El Colegio de Abogados de Granada ha suspendido durante 45 días para el ejercicio de sus funciones a Carlos Aránguez, el letrado defensor de Juana Rivas, la mujer granadina condenada a prisión por sustracción de menores al negarse a entregar a sus hijos al padre, al que había denunciado por malos tratos.

La sanción llega después de una denuncia ante el órgano elevada en septiembre de 2021 por el juez Manuel Piñar, magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, que instruyó el caso y condenó a Rivas a cinco años de prisión, una pena que el Tribunal Supremo rebajó a dos años y medio.

Piñar alegó en denuncia que Aránguez ha incurrido en un "comportamiento desconsiderado e irrespetuoso" durante las declaraciones a medios y notas de prensa difundidas por el letrado, que ha acusado de "manifiesta parcialidad" a Piñar en repetidas ocasiones a lo largo del proceso judicial.

De hecho, Rivas y su defensa han llegado a denunciar a Piñar por prevaricación a causa de los comentarios y juicios de valor contra Rivas en el auto judicial que denegaba la salida de prisión de la condenada tras un indulto parcial del Gobierno que rebajó a la mitad su condena de dos años y medio de cárcel, de forma que la condenada no tenía que ingresar en prisión al no contar con antecedentes penales.

En ese auto, que denegaba la salida de prisión de Rivas, Piñar consideraba a la madre "un peligro para su hijos" y, según su defensa, esparcía bulos y falsedades sobre la mujer. No obstante, esta denuncia no ha prosperado y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el último recurso de Rivas al entender que la "imputación de motivaciones ideológicas a una resolución" judicial no puede abrir "la puerta de la prevaricación, si la ideología no suplanta a la aplicación de la ley".

En Ilustre Colegio de Abogados de Ganada abrió un expediente disciplinario al abogado de Rivas y la Comisión Delegada de Deontología estimó que la conducta del letrado "ha de considerarse una falta de probidad, lealtad y respeto" al juez, lo que constituye una infracción grave de los estatutos de la Abogacía Española.

En un comunicado remitido a los medios, Aránguez ha mostrado su "preocupación" sobre esta decisión del colegio de abogados y ha asegurado que mantiene su acusación de parcialidad contra el juez. Se ha mostrado "dispuesto" a llevar el caso ante el Tribunal Constitucional, que "podrá pronunciarse sobre la parcialidad o no del Juez Piñar en el caso Juana Rivas". 

"En una sociedad democrática todo jurista tiene derecho a expresar su opinión. Decir que un juez es manifiestamente parcial (lo dije y lo mantengo) y aportar múltiples argumentos que respaldan esa afirmación, no puede ser nunca objeto de sanción por un Colegio de Abogados", afirma Aránguez, que recuerda que los colegios profesionales "son una institución medieval, ya desaparecida en la mayoría de países civilizados". Manifestar su opinión sobre decisiones judiciales que afectan a sus representados es "un derecho y un deber que el Colegio debería proteger en lugar de sancionar", ha lamentado el letrado.

En su declaración, Aránguez recuerda además que el mismo colegio de abogados que le ha suspendido fue el que se querelló por delito de intrusismo profesional contra Paqui Granados, la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, "que apoyó públicamente a Juana Rivas" y a quien tuvo "el honor de defender, consiguiendo el sobreseimiento en el Juzgado de Instrucción" cuyo recurso nunca fue admitido por Audiencia Provincial, por lo que "perdieron el caso".

"La condena de cinco años de prisión inicialmente impuesta por el juez Piñar fue sucesivamente rectificada en instancias superiores, en las que se acogieron nuestros argumentos jurídicos. Y es esencial subrayar este aspecto, por razones obvias", insiste el letrado.

Al mismo tiempo, enfatiza que el TSJA ha dado la razón al juez en cuanto a su imparcialidad, aunque en su auto considera "inadecuado" el uso de redes sociales del juez Piñar, en las que públicamente, se declara contrario a las políticas feministas y pone en cuestión la legislación vigente que
protege a las víctimas de violencia de género.