China no se compadece de los extranjeros a la hora de aplicar la pena de muerte. Cuatro meses después de la polémica ejecución de un ciudadano británico por tráfico de drogas, Pekín ha ejecutado esta semana a cuatro japoneses por el mismo delito, por primera vez desde que China y Japón retomaron las relaciones diplomáticas en 1972.

El martes, las autoridades chinas aplicaron la pena capital a Misunobu Akano, de 65 años, por intentar exportar a Japón un kilo y medio de metanfetaminas desde el puerto chino de Dalian, en la provincia septentrional de Liaoning. Ayer, Pekín ejecutó a otros tres ciudadanos japoneses por narcotráfico, detenidos en 2003 con entre uno y cinco kilogramos de la misma droga en Liaoning.

El primer ministro japonés, Yukio Hatoyama, dijo que la ejecución de Akano era una decisión 'lamentable', pero insistió en que respeta la decisión de Pekín y aseguró que el caso no afectará a las relaciones bilaterales. Desde que Hatoyama ganó las elecciones, el pasado agosto, ha defendido la necesidad de estrechar las relaciones sino-japonesas y de fortalecer la integración de la región asiática.

El primer ministro japonés subrayó, no obstante, que la ejecución puede resultar a los ojos del japonés medio una medida 'demasiado dura' para castigar a un narcotraficante.

Japón es, junto a EEUU, el único país desarrollado donde todavía se aplica la pena de muerte. El caso de China es más grave porque no es un Estado de derecho que garantice un sistema judicial independiente y transparente. Pekín, por ejemplo, no hace pública las cifra anuales de ejecuciones ni de condenados a muerte en sus cárceles.

El caso de Akano, además, ha puesto de manifiesto el endurecimiento de la regulación contra el tráfico de drogas en China, donde se llega a aplicar la pena de muerte por la posesión de 50 gramos de narcóticos. Los ciudadanos extranjeros no quedan exentos: filipinos, africanos e indios son probablemente los grupos más numerosos en las cárceles chinas por tráfico de drogas.

El Gobierno filipino calcula que hay al menos 197 filipinos en prisiones chinas detenidos por narcotráfico, de los cuales 66, la mayoría mujeres, afrontan condenas de muerte. En una entrevista reciente a Público, el director de la agencia antidroga de Filipinas (PDEA) aseguró que la mayoría de las mafias de la droga en el Sureste Asiático están controladas por ciudadanos chinos que operan desde los puertos del sur del país, como Cantón, Xiamen, Hong Kong y Taiwán.

En los últimos años también han aumentado las mafias africanas en el sur de China, especialmente de nigerianos, coincidiendo con el boom de las relaciones comerciales sino-africanas.