Salvador Victoria, el último consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, ha salido este lunes de la Audiencia Nacional imputado de cuatro delitos de corrupción por su relación con la trama Púnica, en concreto por favorecer con contratos públicos al conseguidor Alejandro De Pedro.

Victoria se ha negado a declarar ante el juez instructor, Eloy Velasco, quien le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la comparecencia mensual ante el juzgado más próximo a su domicilio. Era el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid hasta las pasadas elecciones de mayo.

Su antecesor como consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Granados, está en prisión provisional desde que el pasado octubre se descubrió esta trama organizada para beneficiar a políticos a cambio de contratos. Granados está considerado cabecilla de la organización, junto con su compañero de colegio de la infancia, David Marjaliza.

Todos los contratos de imagen y de publicidad presuntamente amañados por la trama Púnica fueron pagados con fondos públicos

El magistrado considera que Salvador Victoria está relacionado con pagos en efectivo supuestamente ilícitos que habrían hecho varios empresarios y sociedades como Indra, a los que habría procurado contratación con la Comunidad de Madrid, según el auto dictado este lunes por el juez.

Velasco también señala que el ex número dos del Gobierno de Madrid adjudicó a las empresas de De Pedro contratos de reputación on line e influencia en redes sociales con el fin de favorecer la imagen de varios políticos así como otros contratos otorgados de forma amañada. Todos ellos fueron sufragados con fondos públicos y suscritos con empresas de Alejandro de Pedro.

Además, el sumario relaciona a Victoria con al menos tres pagos supuestamente en negro por un total de 120.000 euros realizados por Indra o por empresarios en beneficio a las empresas de De Pedro.

En la causa están imputadas casi cien personas, incluidos diputados del PP en la Asamblea de Madrid, otros dos exconsejeros de la CAM y un consejero de Murcia

El juez Eloy Velasco, titular del juzgado central de instrucción 6, mantiene esta causa secreta en cuyo sumario figuran como imputados casi un centenar de personas, entre ellas la exconsejera de Educación de Madrid Lucía Figar; los diputados del PP en la Asamblea de Madrid, José Miguel Moreno y Mario de Utrilla; y el consejero de Industria y Turismo de Murcia, también del PP, Juan Carlos Ruiz.

La trama desarticulada el pasado octubre estaba infiltrada en varios ayuntamientos principalmente de la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia, donde firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales durante dos años, según la Fiscalía Anticorrupción.

Una de las principales empresas beneficiarias fue el grupo Suez, cuya delegación en España (Cofely) consiguió contratos públicos millonarios a través de esta red.

Según las pesquisas, los ediles y funcionarios municipales actuaban en connivencia con empresarios de la construcción y de la energía a través de intermediarios y de sociedades instrumentales.
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