Jeanine Áñez, presidenta autoproclamada de Bolivia tras la dimisión de Evo Morales por la presión del ejército, ha aprobado un decreto que exime a las fuerzas de seguridad de responsabilidad penal cuando actúen "en legítima defensa o estado de necesidad".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó en Twitter de que esta norma firmada por Áñez al frente de su Ejecutivo interino "pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno".

"El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH -derechos humanos- y por su estilo estimula la represión violenta", advirtió en una serie de mensajes en la red social.

La entidad condenó "cualquier acto administrativo del gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales".

La CIDH ha elevado a 23 el número de muertos y a 715 el de heridos en incidentes durante la crisis en Bolivia tras las elecciones del pasado 20 de octubre.

Críticas de Evo Morales al decreto

Evo Morales, asilado en México, comentó en Twitter que "los autores del Golpe de Estado en Bolivia gobiernan con decretos, sin el Legislativo y apoyados en armas y bayonetas de Policía y FFAA. (...) Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo". El texto difundido en redes sociales exime de esa responsabilidad a las fuerzas del orden mientras se atengan en sus actuaciones a "principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".

La norma tiene fecha de este pasado viernes, día en que en la región central de Cochabamba hubo graves enfrentamientos de manifestantes cocaleros que apoyan a Evo Morales con policías y militares, que dejaron al menos nueve muertos, más de cien heridos y cerca de doscientos detenidos.

El Gobierno se desmarca 

El recién instalado Ejecutivo ha asegurado que el decreto no es una "licencia para matar" y que se enmarca en la Constitución y las leyes del país. En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, manifestó que la medida dictada el pasado viernes "no contribuye a ningún estado de mayor violencia" sino que es un instrumento para "contribuir a la paz social".

Justiniano explicó que el decreto autoriza a que los grupos de seguridad, Policía y Fuerzas Armadas, "puedan actuar en cumplimiento y el resguardo del orden". La normativa establece que el funcionario que participe en operativos de resguardos "está exento de responsabilidad penal" cuando actúe "en legítima defensa o en estado de necesidad" y bajo los criterios de "legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".