AAlfonso le detuvieron en Carnaby Street. Inspectores de Inmigración se personaron en el comercio donde trabajaba, imponiendo un brusco fin a su sueño londinense. Le condujeron a un centro de detención, en el sur de la isla británica, y le deportaron a Barcelona semanas después. Corría el año 1982, y su experiencia la sufrieron muchos otros trabajadores españoles hasta la adhesión de España, con plenos poderes, al club europeo.

España ya no exporta, sino que importa mano de obra, y la política de inmigración del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en modelo de referencia para los británicos. La campaña Strangers into Citizens (De extranjeros a ciudadanos) se inspira en el proceso español de regulación de extranjeros de 2005. Reclama una 'amnistía merecida' para los sin papeles del Reino Unido. La iniciativa cuenta con el apoyo del alcalde de Londres, Boris Johnson, el político electo con más poder del Partido Conservador.

Johnson se declaró en favor de la regulación de los inmigrantes en situación irregular durante su campaña electoral para la alcaldía, en la primavera de 2008. Rompía con la disciplina marcada por el líder tory, David Cameron, que se opone a la amnistía. Al contrario, el jefe de los conservadores pretende reforzar el control sobre la inmigración y restringir la entrada incluso de trabajadores de la Unión Europea si se hace con el poder en las elecciones del año próximo.

Pero el alcalde sigue alimentando su promesa electoral. Hace unas semanas difundió la primera entrega de un informe sobre el impacto en la economía británica de la regularización de inmigrantes, que encargó a la prestigiosa London School of Economics (LSE). Las conclusiones definitivas del estudio verán la luz este mes.

El informe actualiza las estimaciones del número de residentes irregulares. Según la LSE, en 2007, había un promedio de 725.000 inmigrantes sin papeles en Reino Unido, frente a los 430.000 que se calcularon seis años antes con el censo de 2001 como base. Más de la mitad son refugiados políticos a los que el Gobierno denegó el asilo o el permiso temporal de residencia. Una amplia mayoría, en torno a 518.000, reside en Londres.

'Considero perverso que los inmigrantes irregulares puedan utilizar los servicios públicos pero no puedan pagar los impuestos que financian dichos servicios', ha dicho el alcalde Johnson.

El móvil económico fundamenta la iniciativa del alcalde. Las escuelas públicas están abiertas a los hijos de todos los residentes en Reino Unido y la asistencia médica rara vez se le niega a un indocumentado. Pero, según subraya Johnson, los irregulares no pagan impuestos ni cuotas de la Seguridad Social, ayudando a inflar la economía sumergida, estimada en 75 millones de libras o el 6,8% del PIB.

El estudio de la alcaldía aún no ha cuantificado la potencial contribución a la Hacienda británica de los trabajadores sin papeles, pero informes basados en el censo de 2001 la calculan en torno a los 1.300 millones de euros. 'Deberíamos tener en cuenta los méritos de una amnistía merecida para los inmigrantes de largo plazo. No quiero ser alcalde de dos categorías de gente: un grupo que vive con normalidad y otro que vive en las sombras incapaz de contribuir plenamente a la sociedad', sostiene Johnson.

La campaña De extranjeros a ciudadanos propone legalizar a los que llevan un mínimo de cuatro años en Reino Unido. 'La inmigración es un tema candente, que provoca reacciones adversas. Se asocia con la idea de clandestinidad e ilegalidad cuando son las políticas las que crean la irregularidad. La inmigración no es perniciosa para un país y se ha de reconocer su contribución social y económica', señala Laura Zorrilla, encargada de estrategia en The Citizen Organising Foundation (COF), organización cívica que lanzó la campaña en 2006.

Zorrilla aporta a la propuesta británica la experiencia española en la última regularización de inmigrantes. 'Es un modelo de referencia en muchos aspectos. Por la cercanía temporal y porque fue masiva e influyente. Se involucró a empresarios y a familias con empleadas domésticas. Se administró en tres meses y con costes bajos', resalta.

Según un estudio del Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas de Migración (ICMPD en inglés), el Gobierno español aprobó el 83% de las 691.655 solicitudes recibidas en 2005 de entre una población irregular estimada en 900.000 personas. El programa tuvo un coste administrativo de 12,7 millones de euros y, ese año, los ingresos adicionales en Seguridad Social e impuesto sobre la renta rozaron los 190 millones de euros.

'Hay que ofrecer una salida legal a los irregulares. Llevan años en Reino Unido y las leyes no les protegen. Viven aislados de la comunidad, sin hacer amigos, por miedo a ser denunciados. El Gobierno los ignora, con lo cual crea un problema cada vez más agudo', dice Zorrilla.

La mayoría de inmigrantes irregulares son refugiados políticos a los que el Gobierno británico denegó el asilo. Entre 300.000 y 500.000 personas, según las últimas estimaciones, malviven en Reino Unido tras haber sufrido tortura o persecución en Africa, Oriente Próximo y Asia. Es el núcleo de población invisible, sin permiso de residencia ni de trabajo. Perdieron también el derecho a cobrar subsidios estatales 21 días después de la conclusión de sus respectivos procesos de solicitud de asilo.

La escasa ayuda oficial a su alcance unos 40 euros semanales en vales canjeables en un supermercado está condicionada al consentimiento a una eventual deportación. Pero, según señala el director de la organización no gubernamental PAFRAS, Jon Burnett, 'eligen la indigencia porque creen que serán perseguidos o asesinados si regresan a sus países'. La mayoría subsiste con seis euros a la semana y la Cruz Roja reparte comida a unos 26.000.

'Se pide que se convierta en historia la pobreza de África porque allí la gente vive con un euro al día. El Gobierno británico está haciendo lo mismo con los que solicitamos asilo, condenándonos a la indigencia', protesta Anne, congoleña de 49 años. Huyó de su país, en 2002, tras ser retenida y violada por denunciar el reclutamiento forzoso de niños soldados. Fue víctima de las mismas fuerzas rebeldes que secuestraron a su hijo y mataron a su marido. Pero el Reino Unido le denegó el asilo y Anne lleva tres años viviendo en la calle de la caridad de la gente.

Los sin papeles comparten una historia de penuria, temor y violencia en el país donde creyeron que encontrarían refugio. Alain, periodista huido de la capital congoleña, Kinshasa, quedó tuerto en un ataque racista mientras dormía en un paso subterráneo de Londres. 'A los solicitantes de asilo nos castigan dos veces: en casa y en Inglaterra. Allí me torturaron físicamente; aquí me torturan mentalmente. He pasado de una prisión a otra', dice.

El Comité de Derechos Humanos del Parlamento de Westminster, con representantes de ambas Cámaras, acusa al Gobierno de infringir la normativa internacional al tratar de forma inhumana y humillante a los solicitantes de asilo. 'La política de forzada indigencia debe cesar', reclama en su informe de 2007. Diputados y lores demandan una reforma que asegure el acceso al trabajo y un permiso de residencia temporal para los inmigrantes que no puedan ser repatriados en un plazo de 12 meses desde la denegación de asilo.

Iain Duncan Smith, ex líder del Partido Conservador, considera 'inhumano y contraproducente' negar asistencia social, en vivienda y manutención, a los que el Gobierno rechaza refugiar. 'Dejándoles sin techo, se les fuerza a vivir en la clandestinidad. Esto, a su vez, dificulta su control y entorpece los esfuerzos para persuadirles a retornar voluntariamente a sus países', advierte en el informe Asylum Matters.

Repatriar a los sin papeles es la pesadilla de los gobiernos británicos. En 2007, el 21% de los solicitantes de asilo que vieron su petición denegada volvió voluntariamente a su país de origen. La otra vía, la repatriación forzada, es logísticamente complicada y de alto coste: 13.000 euros por persona.

El Institute for Public Policy Research, próximo al Partido Laborista, eleva la suma global que costaría expulsar a todos los inmigrantes irregulares a 5.200 millones de euros. Según el alcalde Johnson, al ritmo actual, las autoridades tardarían 60 años en sacar del Reino Unido a todos los sin papeles.

La Citizen Organising Foundation (COF), promotora de la campaña de apoyo a los inmigrantes sin papeles, ha convocado para hoy una manifestación en Londres. Hace dos años, 15.000 personas asistieron a una concentración similar. El Partido Liberal Demócrata y un centenar de diputados de otras formaciones también defienden la regularización. “Indudablemente, Boris Johnson ha elevado la legitimidad de la campaña, reconociendo el problema y abogando por un debate sensato. Va cuajando la idea de que la amnistía no es una utopía, sino una solución realista y coherente”, afirma Laura Zorrilla, del COF.