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Caso Lezo El Canal presentó como "atractivo trampolín" a América el desfalco de 70 millones de euros

La Fiscalía quiere que se investigue a Alberto Ruiz-Gallardón, el entonces presidente de la Comunidad de Madrid que autorizó esta operación.

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"Un atractivo trampolín para el inicio de las operaciones del Canal de Isabel II en el continente americano". Con ese argumento presentó el director gerente del Canal, Arturo Canalda, en 2001 la compra de Inassa por 73 millones de dólares, una operación que en realidad fue un desfalco millonario a las arcas públicas.

La entidad pública utilizó el dinero para comprar una empresa opaca panameña que desapareció posteriormente

Según los documentos aportados al sumario del caso Lezo, el Consejo de Administración del Canal trató este asunto en una reunión del 8 de octubre y posteriormente en otra del 14 de noviembre de 2001, en la que se dio el visto bueno a realizar una oferta por el 75 % de Inassa por 73 millones de dólares.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde a esa operación el 29 de noviembre, con firma del presidente regional, Alberto Ruiz Gallardón, y la operación se hizo a través de la filial Canal Extensia.

Pero, en realizad, lo que hizo el Canal fue comprar la empresa opaca panameña Sociedad Aguas de América, creada para realizar esa compra y que desapareció posteriormente.

La Fiscalía quiere que se investigue a Gallardón por esta operación al considerar que causó un desfalco de unos 70 millones de euros a las arcas públicas, pues el valor de la empresa adquirida era mucho menor del que se pagó.

En la reunión del Consejo de Administración del 8 de octubre de 2001, el director gerente ofreció una serie de datos sobre Inassa, empresa colombiana propietaria de la sociedad Agua, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, conocida como la Triple A, que tenía además presencia en República Dominicana, Ecuador, Venezuela.

Según expuso, la facturación anual de la Triple A era de unos 73 millones de dólares. "Un negocio básico seguro cuyos ingresos deben rebasar los 80 millones de dólares cuando se terminen las ampliaciones de la concesión a zonas metropolitanas que están en curso".

Es decir, tenía "una buena tarifa, sostenible y equilibrada", expuso Canalda, quien justificó la compra en "la oportunidad ante la actual situación del mercado, la falta de compromisos futuros de inversión, la madurez del negocio, la excelente gestión de la empresa, la recomendación del Banco Mundial" y en la capacidad, conocimiento y experiencia del Canal en el sector.

Todo ello, dijo, hacía de la operación "un atractivo trampolín" para la entrada del Canal en América.

El consejero Agapito Ramos tomó la palabra para pedir "minuciosidad" en el estudio de la operación, para que el Canal no actuase como "una Ong", en tanto que el consejero José Antonio Llanos preguntó por qué si esa empresa tenía resultados tan positivos se ponía a la venta.

En cualquier caso, se facultó a la dirección de la empresa pública a preparar una oferta, operación que se autorizó por unanimidad en el siguiente Consejo, el 14 de noviembre, por importe de 73 millones de dólares.

El presidente del Canal, Pedro Calvo, defendió que la operación era positiva "a la vista de los informes existentes" y defendió que "el posible o hipotético riesgo que todo negocio lleva implícito" estaba "valorado y asegurado económicamente".

Así se fraguó la operación que permitió la entrada del Canal de Isabel II en América, origen de las posteriores actuaciones que se investigan en el caso Lezo, por el que está en prisión el expresidente madrileño Ignacio González.

En una conversación que consta en el sumario con el exministro Eduardo Zaplana, González afirmó que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares" y que Gallardón o "su gente" estuvieron detrás de la operación.