Desde los comunistas hasta la ultraderecha de Marine Le Pen. Todos los partidos de la oposición se han unido en una alianza poco ortodoxa contra una de las propuestas más polémicas del presidente francés, Emmanuel Macron: la privatización de los Aeropuertos de París (ADP).

El 13 de junio empezó una recogida de firmas en Francia para organizar un referéndum sobre si los Aeropuertos de Charles de Gaulle, Orly y Le Bourget deben seguir siendo un “servicio público nacional”. Una campaña con que la izquierda francesa espera canalizar el malestar expresado por los chalecos amarillos y sacudir un paisaje político empantanado en el duelo entre el neoliberalismo macronista y el populismo de derechas.

Impulsada desde el inicio del mandato del joven presidente, la privatización de ADP pasó durante meses desapercibida del radar de la opinión pública. La mayoría presidencial la aprobó en primera instancia en la Asamblea Nacional en octubre del año pasado. Pero no fue hasta febrero, bajo el calor de las protestas de los chalecos amarillos, cuando el éxito de una petición en Internet reflejó la contestación contra esta medida. “El Estado prácticamente no obtendrá ningún beneficio económico de esta operación”, explica a Público el economista David Cayla, uno de los impulsores de esta iniciativa no vinculante que el pasado 1 de julio ya había alcanzado las 480.000 firmas, más del 10% de las que son necesarias para que se organice el referéndum.

Dos meses más tarde, 208 diputados y senadores de todos los partidos de la oposición anunciaron haberse puesto de acuerdo para impulsar un Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP, por sus siglas en francés) sobre la privatización de las tres infraestructuras aeroportuarias de la región parisina. Creado en 2008 por el entonces presidente Nicolas Sarkozy, el RIP no había sido impulsado antes por sus restrictivas condiciones. Requiere el apoyo de un mínimo de 185 parlamentarios y un 10% del electorado. Es decir, reunir 4,7 millones de firmas en nueve meses. Todo un desafío.

Dos semanas después del inicio de la recogida de firmas, cerca de medio millón de personas ya han firmado a favor de la organización de esta consulta. Un inicio prometedor para los impulsores de la iniciativa que deben obtener los apoyos necesarios antes de finales de marzo. “Entonces, si una de las dos cámaras legislativas decide no aprobar la ley de privatización de los Aeropuertos de París —una posibilidad nada descabellada en el caso del Senado, dominado por el partido de Los Republicanos (derecha)—, Macron se verá obligado a organizar un referéndum en otoño del año que viene”, asegura Patrick Weil, historiador en la Sorbona y miembro de la asociación contra la privatización de ADP.

Una lógica económica muy cuestionada

“Necesitamos estar unidos para ganar la batalla contra la privatización de los Aeropuertos de París”, aseguró el diputado de la derecha republicana Gilles Carrez en un mitin el pasado 19 de junio en Saint-Denis, en el norte de la capital francesa. Durante este acto, uno de los primeros para impulsar la campaña de recogida de firmas, se produjo una escena inhabitual en la política francesa al participar de forma conjunta representantes de la derecha gaullista con comunistas, socialistas, los verdes, de la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon… Todas las formaciones que se oponen a Macron con la excepción de la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, dado que el resto de partidos no quieren compartir tribuna con los dirigentes ultraderechistas.

Esta alianza excepcional se ha visto favorecida por los numerosos interrogantes económicos generados por la privatización de ADP. Con un mercado aéreo en pleno crecimiento —el año pasado la región parisina acogió a 107 millones de pasajeros aéreos, el doble que hace veinticinco años—, estas infraestructuras resultan muy rentables para el tesoro público. En 2018, cerraron su ejercicio con 610 millones de euros beneficios y aportaron 185 millones al Estado.

Si la administración gala decide ceder el 50,6% de sus acciones, esta obtendría unos 15.000 millones. Un tercio de ellos sería destinado a financiar la deuda francesa, que alcanza los 2,3 billones, lo que equivale al 99,6% del PIB del país. El resto lo utilizaría en un fondo para invertir en startups, a través de una serie de mecanismos financieros que el Tribunal de Cuentas describió como “operaciones inútilmente complicadas”. Según Cayla, esta operación solo responde a dos postulados ideológicos: la voluntad del presidente francés de reivindicar su imagen como un dirigente business friendly y reforzar el apoyo de los grandes empresarios”.

El precedente de la privatización de las autopistas

“La única lógica económica de esta privatización es que Macron quiere favorecer a aquellos que financiaron su campaña electoral”, critica Claire Nouvian, impulsora del nuevo partido progresista Plaza Pública, que se presentó a las europeas en coalición con los socialistas, haciendo referencia a las grandes donaciones privadas que pagaron la campaña presidencial del joven dirigente en 2017. Según explica el periodista Marc Endeweld, uno de los biógrafos más reputados del presidente francés, en Le Monde Diplomatique, algunos de los dirigentes macronistas más implicados en esta privatización también tuvieron un rol clave en la recaudación de fondos durante las presidenciales. Es el caso de Cédric O, actual secretario de Estado de la economía digital, y la asistenta parlamentaria Aigline de Giniestous, que, como Macron, trabajó como banquera de negocios en Rothschild.

Aunque el ejecutivo prometió transparencia en esta operación, esta se llevará a cabo como una “falsa concesión”. “El Estado cederá a un actor privado el control de las tres infraestructuras aeroportuarias durante setenta años. Después si quiere recuperarlas, podrá hacerlo a cambio del pago de una indemnización”, critica Cayla. Según este economista, esta compleja operación público-privada recuerda la infructuosa privatización del Aeropuerto de Toulouse, impulsada en 2014 por el mismo Macron, cuando ejercía como ministro de Economía. Tras haberse hecho con su control, el grupo chino Casil no respetó las inversiones prometidas. Destinó la mayoría de los beneficios del grupo a repartir 15 millones de dividendos entre sus accionistas.

“En el caso de ADP, se sigue una lógica parecida a la de la privatización de las autopistas francesas. Esta consiste en privatizar las ganancias de unas infraestructuras que casi no requieren inversiones tras ser construidas con dinero público”, asegura Weil. Solo quince años después de que las constructoras Vinci, Effage y Abertis se hicieran con el control de 9.000 quilómetros de autopistas, estos grupos ya han logrado 27 millones de beneficios tras haber invertido 22 millones por hacerse con una concesión de al menos treinta años. Los numerosos levantamientos de barreras en los peajes organizados por los chalecos amarillos reflejan la indignación que perdura en Francia por haber cedido a grandes multinacionales unas infraestructuras que les permiten beneficiarse de un capitalismo de renta.

Influencia de los chalecos amarillos

Esta situación puede repetirse con los Aeropuertos de París. En un país tan centralizado como Francia, la mayoría de los vuelos internacionales de media y larga distancia despegan desde la región parisina. Lo que ofrece a estas infraestructuras un monopolio que ahora pasará a manos privadas. “La probable pérdida de recursos que sufrirá el Estado con esta operación desembocará en nuevos impuestos indirectos pagados por el conjunto de la población o en un deterioro de los servicios públicos”, advierte Weil.

Según recuerda este historiador, el referéndum contra la privatización de ADP “puede representar la primera vez que se impulsa una consulta en la Quinta República francesa sin el apoyo del presidente”. De hecho, según Cayla, esta iniciativa “se ha visto favorecida por la toma de consciencia que suscitó el movimiento de los chalecos amarillos, que entre sus reivindicaciones tiene la organización de referéndums de iniciativa popular (RIP)”.

Además, el “momento populista” en el que se encuentra inmersa Francia se ha visto reflejado en el notable impacto de las peticiones políticas en internet. Las protestas de los chalecos amarillos surgieron a partir de una exitosa petición que en octubre logró más de un millón de firmas a favor de una bajada del precio del combustible. Otra para pedir que llevaran al Estado delante de los tribunales por inacción climática batió en diciembre el récord de apoyos en este país, con más de dos millones.

Manifestantes de los chalecos amarillos portan una bandera de Francia con tres fechas señaladas en cada franja: 1789, 1968 y 2018. REUTERS/Benoit Tessier

Ahora los opositores a la privatización de ADP deberán doblar esta cifra, hasta alcanzar los 4,7 millones. “El gobierno hará todo lo posible para que no alcancemos el número de firmas necesario. La página —abierta por el Ministerio del Interior para firmar a favor del referéndum— está llena de bugs y ofrece errores constantes para desmotivar a que la gente firme. Parece hecha con tecnología de la década de los noventa”, lamenta Nouvian.

Según esta prestigiosa militante ecologista, que recibió el año pasado el premio Goldman (el equivalente del Nobel de ecología), el rechazo a la privatización de ADP está estrechamente relacionado con la lucha contra el cambio climático. “No podremos disminuir el tráfico aéreo si este depende de las empresas privadas cuyo principal interés es aumentar sus beneficios”, afirma Nouvian, refiriéndose a la demanda creciente de reducir la circulación de aviones y así disminuir las emisiones muy contaminantes por la combustión de queroseno.

Pese a sus bellos discursos en defensa del medioambiente, Macron antepone los postulados neoliberales en lugar de la urgencia climática. Y sigue apostando por la solución mágica de la derecha: privatizar.