En todas las regiones de Perú habrá movilizaciones este miércoles a favor del adelanto de elecciones y la renuncia de Dina Boluarte, pero los defensores ambientales y de derechos humanos tienen más motivos para participar en ellas: la coalición autoritaria que gobierna no afronta el avance del narco, la tala y minería ilegales que va en aumento, pero además, líderes rurales y profesionales enfrentan acusaciones por denunciar delitos ligados al uso de la tierra o por manifestarse contra el extractivismo legal o ilegal. Los afectados y los especialistas señalan que el panorama ha empeorado con el actual régimen, y que el mecanismo intersectorial de defensores no es suficiente protección.

La lideresa de la etnia awajún Augostina Mayán fue amenazada de muerte a finales de junio por mineros que extraen oro de forma ilegal en el río Cenepa en su comunidad, en la provincia de Condorcanqui, frontera amazónica con Ecuador. Este martes denunció en Lima que los defensores ambientales están solos y que organismos estatales están coludidos o son permisivos con los ilegales.

Desde 2021 Perú cuenta con un mecanismo intersectorial de protección de defensores de los derechos humanos y desde entonces ha registrado a 394 ciudadanos y 18 comunidades en 181 situaciones de riesgo, dijo a Público Ángel Gonzales, director de políticas y gestión de derechos humanos en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, pasados dos años, la policía no ha aprobado los lineamientos para sus acciones como parte de dicho instrumento ni tiene un presupuesto para responder a las amenazas que reciben los defensores.

Mayán acudió en junio al Ministerio de Justicia para pedir asistencia y el mecanismo de protección generó un alerta temprana reconociéndola como defensora, pero ha tenido que apoyarse en amistades y ONG debido a la incapacidad del Estado frente a la amenaza.

"Los mineros antes respetaban y no entraban en nuestras parcelas, sin embargo el 20 de junio todo eso cambió: como van acabando con el oro, empiezan a invadir y yo estaba invadida en mi propia casa. Creyendo en el Estado llamé al Ministerio de Justicia para que me protejan, me alegré de que me iba a ayudar a que respeten mis derechos que están siendo atropellados, sin embargo esta alegría me duró poco. El Ministerio envió policías y la situación empeoró, porque cuando se fueron, los mineros se enojaron tanto que decían que yo quién me habría creído para que el Estado viniera a defenderme. Entonces dijeron: Hay que quemar a Agustina, su casa, todo", relató la lideresa en una conferencia de prensa en Lima.

Gonzales informó a Público la semana pasada que después de esa amenaza coordinó con el Gobierno regional de Amazonas y la Policía para que Mayán y sus padres viajen desde su comunidad a otra región donde estuvieran más seguros. Sin embargo, la defensora awajún indicó que día tras día le decían que ya llegaría la policía y no llegaba.

"Hasta terminaron secuestrados mis padres en mi propia comunidad: es doloroso, el Estado no vino. Cuando ya iban a salir los policías en una chalupa hacia mi comunidad, dijeron que la zona está peligrosa y que necesitaban un refuerzo. El Estado con todo su aparato tiene miedo y yo no. La comunidad ya está invadida, la situación ha empeorado", lamenta Mayán.

La lideresa añade que durante el Gobierno de Pedro Castillo hubo cinco operaciones de las fuerzas del orden en su comunidad y destruyeron diez de 50 dragas de los mineros ilegales, sin embargo, desde que empezó el régimen de Boluarte no hubo ninguna interdicción más. "Debido al hambre y a la enfermedad, los mejores luchadores y defensores han caído y están trabajando en el oro, sabiendo el daño que nos están haciendo. Demasiados derechos hay, pero ninguno funciona", sostiene.

La defensora ha comentado además que la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente le dijo que mejor "no se meta" porque los invasores no se van a ir.

Retrocesos y más riesgos

Julia María Urrunaga fue una de las primeras investigadoras que reveló en 2012 la corrupción de entidades del Estado peruano que operaban a favor de la tala ilegal de los bosques. La directora del Programa Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, en inglés) afirma que "el debilitamiento institucional masivo, preocupante y abusivo que estamos viendo con la gestión de Dina Boluarte va a traer mucho más pesar y dificultad en la defensa y la protección de los defensores ambientales y las causas que ellos promueven".

Para Urrunaga, si bien hay un abandono histórico del Estado peruano hacia los pueblos y los defensores ambientales, "esto se está agudizando y se podría agravar más" con el actual régimen. La especialista explica que cuando las comunidades o los defensores denuncian los abusos sobre sus tierras, las empresas responden con denuncias por difamación o por disturbios contra los defensores.

"Cuando los procesos llegan al Poder Judicial, las cosas son manipuladas: si hay una sentencia a favor de los defensores en primera instancia, hay presión de las empresas para cambiar los resultados en una segunda instancia. Eso está acompañado de la pérdida de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial, y el que ya no contamos con un Tribunal Constitucional independiente que ayude en estos casos más graves", refiere Urrunaga.

Persecución mediática y judicial

Félix Suasaca, líder aymara y secretario general de la Plataforma de Personas Afectadas por Metales Pesados y otras Sustancias Tóxicas, es un defensor ambiental en la región Puno, donde lucha desde hace más de una década contra la contaminación de la cuenca del río Coata. Él participó en la primera fase de manifestaciones en Lima contra el Gobierno de Boluarte cuando las fuerzas del orden ya habían causado 49 muertos civiles, por disparos en el contexto de las movilizaciones ciudadanas.

Hace unos días, un tabloide limeño que respalda a la ultraderecha que gobierna publicó en primera plana su foto junto con las de otras personas, asegurando que violentos y remanentes terroristas están detrás de la segunda ola de marchas.

"Tengo tres denuncias penales por movilizarme y defender derechos humanos y actualmente seguimos luchando. La semana pasada un diario mercenario nos ha mezclado con terroristas: yo no soy ningún terrorista, soy defensor de derechos humanos. Somos un país rico pero nos hacen pobres los grandes poderes económicos. Esa libertad hay que recuperarla, hay que defender la salud humana", expresó Suasaca el martes en la presentación de un informe sobre conflictos mineros en Lima.

El defensor ambiental puneño ha presentado el martes, junto con un dirigente campesino de Cusco, una demanda de amparo por amenazas y vulneración del derecho a la protesta contra Boluarte, el Congreso, los ministerios de Interior y de Defensa, la presidencia del Consejo de Ministros y la Policía Nacional.

Más factores aceleran la actividad ilegal

Lucila Pautrat es una ingeniera forestal que desde la década pasada denuncia la tala ilegal en los bosques amazónicos, en particular en Loreto, la cuarta región con mayor número de defensores amenazados, según datos del mecanismo de protección que coordina el Ministerio de Justicia. Pautrat fue denunciada -por difamación calumniosa agravada- por una empresa que taló 2.000 hectáreas de bosques primarios y un juzgado le impuso como sanción tres años de prisión suspendida y el pago de una reparación civil de unos 13.000 euros.

La sentencia fue confirmada en junio por una corte de segunda instancia y los abogados de Pautrat han pedido que sea anulada.

El mecanismo multisectorial de protección de defensores le ha servido a la ingeniera forestal para que abogados de la defensa pública la patrocinen en otro caso por obstrucción a la justicia contra ella en la región Loreto, informó en una entrevista con este diario.

Pautrat es la directora del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené. En su opinión, los territorios rurales y amazónicos afectados por las operaciones del extractivismo legal e ilegal no se deben solo a un repliegue actual del Estado, sino a una política fallida que no es nueva: no dar oportunidades económicas a los ciudadanos "más allá del extractivismo".

Sin embargo, Pautrat encuentra que la coalición ultraconservadora que gobierna Perú desde diciembre ha promovido varios proyectos de ley que atentan contra los derechos de pueblos indígenas y de comunidades campesinas, al intentar cambiar las condiciones de acceso a la tierra.

"El Estado, en vez de ser garante de derechos, se ha convertido en promotor de la libre economía y la industria, pero no puede estar por encima del derecho a la vida y a la identidad. Eso está asociado a la crisis política de los últimos años: los presidentes gobiernan entregando bonos o declarando estados de emergencia, no hay ordenamiento territorial. Esa falta de control le conviene a la violencia", plantea Pautrat.

Además, el economista José de Echave suma otro factor que está causando el avance de los extractivismos legales e ilegales sobre territorios campesinos andinos y amazónicos. "El precio de los minerales -la onza de oro a 1.800 / 2.000 dólares o el cobre a 4 dólares- es un incentivo para este tipo de actividad. A ellos se suma que el Estado está desbordado y no se ve una estrategia para responder a esta actividad", señala el director del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.