El Parlamento francés aprobó este miércoles por la noche un proyecto de ley que permitirá que la Policía pueda espiar los móviles de sospechosos de delitos graves. El control se llevará a cabo a través de los micrófonos, el GPS y las cámaras de los dispositivos.

De esta forma, los ordenadores portátiles, automóviles, teléfonos y otros aparatos conectados a una red podrán ser intervenidos por las autoridades de forma remota. Se permitirá, así, grabar vídeos o sonidos de personas sospechosas de delitos castigados con cinco años o más de prisión, como por terrorismo o por pertenecer a una banda delincuente.

Esta medida pertenece a un paquete jurídico más amplio impulsado por el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, que persigue la ampliación de la autoridad policial a través de la tecnología.

Mientras Dupond-Moretti insiste en que la nueva normativa solo afectaría a "docenas de casos al año", los bloques de la izquierda francesa han atacado la decisión, calificándola como "un estatuto de fisgones autoritarios". 

La Asamblea Nacional da su aprobación

A pesar de la polémica creada por el artículo 3 del proyecto de ley, este ha sido aprobado por 80 votos frente a 24 en la Asamblea Nacional. Los diputados de Los Republicanos y Renaissance (partido del presidente Emmanuel Macron) votaron a favor, así como el Partido Socialista.

Por su parte, la Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes), encabezada por Jean-Luc Melénchon, votó en contra; un paso que también siguió la mayoría de la derecha y extrema derecha liderada por Marine Le Pen. En este caso, algunos senadores de la que fuera presidenta de Agrupación Nacional se han desvinculado de la posición de Le Pen, afirmando que votarían a favor de la ley. Dichos votos han permitido, finalmente, que avanzara la iniciativa, que estaba atascada en el Congreso.

Los parlamentarios que pretendan seguir oponiéndose a la imposición de esta ley tendrán que recurrirla al Consejo Constitucional en los próximos 156 días, antes de que el presidente Macron la promulgue.

Un debate sobre el derecho a la privacidad

Mientras que las calles de París y otras ciudades francesas retumbaban por las protestas a raíz del asesinato de Naël, en la cámara legislativa francesa se debatía acerca de las implicaciones de la aprobación de la nueva ley.

Dichas preocupaciones se remontan meses atrás. El grupo de derechos digitales La Quadrature du Net trasladó en un comunicado publicado en mayo su inquietud "sobre las infracciones de las libertades fundamentales" que podía implicar la normativa.

El grupo hizo referencia al "derecho a la seguridad, el derecho a la vida y correspondencia privada" y "el derecho a entrar y salir libremente", calificando la propuesta como parte de un "deslizamiento hacia la seguridad de mano dura".

A raíz de la polémica, los parlamentarios del lado de Macron introdujeron una enmienda que limita el espionaje a aquellos casos en los que "esté justificado por la naturaleza y la gravedad del delito" y "durante una duración estrictamente proporcional", con un máximo de seis meses. 

Además, cuando se quiera emplear con una persona, se deberá solicitar el permiso de un juez. No serán considerados objetivos legítimos profesiones delicadas como médicos, periodistas, abogados, jueces y parlamentarios, razón por la que Dupond-Moretti aseguró que estaban "muy lejos del totalitarismo de '1984'", la novela de George Orwell que trata una sociedad limitada por una vigilancia absoluta. El presidente Macron añadió que esta ley "salvará la vida de muchas personas".