La deslegitimación de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, aumenta debido a sus contradicciones acerca de los relojes Rolex y otras joyas de lujo que utiliza desde junio del año pasado y cuyo valor excede lo que podría comprar con sus ingresos como servidora del Estado. Las explicaciones que dio el viernes hacen eco de coartadas que usaron políticos respecto de actos de corrupción durante el régimen del autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

La gobernante dijo este viernes que recibió dos relojes Rolex como préstamo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, un político que estuvo preso por corrupción y que en la década pasada regaló un Rolex a un juez e intentó sobornar a un policía cuando estuvo prófugo.

La maraña de versiones en la que Boluarte se ha enredado empezó el 15 de marzo: al día siguiente de que el noticiario digital La Encerrona revelara que la presidenta usaba un Rolex Datejust de oro y acero en actividades oficiales. Consultada por un canal de televisión, la gobernante dijo que era una compra "de antaño" porque ella trabaja desde los 18 años. Coleccionistas y especialistas en accesorios de lujo, sin embargo, desmintieron de inmediato en la prensa peruana que fuera un modelo de antaño, y precisaron que es posterior a 2020.

Este viernes, cuando un reportero le preguntó si reconocía que el 15 de marzo le mintió al país, Boluarte respondió incómoda que aquel día se refería al reloj que llevaba puesto -no al Rolex-. Mostrando su muñeca a la cámara dio a entender que el que llevaba puesto, un Jacques Manoir, era el mismo del 15 de marzo, un artículo que -dijo- compró en Davos hace un par de años. La versión fue desbaratada de inmediato. Ernesto Cabral, el periodista que revisó más de 10.000 fotografías de actividades oficiales para identificar los dos Rolex, precisó que el 15 de marzo la funcionaria usaba un reloj con Snoopy, no el Jacques Manoir.

La Fiscalía investiga a la presidenta desde el 18 de marzo por un presunto enriquecimiento ilícito, omisión de consignar información en su declaración jurada, y además amplió la indagación esta semana por un sospechoso incremento de patrimonio equivalente a 108.000 euros en dos años. Asimismo, por unos 275.000 euros en once cuentas bancarias, de origen desconocido. La versión que dio la tarde del viernes después de ser interrogada por el fiscal general, Juan Carlos Villena, ha sido fabricada en 22 días por los abogados de Boluarte y Oscorima, quienes tienen en su hoja de vida haber representado a políticos del más alto perfil investigados por corrupción.

"Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado que mi amigo Wilfredo Oscorima me haya prestado estos relojes, quizá el ánimo de querer representar bien el país me llevó a aceptar ese préstamo. Los he devuelto, y como no son de mi propiedad no estaba obligada a declararlos", señaló acompañada por dos abogados.

La noche del jueves, el abogado de Oscorima, Humberto Abanto, fue consultado en un canal de cable si su cliente habría prestado los relojes a Boluarte. Abanto respondió que no. Ese día, el gobernador regional de Ayacucho había sido citado por la Fiscalía; estuvo casi cuatro horas en una diligencia, pero no respondió a las preguntas. El viernes, después de que la gobernante aludiera al préstamo, en un canal de televisión abierta Abanto cambió de versión y comentó que no descartaba esa posibilidad.

Críticas e incredulidad

El abogado Antonio Maldonado, exprocurador ad hoc de los casos Fujimori y Montesinos, dice a Público que la declaración de Boluarte del viernes es parte de la estrategia de sus abogados para desorientar a la sociedad y al Ministerio Público. "Si yo fuera el fiscal de la nación, no cometería el error de desviar mi ruta de investigación sobre enriquecimiento ilícito", alertó.

Para Maldonado, Boluarte y su abogado se demoraron en responder al Ministerio Público todo lo que quisieron y pudieron, pues no asistieron a citaciones del 26 y 27 de marzo en las que debían mostrar los artículos de lujo no declarados. Por eso se produjo la entrada en su domicilio el sábado 30 de marzo. "Tiene un bien que no declaró y en vez de resolver este problema con una explicación oportuna, han generado esta narrativa sofisticada y falsa", explicó.

Según el especialista anticorrupción, hay interacción con terceros "que pueden ser cómplices primarios de encubrimiento personal". Aludía a los ministros que han defendido públicamente a Boluarte ensayando tempranamente coartadas como que el Rolex podía haber sido "una réplica".

El semanario Hildebrandt en sus trece reportó el viernes 29 de marzo que asesores de la presidencia habían tenido en esos días la tarea de buscar réplicas de los relojes y otras joyas de Boluarte que el diario La República calculó costaban en total unos 500.000 dólares. Entre estas, una pulsera Cartier.

Maldonado no solo puso en cuestión el rol encubridor de cinco ministros. El domingo pasado, horas después de la entrada del fiscal Hernán Mendoza al domicilio de Boluarte y la residencia presidencial en el centro de Lima, la presidenta apareció en el Palacio de Gobierno rodeada de los tres comandantes generales de las fuerzas armadas y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. "Esta señora carece de escrúpulo alguno y estos generales se prestan a estas cosas, al igual que ocurría con Montesinos y Fujimori", acotó el exprocurador.

La nueva versión de Boluarte sobre el préstamo también le hizo arquear la ceja a Avelino Guillén, uno de los dos fiscales supremos que acusó al autócrata Fujimori de delitos de lesa humanidad y logró en 2009 la condena de prisión de 25 años. "Alberto Kouri también expresó la teoría del préstamo", recordó Guillén en conversación con Público acerca de un congresista del partido de Alejandro Toledo que fue comprado por la mano derecha de Fujimori y jefe de facto de los militares, Vladimiro Montesinos. Toledo perdió las elecciones debido a un fraude orquestado por el fujimorismo. El vídeo que muestra a Montesinos entregando 15.000 dólares a Kouri fue el inicio de la caída del régimen. Para justificar el dinero, el parlamentario dijo que era un préstamo para comprar un camión frigorífico y repartir pescado a personas pobres. "Ambos fueron condenados por corrupción", añadió el exfiscal supremo.

Otro abogado especializado en derecho penal, Luis Lamas Puccio, también destacó las contradicciones de la mandataria peruana: "Medias verdades, medias mentiras", fue su calificativo sobre la nueva explicación. Su versión "no implica que el asunto se haya esclarecido. Nadie en su sano juicio aceptaría en préstamo un reloj con la tarjeta de propiedad por un año. Lo que dice no tiene relación con lo que sucedió: hay hechos que no son fáciles de borrar o de cambiar", refirió Lamas este sábado.

Contra las dictaduras

Entre la tarde y noche del viernes, en cuatro ciudades hubo movilizaciones, marchas y actos político-culturales en rechazo de las dictaduras al cumplirse 32 años del autogolpe de Alberto Fujimori. El afiche de convocatoria a la actividad en Lima tenía un rostro mitad Fujimori, mitad Boluarte y un lema. "Sin memoria no hay justicia, sin justicia no hay democracia: dictadura nunca más". Eligieron una plaza donde el 28 de julio de 2000 hubo víctimas civiles causadas por agentes del Servicio de Inteligencia Nacional que dirigía Montesinos. Una gran bandera de Perú tenía bordados los nombres de cientos de víctimas de esterilizaciones forzadas del Gobierno de Fujimori, mientras que en el centro de la plaza había fotografías de algunas de las víctimas civiles de la represión durante las protestas contra el Gobierno de Boluarte, de 2022 y 2023.

En Juliaca, la ciudad con la mayor cantidad de muertos causados por la Policía en las manifestaciones contra Boluarte, la Asociación de Mártires y Víctimas exigía justicia. "Cantuta no se olvida, sin justicia no habrá paz", coreaban sobre una de las masacres que llevó a la cárcel a Fujimori. A la vez, en Lima otros carteles pintados a mano por ciudadanas aludían al pacto entre el partido fujimorista y sus aliados de derecha y ultraderecha que forman parte del régimen con Boluarte y que la mantienen pese a la investigación fiscal y el escándalo. "Dina asesina, el pueblo te repudia", es la frase que se sigue escuchando en las calles desde el inicio de su gobierno. La presidenta peruana tenía un 9% de aprobación en las encuestas de marzo. Su deslegitimación puede seguir cayendo.