Hace poco más de una semana que los funcionarios de Justicia decidieron poner fin a más de dos meses de huelga. Pero sobre sus mesas de trabajo todavía quedan miles y miles de carpetas, sobres y documentos por tramitar. Pactado con el Ministerio el aumento de la retribución mensual en una reunión de 17 horas, sindicatos y Administración comienzan ahora una nueva etapa de reuniones que llevarán a acordar de qué manera se agilizará el trabajo, cómo se conseguirá sacar del embudo los miles de casos que esperan que la Justicia actúe.

Entre los miles de ciudadanos que han visto mermados sus derechos y han resultado damnificados por la paralización de la Justicia, los hay que han conseguido solucionar su situación, pero los procesos de una amplia mayoría siguen parados.

Desde que el pasado 4 de febrero los funcionarios de Justicia de Asturias, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, decidieran ponerse en huelga, la casuística de afectados que han ido dejando a su paso es variopinta: novios que han dado sus banquetes de boda sin estar casados legalmente, recién nacidos sin inscribir en el registro civil, y personas a quienes no se les ha asignado un médico. El abanico de daños ha alcanzado también al ámbito laboral, por ejemplo, con trabajadores despedidos que han tenido que esperar los dos meses para poder reclamar el subsidio del paro.

Algunos de estos afectados han explicado a Público el 'calvario' al que les ha llevado la huelga de los funcionarios de Justicia. Ahora, resta esperar a que los problemas que les ha provocado el paro se resuelvan pronto.

Debería haber obtenido la nacionalidad española el pasado mes de marzo, pero la huelga de Justicia la demorará otros cinco meses. Silvia Peri es argentina y está casada con un español. Lleva ya cinco años en nuestro país, pero los trámites para conseguir la nacionalidad española están resultando complicados. “Son muchos los requisitos, necesitas un salario, una residencia fija... y a mí me ha llevado tiempo reunirlos todos”, dice.

Silvia esperaba, para estas fechas, ser ciudadana española. Pero no ha podido ser. La huelga ha retrasado el trámite. “Me dicen que tendré que esperar otros cinco meses”, se lamenta.

El principal problema de Silvia es que, sin tener la nacionalidad, no se puede presentar a oposiciones. Es licenciada en Ciencias Biológicas y doctorada en Ciencias Ambientales, pero le falta ese único requisito. El Principado de Asturias ha ofertado 39 plazas de técnico especialista en laboratorio, pero a Silvia no le dará tiempo a presentarse. “Ahora hago trabajos puntuales, pero la única salida que veo para tener un empleo estable son las oposiciones”. Este año no será posible.

Ana Casas lleva seis años luchando por comprar un piso con 70 propietarios. Tuvo que convencerles uno a uno de que le vendieran su parte. Lo consiguió y el juzgado falló a su favor, pero el funcionario que redactó la sentencia se equivocó y se olvidó de incluir los nombres de dos de los dueños del inmueble. Por culpa de este error, Ana necesitaba notificar de nuevo la situación a estos dos los propietarios. Pero se topó con la huelga.

Al principio, los responsables del juzgado de Valladolid no querían ayudarla, pero fue persistente y después de mucho luchar consiguió que uno le atendiera. “Me dejó bien claro que lo hacía porque quería, pero después de conseguir que preparara la notificación me dijo que por la huelga no iba a llegar a los destinatarios”. A Ana le tocó localizar a estas personas y pedirles que se pasaran otra vez por el juzgado “y acabé discutiendo con una señora de noventa y tantos porque ya era la segunda vez que le pedía lo mismo”.

Por fin, el primer día después de la huelga pudo retirar la notificación pero reconoce que “esto ha sido un desastre y ha afectado a muchas personas”.

Un total de 107 prejubilados de Mina La Camocha aún no han podido cobrar los complementos que se les deben. Su caso comenzó en los juzgados de Gijón, siguió en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y llegó al Tribunal Supremo. Los tres les han dado la razón.

La sentencia del Supremo data del 4 de diciembre del año pasado, pero es necesario que los autos lleguen a Gijón para que se haga efectivo el aval y puedan cobrar el dinero que la empresa les adeuda. “Los abogados calculaban que estarían aquí en febrero”, dice Eladio F. Zapico, el representante de los prejubilados, “pero ya estamos a mediados de abril y aún no sabemos nada”.

La cantidad oscila entre los 350.000 y los 400.000 euros, unos 3.500 por persona. “La Camocha nos debe este complemento de jubilación desde el año 2002”, recuerda Zapico. Para ellos, cobrar esas cantidades no es sólo una cuestión económica, es además una victoria moral.

“También están los prejubilados de 2003, de 2004... Todo está parado”, añade Zapico. Cada caso está en una fase, y ninguno ha avanzado desde el pasado 4 de febrero.

Sandra Sanbruno trabaja para una empresa de limpieza desde hace tiempo, fregando las escaleras y los ascensores del edificio Torre de Mallorca en Palma. Tuvo a su bebé, prematuro, el 25 de febrero, y no lo pudo inscribir en el Registro Civil hasta pasados 30 días, justo el último día del límite permitido. “Te daban de máximo entre 23 a 30 días, y a mí me tocó el último. No pude pedir la ayuda del cheque bebé, ni arreglar los papeles para cobrar de la Seguridad Social por mi baja de maternidad, ni llevar al bebé al médico”, dijo. Sandra reconoce haber pasado apuros económicos y momentos de desespero. Hace 20 días registró a su bebé y aún no ha cobrado el cheque por su nacimiento. Su pareja estuvo en paro hasta hace poco.

Alfonso (nombre ficticio) estaba en órden de búsqueda y captura, por falsificar matrículas de coches. Su abogado le aconsejó que se entregara a la Justicia, en Extremadura. Y fue a un juzgado de guardia. Pero un funcionario le dijo que no podía atenderle porque no entraba en los servicios mínimos, explica su abogado. “¡Menos mal que no era un asesino!”, se queja el letrado, que no da su nombre por guardar el secreto profesional.