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La Justicia avala la actuación de la policía

El TSJCV oculta en un comunicado que los agentes podían citar y detener a los sospechosos y lo aclara después en otra nota

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Los argumentos del PP para acusar a la policía de haber suplantado al juez en la detención del presidente de su partido en Alicante y a cuatro concejales de Orihuela se sostuvieron hoy durante ocho horas. Ese es el tiempo que transcurrió entre una primera nota de la prensa del Tribunal Superior de Justicia de Comunitat Valenciana (TSJCV), que los conservadores utilizaron para cargar contra el Ministerio del Interior, y una segunda del mismo órgano, en la que el mismo tribunal avala la competencia de los agentes en todas las actuaciones practicadas.

La policía está capacitada para detener a personas objeto de una investigación judicial sin necesidad de que el juez instructor haya dictado la orden de arresto. Y no sólo es una práctica legal sino habitual siendo los arrestados personas que no tienen la relevancia del presidente de la Diputación de Alicante. Este es el argumento con el que el Ministerio del Interior defendió hoy todas las actuaciones practicadas el miércoles por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y que ratificó el Juzgado número 3 de Orihuela por la tarde en la segunda nota del TSJCV.

La mecha la había encendido el propio TSJCV por la mañana con una nota a los medios en la que remarcaba en mayúsculas que el juez de Orihuela 'NO' había ordenado detenciones, ni había dictado citaciones y que, mucho menos, había declarado nuevas imputaciones. Esos tres extremos eran verdad, pero el TSJCV ocultaba otras cuestiones fundamentales.

El juez no había citado a declarar en el Juzgado a Ripoll, ni al resto de detenidos, pero sí la policía que, según admitió el juzgado por la tarde, tiene 'potestad' para ello. En la misma nota, el tribunal niega que el juez dictara órdenes de detención, pero igualmente reconoce que los agentes pueden practicar arrestos 'en cualquier momento, si lo consideran oportuno', aunque se trate de un caso judicializado.

En la segunda nota, el problema ya quedaba reducido a que los agentes habían tardado demasiado en comunicar al juez las detenciones y el momento que habían elegido para que prestaran declaración en el juzgado. Sin embargo, en la misma nota se reconoce que la policía había consultado al juez antes de las detenciones 'sobre horarios y disponibilidad del órgano judicial' en los días posteriores a la operación.

Hasta media tarde de hoy, el juez no fue informado por la policía, de forma verbal, de los arrestos y las citaciones, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Más de una hora después de la difusión de la primera nota pública del TSJCV, a media mañana, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, había ofrecido una rueda de prensa mostrando la citación que le había entregado la policía para que declarara hoy. El TSJCV sólo mantenía en su segunda nota que el juez no ha ordenado citaciones, ni detenciones y tampoco ha imputado a los nuevos implicados. Una nota difundida la noche del martes por Interior apuntaba a que los once detenidos 'se les imputan' varios delitos relacionados con la corrupción.

Las diligencias 851/07 sobre varios delitos relacionados con la gestión de los residuos de Orihuela y el resto de la comarca de la Vega Baja llevan bajo secreto más de tres años, algo poco usual. Uno de los motivos de que no pudiera trascender su contenido, al menos en los últimos meses, ha sido la irrupción de un nuevo sospechoso, nada menos que el presidente de la Diputación de Alicante y uno de los hombres fuertes del PP valenciano, José Joaquín Ripoll. Una conversación telefónica intervenida a uno de los investigados en el último tramo de la investigación vinculaba al presidente del PP alicantino en la red, lo que provocó que se ampliara la investigación, informaron a ‘Público' fuentes del caso. La Fiscalía Anticorrupción y la policía investigan distintas concesiones para la gestión de los residuos de la zona a empresarios que habrían sobornado a políticos y cometido prácticas irregulares, como el cambio de ubicación de un vertedero.