y después apaleado por varios antidisturbios. Pasó 20 días en el hospital y tuvo que ser operado. Aún sufre mareos por las heridas sufridas en la cabeza y tiene problemas de movilidad en el brazo izquierdo. Un mes más tarde, el también periodista Manolis Kypreos perdió la audición en los dos oídos después de que un agente le lanzara una granada paralizante. Pasó por el quirófano y sólo recuperó parcialmente uno de ellos.

'Mostré a los policías que era periodista y miembro del Sindicato de Periodistas. Tras insultarme, ordenó a otro agente que me arrojara una granada paralizante. Salté literalmente hacia atrás. Pensé que estaba muerto', explica en el documento publicado este jueves. En ambos casos, las investigaciones y procesos judiciales contra la Policía no han ido a ninguna parte.

El informe habla también de los casos de Andrei Ristache y su padre Augustin en Bucarest (Rumanía), que fueron rodeados por un grupo de agentes que los golpearon sin motivo cuando estaban volviendo a su casa después de una manifestación. Se les negó el acceso a la asistencia sanitaria en el momento y las denuncias por la paliza de los agentes, debidamente documentadas con partes médicos en los que se certifican contusiones y traumatismos craneales, no fueron atendidas.

Amnistía publica en su informe una serie de recomendaciones para los países de la Unión Europea que se resumen en cinco puntos:

- Tomar las medida necesarias para impedir el uso excesivo de la fuerza

- Cumplir en todo momento las obligaciones internacionales

- Garantizar que se llevan a cabo investigaciones con prontitud

- Garantizar que se inician procedimientos disciplinarios contra los agentes que hagan uso excesivo de la fuerza

- Proporcionar reparación adecuada a las víctimas

La ONG está promoviendo también una ciberacción a través de su página web, en la que propone rellenar nu formulario para enviar una carta al ministro Fernández Díaz exigiendo el fin de los abusos policiales.