Publicado: 02.04.2014 13:13 |Actualizado: 02.04.2014 13:13

Alaya impone una fianza civil de casi 40 millones de euros a un ex secretario general de la Junta

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La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 3.323.672,49 euros al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, mientras que impone otra fianza de 33,9 millones al que fuera secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez, según sendos autos.

Igualmente, la juez Mercedes Alaya determina una fianza civil de cinco millones de euros a Javier Aguado, que fue secretario general técnico de la Consejería de entre 1994 y 2000, y otra de un millón de euros a Lourdes Medina, que dicho cargo en Empleo entre 2008 y 2012.

En un auto, la juez impone a Rivas esa fianza por su "conocimiento y participación activa" en los expedientes de Morell, Intersur, Samec y Surcolor.

Además impone diversas cantidades como fianza a tres ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo: 33 millones a Juan Francisco Sánchez, 5 millones a Javier Aguado Hinojal y un millón a Lourdes Medina.

En otra resolución, la juez instructora acuerda archivar las diligencias respecto a dos empleadas de la aseguradora Vitalia de las que no considera demostrado su control sobre los hechos presuntamente delictivos.

En cambio, acuerda continuar las actuaciones contra el hijo del dueño de la aseguradora Uniter, imputado al igual que en el caso de Vitalia por las presuntas sobre comisiones que se cobraban en los ERE.