@CdelCastilloM

MADRID.- Cinco corbetas tipo Avante 2200 para la Armada real saudí, junto con un apoyo completo durante su ciclo de vida y la adecuación de las instalaciones del país arábigo para operar los buques. En total, una tajada de unos 3.000 millones de euros para Navantia y unos 2.000 puestos de trabajo durante al menos cinco años en los astilleros de Cádiz y Ferrol, industria tractora de dos de las zonas más deprimidas de España.

Este era el negocio redondo que a principios de este año generó un acalorado debate sobre si Navantia debía aceptar los millones saudíes o, por el contrario, el Gobierno tenía la responsabilidad de evitar la venta de armas a la dictadura de Salmán bin Abdulaziz, que viola los derechos humanos con ejecuciones de presos y torturas y participa en la guerra civil de Yemen con una intensa campaña de bombardeos. Este conflicto, denominado "la guerra olvidada" por Amnistía Internacional, ha provocado más de 3.000 muertos civiles (entre ellos 700 niños), 2,4 millones de desplazados por los combates y ha dejado al 83% de los 25 millones de yemenís necesitados de ayuda humanitaria. 

Sin embargo, meses después de las protestas por el comercio de armas con Arabia Saudí de algunos partidos políticos y organizaciones pacifistas, por un lado, y de las movilizaciones a favor de traer carga de trabajo para los astilleros, por otro, el contrato de construcción de los buques —que daban por cerrado tanto políticos como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, o el jefe del comité de empresa de Navantia en San Fernando (Cádiz)— permanece en paradero desconocido.  

"El contrato ha sido aprobado por el Gobierno, Arabia Saudí también
ha dado luz verde, y lo que ha trascendido es que
estaba pendiente de la firma del jeque, que firmará... Cuando a él le apetezca"

No tienen acceso a él ni las administraciones locales, ni los diputados del Congreso, ni los comités de empresa. Esto es debido a que las actas del organismo encargado de aprobar las exportaciones de material bélico, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), son secretas. Esta situación ha llevado a algunos diputados incluso a dudar de la existencia del contrato, tal y como han expresado a Público.

Fuentes de Navantia aseguran a este medio que el acuerdo existe y, de hecho, incluso los detalles están cerrados: "El contrato ha sido aprobado por el Gobierno, Arabia también ha dado luz verde, y lo que ha trascendido es que está pendiente de la firma del jeque, que firmará... Cuando a él le apetezca". "Parecía que estaba hecho", informan estas fuentes, que pese al retraso del contrato no dudan de su ratificación, explicando que "los contratos militares tienen una gestación muy larga". 

Para Navantia, lo que estaría retrasando el desembolso saudí es la caída de los precios del crudo, en cuya exportación basa su economía el reino islámico de Salmán bin Abdulaziz, de 80 años, y que sucedió a su hermano en 2015. Fuentes del sector corroboran a Público esta impresión, añadiendo que la compra de las cinco corbetas está incluida dentro de un plan mayor, de 16.000 millones de euros, que Arabia Saudí va a invertir para renovar su Armada. Las corbetas, en concreto, son buques militares con escasa capacidad ofensiva, utilizados para el control de mercantes, flujos migratorios y patrullas de litoral.

El Congreso de los Diputados aprobó a principios de abril una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno en funciones del PP a revocar todas las autorizaciones para la venta de armas y material de doble uso desde el 25 de marzo de 2015, momento en el que comenzó la campaña de bombardeos sobre Yemen liderada por Arabia Saudí que ha llevado a este pequeño país del sur de la península arábiga al desastre.

El Gobierno aprobó exportaciones de armas a Arabia Saudí por 27 millones de euros en el primer semestre de 2015. 17,3 millones de ellos eran "bombas, torpedos, cohetes y misiles"; y otros 6,9, "munición"

Impulsada por la diputada de ERC Ana María Surra y con los votos a favor de Podemos y PSOE, el texto exige al Gobierno "investigar si la coalición encabezada por Arabia Saudí ha utilizado armas españolas" en Yemen (en el primer semestre de 2015 se exportaron 27 millones de euros, de los que 17,3 millones de euros eran "bombas, torpedos, cohetes y misiles"; y otros 6,9, "munición") y le insta a trabajar por la creación de un organismo internacional independiente para vigilar las ventas de armas.

Amnistía Internacional ha tomado esta PNL —que supone un mandato político, pero no vincula jurídicamente al Gobierno— como ejemplo del camino a seguir por los gobiernos en relación a Arabia Saudí y el conflicto de Yemen. Fuentes de la organización explican que ha sido traducida al inglés y distribuida como documento interno entre sus diferentes delegaciones. Una PNL que, lamenta la diputada Surra en una conversación con este medio, "podría quedar en el limbo" dada la negativa del Ejecutivo en funciones del PP a dejarse controlar por el Parlamento y la posible convocatoria de nuevas elecciones.