Publicado: 16.05.2015 22:29 |Actualizado: 16.05.2015 23:30

Trata de personas y trabajo esclavo, el lado oscuro de Buenos Aires

Tras la muerte de dos niños en un taller clandestino, el Gobierno de la ciudad de Mauricio Macri sigue adelante su campaña electoral ignorando la explotación laboral del negocio textil

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Imagen del local en el que se produjo el incendio donde se puede leer en una pintada: "Esta ropa huele a muerte"

Imagen del local en el que se produjo el incendio donde se puede leer en una pintada: "Esta ropa huele a muerte"

A finales de abril, dos niños de cinco y diez años fallecieron al incendiarse un taller textil clandestino en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Se llamaban Rolando y Rodrigo Menchaca. Eran las 10 de la mañana de un lunes, y los niños no tenían colegio porque el día anterior se habían celebrado elecciones primarias.

Las ventanas del frente de la casona estaban enrejadas y tapiadas por completo. También las aberturas que comunicaban con el subsuelo. Cuando el fuego se alzó desde el sótano, los tíos de los niños intentaron sacarlos por la escalera, pero estaba en llamas. Los adultos terminaron por ser trasladados al hospital, ella, por quemaduras en el rostro, y él, intoxicado de humo.

Los bomberos tuvieron que romper varias paredes para llegar a las víctimas. Los niños yacían sobre la cama, abrazados. A los pies del lecho estaba la perra de la familia. Algunos vecinos dicen que oyeron gritar al hermano mayor desde el interior, pidiendo ayuda. Personal de criminalística infiere que los niños estaban dormidos cuando murieron. Sus cuerpos terminaron carbonizados.



La casa estaba sellada para ahogar los ruidos de las máquinas, ubicadas en la planta baja. Hacía cuatro días que el taller estaba sin suministro eléctrico. El padre de Rolando y Rodrigo cree que la causa del fuego fueron las velas que utilizaban para alumbrar el lugar.

Los abogados de la familia han confirmado a Público que los trabajadores del taller sobrevivían en condiciones de hacinamiento y explotación laboral. En el local trabajaban entre cinco y siete bolivianos para una sola persona, de nacionalidad coreana. Él les proveía las telas y las máquinas, y luego les compraba la mercadería terminada a razón de entre 6 y 8 pesos por prenda (60-80 céntimos de euro).

La dueña de la casa, que vivía al lado del inmueble incendiado, había firmado el contrato de locación con el coreano, pero el alquiler era pagado cada mes por los propios trabajadores, así como el servicio de luz. Había cinco camastros amontonados para que todos ellos durmieran allí. Trabajaban 14 horas seguidas, de 8 h a 22 h.

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Al momento del incendio, los padres de los niños estaban en su hogar de Villa Celina, una localidad muy humilde de la provincia de Buenos Aires. En ocasiones, Rolando y Rodrigo se quedaban a dormir con sus tíos, ya que la escuela estaba a dos manzanas de distancia del taller.

“Hay una responsabilidad política del Gobierno de la ciudad, de Mauricio Macri, que es quien tiene poder de policía de trabajo. Nunca había inspeccionado el lugar aunque tenía información de que podía existir una situación de trata de personas”, contó el abogado de la familia Nahuel Berguier. “La querella intentará que se determine la responsabilidad penal de quienes explotaban el establecimiento, con atención a las posibles ramificaciones que existan en la industria, y también la responsabilidad de los funcionarios a cargo”.

Nuevo incendio

Tras el siniestro, el inmueble quedó clausurado bajo custodia policial, pero diez días después volvió a prenderse en llamas. El inspector de Trabajo del Gobierno porteño, Edgardo Castro, afirmó que el fuego había sido provocado para eliminar etiquetas, máquinas y otras pruebas que pudieran vincular a fabricantes o empleadores con la tragedia.

Pese a todo, se hallaron etiquetas de marcas internacionales como Pierre Cardin y uniformes de al menos una escuela privada. “Estos incendios en Flores desnudaron la batalla interna que existe entre funcionarios del Gobierno porteño por el control de la actividad de los talleres clandestinos, no para regularizarlos sino para permitir que sigan funcionando”, señaló el funcionario.

La organización La Alameda, que investiga y denuncia casos de trata y de explotación labora, había denunciado el 24 de septiembre de 2014 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), del Ministerio Público Fiscal, la existencia de este taller clandestino. Pero la capital argentina es un distrito autónomo, y el Gobierno de la Ciudad es quien tiene el poder de policía, y por tanto la potestad de realizar inspecciones desde diciembre de 2007, en virtud de la Ley del Trabajo a Domicilio.

Los abogados de la familia han confirmado a Público que los trabajadores del taller sobrevivían en condiciones de hacinamiento y explotación laboral.

La Protex notificó sobre la existencia de éste y otros 29 talleres clandestinos al Gobierno de Macri, quien a su vez emitió como respuesta, en noviembre de 2014, dos oficios para confirmar que no había realizado ninguna inspección en esos lugares.

Un vecindario testigo

Basta pasear al atardecer de un sábado por el barrio de Flores para descubrir la sucesión de calles grises por el sinfín de locales cerrados uno junto al otro, tiendas de ropa que se nutren de los talleres que los rodean. Decenas de bolsas con restos de prendas se apilan en cualquier lado. Jirones de tela alfombran la acera.
Omar Ruiz, que vive a dos casas del taller incendiado, fue quien denunció en 2014 la existencia del local clandestino y las condiciones de explotación en las que trabajaban sus vecinos. Sabe de inspecciones, al igual que su mujer Patricia Rodríguez, porque son oficiales de la Justicia federal.

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“Estamos en este barrio desde que nacimos. En esta misma cuadra [manzana] hay otros cinco talleres clandestinos, que hemos denunciado, sin que vinieran siquiera a llamar a la puerta”, indican ambos. “Ahora están sacando las máquinas de esos locales, se están llevando a la gente, y ni siquiera los detiene el Gobierno de Macri para preguntarles,'pero ¿qué estáis haciendo?'”.

“Desde el año pasado tenían que haber venido a comprobar la denuncia sobre el taller que les había pasado la Fiscalía. Y tras el incendio, como organismo de contralor, el Gobierno de la ciudad tenía que haber realizado pericias inmediatas”, sintetizan.

Responsabilidades

“El Gobierno porteño no puede ingresar por la fuerza en este tipo de inmuebles, que desde afuera parecen casas particulares. El inspector golpea y, si nadie le abre, nada puede hacer. Es un tema de difícil solución", dijo a modo de disculpa el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, tras enterarse de la muerte de los dos niños.

La fundación La Alameda ha acusado de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público a cuatro funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, entre los que se encuentra Larreta, aspirante a suceder a Macri en el Gobierno en las próximas elecciones del próximo 5 de julio.

El inspector de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro, también ha demandado al director general de Protección del Trabajo del Gobierno porteño, Fernando Macchi, por connivencia con la red de talleres clandestinos.

A lo largo de estos años, La Alameda ha denunciado a un total de 117 marcas por utilizar mano de obra esclava y trabajo infantil en talleres clandestinos. Entre ellas se encuentra Zara, Soho (hoy recuperada por sus trabajadores), Adidas, Lacoste y Puma.

“Una de las pocas firmas que se vio envuelta judicialmente en el escándalo del trabajo esclavo fue Awada, empresa que pertenece al cuñado de Macri, Daniel Awada, y que llegó a estar imputado por basar su producción en talleres clandestinos”, explica Facundo Lugo, integrante de la fundación. “Al final fue sobreseído, y la causa sigue hoy en curso con la imputación de la intermediaria”.

Mientras Mauricio Macri almorzaba con los jugadores Lionel Messi y Javier Mascherano en España tras haber visto el partido Barcelona-Bayern de Munich, la Alameda se manifestaba frente a la sede de su Gobierno para presentar un mapa con la localización de 170 nuevos talleres clandestinos, realizado en apenas cuatro días con las denuncias que llegaron a la organización.

En realidad, se estima que existen en toda la ciudad 3.000 talleres de este tipo. En toda Argentina, trabajan de manera informal para el sector textil unas 300.000 personas. Son, en su gran mayoría, inmigrantes de Bolivia. Muchas veces, los talleristas o intermediarios también son bolivianos, o coreanos.

“Montones de alumnos viven en talleres clandestinos, en cuartos de dos por dos, en condiciones inhumanas. Porque en la transparencia de los chicos se puede ver quién come bien y quién no, quién duerme bien y quién no, quién tiene la cabeza para estar tranquilo y quién no puede cerrar los ojos ni aun dormidos”, relató en una carta uno de los profesores de la escuela a la que asistían Rolando y Rodrigo. “Claramente hay responsables y todos sabemos quiénes son: el Gobierno de la ciudad es cómplice de esto y el Gobierno nacional es parte también”.

“Claramente hay responsables y todos sabemos quiénes son: el Gobierno de la ciudad es cómplice de esto y el Gobierno nacional es parte también”.

Sentencias por explotación laboral

En Argentina sólo hay cinco sentencias condenatorias por trata de personas con fines de explotación laboral en talleres textiles: tres casos procedentes de San Martín (provincia de Buenos Aires), uno de la capital argentina, y otro más de Salta.

El delito de trata en Argentina fue tipificado en 2008. A finales de 2012 se aprobó una modificación de la normativa, y sólo se reglamentó a comienzos de este años. Según La Alameda, no hay un poder Ejecutivo vinculado con los poderes locales que la empujen y le den el presupuesto necesario para funcionar.

La mayoría de las denuncias por talleres clandestinos se presenta ante el juzgado federal para que se juzgue la posible violación de la Ley de Trata de Personas, la cual es vulnerada cuando hay un mecanismo de captación y traslado de personas, y la Ley de Migraciones, cuando alguien contrata a una persona no documentada.

Si estas premisas no suceden o no pueden probarse, las causas pasan a tramitarse a través de la justicia correccional para comprobar si la persona puede ser considerada víctima de trabajo forzoso, cuando trabaja más de 12 horas, o de reducción a la servidumbre, si trabaja y vive en el mismo lugar.

La Alameda sólo registra una sentencia por reducción a la servidumbre en la ciudad de Buenos Aires, con fecha de 2014.