'No se ha podido acreditar que el juez [Francisco] Serrano actuase dolosamente al dictar su resolución o al asumir la competencia'. Con este argumento, y pese a que el juicio no ha aportado grandes novedades, la Fiscalía ha pasado de pedir diez años de inhabilitación a solicitar la libre absolución para el juez de Familia número 7 de Sevilla, sentado en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), acusado de prevaricación por alterar el turno de custodia de un niño sin tener competencia y sin avisar a su madre, perjudicada por la situación en detrimento del padre. Un giro radical del fiscal.

El juez, suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y muy conocido por cuestionar la Ley de Violencia de Género y las cifras oficiales de denuncias falsas, prorrogó en un día y medio la estancia del menor con el padre para garantizar que pudiese salir como paje en una cofradía en la Madrugá de Sevilla, lo que conllevó modificar el turno de custodia que había establecido previamente el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4.

El Ministerio Público no cree ahora que cometiera prevaricación

En sus primeras conclusiones, la Fiscalía consideraba que Serrano había tomado la decisión sin escuchar a las partes y se había basado en un supuesto correo electrónico que había enviado la madre al padre poniendo 'obstáculos' a la salida del niño. Durante el juicio, Serrano ha defendido que actuó por razones de 'urgencia y necesidad', después de que el niño le transmitiera su deseo de salir en la procesión y añadiera que su madre probablemente no lo dejaría ir. Según afirmó, 'la trascendencia y la importancia' de su resolución era nimia ante el interés del pequeño de ver cumplida su voluntad, por lo que decidió cambiar el turno de custodia. Sobre la ausencia de notificación a la madre, Serrano alegó un error informático.

El juez siempre ha defendido su inocencia desde que fue acusado. Y, de hecho, la Audiencia Provincial de Sevilla incluso ha avalado en dos ocasiones la decisión que adoptó, en contra de la acusación particular la madre del menor y el criterio de la Fiscalía.

Sin embargo, ayer, en el último día del juicio, el Ministerio Público consideró que, aunque el juez dictó su resolución de una manera 'imprudente o negligente', no existen pruebas de que actuara de forma 'dolosa'. La Fiscalía reprochó al magistrado no haber realizado determinadas pruebas, como la audiencia a un fiscal, a la madre, e incluso al padre, informa Europa Press. Y añadió que el auto que dictó no es injusto ni ilegal, pero sí podría entenderse como 'sobredimensionado o excesivo', porque los intereses en juego 'no han sido ponderados adecuadamente'.

Está acusado de alterar la custodia de un niño en favor de un padre

'Se puede tener la sospecha de que hubiera habido un poco de influencia por parte del letrado del padre del menor [que también había sido letrado del juez en otro caso]', pero eso, afirmó el fiscal, es 'pura elucubración'. De hecho, el juez Serrano ha mantenido sobre ello que quien acudió a su juzgado no fue el padre del chico, sino el abuelo.

El abogado de la madre, que fue expulsado durante la exposición del informe de la defensa, pide 20 años de inhabilitación y 14.400 euros de multa y el pago de una indemnización de 60.000 euros a la madre, 100.000 al menor y 12.000 euros al otro hijo menor.

El letrado comenzó su informe final con las palabras de Santo Tomás de Aquino Corruptio optimi pessima (la corrupción de los mejores es la peor). Y sostuvo que la resolución que adoptó Serrano fue fruto de que 'estaba todo cocinado' con su 'amigo y socio', el abogado del padre, Joaquín Moeckel. Tras limpiarse las lágrimas con la toga, el abogado consideró que el que dice la verdad en este caso es 'el niño'.

El abogado del magistrado insistió en que el juicio nunca debió celebrarse. 'Nunca debimos venir aquí', sostuvo el letrado, para quien las 'sospechas' no son 'lo suficientemente fuertes'.