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El bienestar, acotado para los de 'fuera'

"Primero los de casa". El lema de la formación xenófoba Plataforma por Catalunya y sus buenos resultados municipales han calado en Catalunya

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'Primero los de casa'. El lema de la formación xenófoba Plataforma por Catalunya y sus buenos resultados municipales han calado en Catalunya. La derecha política se ha agarrado a la crisis con el objetivo de limitar el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos. Becas de comedor, ayudas a los padres o la sanidad pública están en el punto de mira. De momento, la derecha catalana no exige la exclusión, sino un tiempo mínimo en el padrón para que los recién llegados accedan a las ayudas.

El PP está abanderando el discurso xenófobo y el mayor exponente es el alcalde de Badalona, el conservador Xavier García Albiol. Tras vincular inmigración y delincuencia, y asegurar que 'hará la vida imposible a los recién llegados hasta que se vayan', Albiol apuesta ahora por imponer siete años de residencia como condición para poder acceder a las ayudas y las subvenciones del municipio barcelonés.

Se trata de una receta similar a la que sigue el Ayuntamiento de Reus, gobernado por CiU y PP. El nuevo ejecutivo municipal, liderado por Carles Pellicer, ha modificado los criterios para acceder a las ayudas de comedor de las escuelas públicas de infantil y primaria. Ahora exigirá que los padres puedan acreditar dos años de padrón en el municipio. Si no, los pequeños no podrán optar a la ayuda económica.

La ofensiva para evitar que los recién llegados accedan a los servicios públicos se ha extendido a gran parte de los ayuntamientos liderados por CiU y PP. El alcalde de Vic, el convergente Josep Maria Vila d'Abal, ya hace años que apuesta por negar el empadronamiento a los inmigrantes sin papeles, lo que equivale a dejarles sin servicios básicos.

Las exigencias a los inmigrantes van más allá del ámbito municipal. El Govern catalán estudia la posibilidad de negar la tarjeta sanitaria a los que no puedan acreditar seis meses de residencia, y la renta mínima de inserción, de 420 euros, a los residentes de menos de dos años.