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El Gobierno niega el indulto a un condenado por el 'Rodea el Congreso' de 2013

Francisco Molero, de 29 años, deberá ingresar en prisión tras ser condenado a cinco años y un día de cárcel y a 16.000 euros de multa al ser detenido durante los disturbios de la protesta del 25 de septiembre de 2013 en Madrid 

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Diego Cañamero y Francisco Molero ante el Congreso. / EUROPA PRESS

Se agotaron las posibilidades para Francisco Molero. Este joven de 29 años, militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y natural de Cuevas de San Marcos (Málaga) tendrán que ingresar en prisión después de que el Gobierno le denegara el indulto que habían solicitado sus padres.

Molero fue uno de los detenidos durante la manifestación del 25-S de 2013, conocida como "Rodea el Congreso", en la que se registraron graves disturbios entre los manifestantes y la Policía y hubo decenas de detenciones. Fue condenado a cinco años y un día de cárcel y a más de 16.000 euros de multa por atentado a la autoridad y lesiones a tres agentes. Primero por un juzgado de lo penal de Madrid y después por la Audiencia Provincial de Madrid. El Tribunal Constitucional ni siquiera llegó a aceptar su recurso de amparo.

Según la sentencia, Molero lanzó piedras indiscriminadamente contra los agentes hiriendo a tres de ellos, que le reconocieron, junto a otro antidisturbios. Molero siempre ha defendido su inocencia y, de hecho, las únicas pruebas aceptadas han sido los testimonios de los cuatro agentes de Policía. El condenado denuncia que fue sometido a un "juicio-farsa", ya que los agentes le identifican por llevar ropa negra y pañuelo palestino, contradiciéndose sobre el tiempo y lugar de los hechos, cambiando su versión en repetidas ocasiones.

Tanto su defensa actual como el SAT denuncian que se le condenó en un juicio "en el que no le fue permitida la defensa, vulnerándose así la Constitución y la propia Declaración Universal de Derechos Humanos". Según denunció el mismo el pasado año, no dispuso de abogado durante toda la fase de investigación judicial, "viendo como su condena se dicta en ausencia de actividad probatoria por parte de las acusaciones, más allá de sus propias declaraciones, viendo como nadie, ni en el Juzgado de Instrucción, ni en el Juzgado de lo Penal, ni en la Audiencia Provincial, ni en el Tribunal Constitucional, ni en el Ministerio Fiscal, se preocupó de la efectividad de su derecho al juicio justo", recuerda el SAT.

Molero intentó llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos de Humanos, pero tampoco fue aceptada. Los otros once detenidos mayores de edad aquel día fueron puestos en libertad sin cargos. Sin embargo, el contó con la defensa adecuada. Durante la fase de instrucción, según el sumario, no figura ningún representante legal designado. Su abogada inicial, ha denunciado siempre el condenado, ni siquiera estuvo presente en el juicio y fue sustituida por una compañera. Según denuncian los actuales abogados, presentó un incidente de nulidad ante el órgano equivocado pero no tuvo consecuencias.