La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que la reforma dirigida a rebajar las condenas por determinados delitos relacionados con la libertad de expresión no significa renunciar a otras iniciativas anunciadas por el Ejecutivo, tras ser preguntada si la decisión supone aparcar la dirigida a crear el delito de apología del franquismo.

Las cuestión, planteada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se refería al anuncio realizado este lunes de que se estudia reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona dentro del Código Penal para que no sean castigados con penas privativas de libertad.

"El gobierno ya expresó su voluntad e iniciativa para dotar de proporcionalidad a esta norma y aportar un marco mas seguro", ha señalado, para añadir que la revisión de estos delitos va en relación con resoluciones recientes del Tribunal Constitucional y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el sentido de que "estos excesos verbales en el marco de expresiones artísticas y culturales deben quedar al margen del castigo penal".

Podría ser de urgencia

En otro momento de la rueda de prensa, la portavoz ha señalado la voluntad del Gobierno de "imprimir velocidad" a la reforma del Código Penal, si bien tras ser preguntada expresamente si esto quiere decir que la reforma de los delitos de libertad de expresión irá por la vía de la urgencia ha aclarado que esta decisión aún no está tomada, puesto que hay previstas otras reformas penales y podría ir todo de forma global.

"Hoy por hoy no hay elemento de urgencia para hacerlo fuera de la reforma global del Código Penal, salvo que el Ministerio de Justicia entienda que habrá sentencias en la misma línea y haya que acelerar", ha añadido.

En otro momento de su comparecencia ha recordado que, en todo caso, la vocación de la reforma es "de continuidad" y la voluntad del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es como en todas las reformas que ha emprendido que se alcance el mayor consenso posible.

Por su parte, las asociaciones de jueces con mayor representación en la Carrera, la Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria (AJFV) piden consenso y no reformar "en caliente" los delitos sobre libertad de expresión.

"Lo que sí que podemos decir es que se trata de un debate muy importante, de trascendencia de ley orgánica y que, por tanto, se debe analizar con la máxima cautela, prudencia y tranquilidad. En cualquier caso, se deben evitar reformas del Código Penal a golpe de titular o de casos concretos, la seguridad jurídica es lo primero", añaden desde Comité Nacional de AJFV. 

Añaden que la libertad de expresión es clave en una democracia y su regulación tiene que ser cuidadosa para no disuadir de expresar opiniones, pero sin olvidar que a veces se cometen delitos por este medio como por ejemplo, amenazas.

Ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél

Además, Montero ha defendido la "cintura política" y la "sensibilidad" del Gobierno ante lo manifestado por "gran parte de la población que se mostró atónita" ante recientes sentencias, en alusión aunque sin citarlo al anuncio de ingreso en prisión del rapero Hasél, tras ser condenado por el contenido de las letras de algunas de sus canciones.

La decisión judicial ha motivado concentraciones en Madrid y Barcelona y un manifiesto firmado por más de 200 representantes del mundo de la cultura. La ministra portavoz ha admitido que ese manifiesto ha influido en la decisión del Gobierno.

Esta respuesta "sensible" del Gobierno ante condenas que pueden ser desproporcionadas no es nueva, según Montero, que ha aludido al caso de la Manada de Pamplona para referirse a "materias dinámicas que no pueden esperar cuatro años a que nos presentemos a las elecciones".

A su juicio, un "gobierno progresista que defiende la libertad de expresión", considera que pueda haber reproche penal a determinadas conductas "pero no desde luego con penas de cárcel como la conocida en los últimos días".