El Consejo de ministros aprobó ayer un acuerdo por el que se faculta al abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, para actuar en el recurso presentado por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El acuerdo en sí, sólo significa que este asunto lo llevará el jefe de los Servicios Jurídicos del Estado y no el representante de este cuerpo que habitualmente actúa ante el alto tribunal, pero teniendo en cuenta los antecedentes, parece un primer paso para que el Gobierno presente las anunciadas recusaciones de los magistrados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, y así cambiar el estado de fuerzas que se ha producido en este procedimiento.

El recurso del PP contra la reforma de la ley reguladora del alto tribunal, que entró en vigor el pasado 26 de mayo, se dirige contra la prórroga del presidente y vicepresidente del Constitucional, mientras sigan siendo magistrados, y que el Senado elija a los que les corresponde a propuesta de los Parlamentos autonómicos.

La Abogacía del Estado no puede hacer nada de momento, porque el recurso del PP aún no ha sido admitido a trámite. Apostar a que lo será no resulta nada arriesgado. Es una impugnación que no presenta mucha dificultad en este aspecto y el grupo de magistrados considerado afín a las tesis conservadoras cuenta con la presidencia en funciones de Vicente Conde, que ya usó el voto de calidad que le confiere el cargo para aceptar las abstenciones de la presidenta, María Emilia Casas, y del vicepresidente, Guillermo Jiménez.

Sin oficializar

A pesar de saberse desde finales de septiembre que tanto Casas como Jiménez quedarán apartados -como ellos mismos solicitaron- de la resolución del recurso del PP, el Pleno del Constitucional aún no se ha pronunciado oficialmente a través del correspondiente auto. El pasado lunes el texto propuesto por el magistrado ponente, Pablo Pérez Tremps, volvió a ser rechazado para que incluya argumentos propuestos por el sector mayoritario. Cuando los 10 magistrados que componen el Pleno se den por satisfechos con la redacción final de una resolución, empezarán a discutir la admisión a trámite del recurso en sí.

Una vez cumplido este requisito, el Gobierno, a través del abogado del Estado, decidirá si recusa o no a los magistrados que se pronunciaron en contra de la prórroga de mandato de Casas antes de que fuera impugnada por el PP. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha afirmado en reiteradas ocasiones que si el Gobierno encuentra motivos, actuará contra estos magistrados, aunque todavía no hay decisión tomada.

Pleno de ocho

Si finalmente el Ejecutivo recusa a García-Calvo y Rodríguez-Zapata, el Pleno quedará formado sólo por ocho magistrados para resolver el recurso del PP contra su ley reguladora. Por eso el Constitucional siempre insiste en el carácter excepcional de las recusaciones de sus miembros, porque altera su composición.