"La investigación y el enjuiciamiento de la corrupción de alto nivel (en España) sigue siendo motivo de preocupación, ya que los procedimientos son largos y complejos", se desprende del tercer informe sobre el Estado de Derecho que la Comisión Europea elabora y presenta anualmente analizando en detalle los pilares democráticos de cada uno de los 27 Estados miembros.

La caja B del PP. El caso Gürtel. El presunto fraude a Hacienda del Rey Emérito Juan Carlos I. El caso ERE en Andalucía. El caso Malaya. Por todo ello, "abordar los desafíos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos en los casos de corrupción de alto nivel" es una de las recomendaciones que salen este miércoles de Bruselas a Madrid.

Además, la Comisión Europea exhorta a nuestro país a renovar y reformar con urgencia el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde 2018 ante la imposibilidad del Gobierno y de la oposición del PP. El bloqueo durante tres años y medio del órgano de jueces es inédito en la política española, que siempre había encontrado las fórmulas para renovarlo a través de acuerdos entre PSOE y PP. Esta misma semana ha tenido lugar otro encuentro fallido entre los de Sánchez y los de Feijóo para sacarlo adelante. Y Bruselas comienza a impacientarse.

La formación azul suma más de tres años impidiendo el acuerdo por discrepancias sobre la elección de los vocales pidiendo que fuesen elegidos directamente por las asociaciones de jueces. Con el anterior mandatario popular Pablo Casado el pacto pareció cerca por momentos, pero todo hace anticipar que con la nueva dirección el sendero de obstáculos continúe igual. De hecho, en La Moncloa no descartan agotar la legislatura sin acuerdo.

En este fuego político cruzado, ambas partes han buscado el cobijo de Bruselas, que ha repetido en numerosas ocasiones que su línea roja es que los nombramientos estén en "cumplimiento con los estándares europeos". Por otro lado, la reforma exprés para la renovación del Tribunal Constitucional que el Gobierno llevará esta misma semana al Congreso se anticipa otro foco de tensión con el principal partido de la oposición.

El que ha visto la luz este miércoles es el tercer informe del Ejecutivo comunitario y las líneas maestras van en la misma dirección que los antecesores. Bruselas acusa la relación entre la Fiscalía y el Gobierno y pide fortalecer esta figura después de que el Gobierno de Pedro Sánchez nombrase a la que fuese su ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. Los de Von der Leyen temen que ello pueda poner en riesgo su independencia.

España no sale mal parada en comparativa con otros países. El desgrane es mucho más demoledor en otros territorios con serios problemas con el Estado de Derecho como Hungría o Polonia. El documento se cimenta sobre el análisis de cuatro pilares: el sistema judicial, el marco anticorrupción, la pluralidad de los medios de comunicación y el equilibrio de poderes.

Bruselas aplaude las perspectivas para establecer una reforma del Código Penal o un Plan Anti-Corrupción, pero hace una llamada de atención para que el país apruebe una ley sobre transparencia de los lobbies y que obligue a registrar sus encuentros con representantes públicos.

En lo referido al campo de los medios de comunicación, el informe resalta los retos todavía por delante en lo relacionado con la transparencia de la propiedad de los medios. Otras de las llamadas de la Comisión pasan por mejorar el acceso a la información para facilitar el trabajo de los periodistas y aboga por poner más recursos sobre las cadenas públicas.

El Estado de Derecho, la piedra en el zapato europeo

El informe de 60 páginas que ha visto hoy la luz es una radiografía no vinculante. Todo lo que sale de su tinta son recomendaciones para los Gobiernos nacionales, aunque es la base de los futuros debates y medidas que tomen el Parlamento y el Consejo Europeo.

El de este año está marcado por un momento de volatilidad y tensión dentro y fuera de las fronteras europeas. La pandemia de la covid-19 sirvió a líderes populistas como Víktor Orbán para otorgarse poderes adicionales. El líder del Fidesz ha hecho lo propio decretando el estado de emergencia en su país bajo el pretexto de la guerra en Ucrania.

El plan de recuperación magiar es, de hecho, el único que no ha obtenido la luz verde de la Comisión Europea, que recela de que el dinero europeo caiga en redes clientelas y sea malversado por los de Budapest. Mejor suerte ha corrido el otro país bajo la lupa del Estado de Derecho en la UE: Polonia.

En un movimiento controvertido, Ursula von der Leyen dio recientemente su beneplácito al plan polaco a pesar de que el ultraconservador Partido Ley y Justicia (PiS) no ha dado marcha atrás en la batería de medidas que desde 2015 están erosionando su poder judicial y la independencia de sus magistrados.

Hungría y Polonia son, de hecho, los países que más recomendaciones han recibido: ocho y siete respectivamente. En ellas, Bruselas muestra su preocupación sobre la falta de independencia judicial, el hostigamiento sobre la prensa independiente y la sociedad civil o los problemas con la corrupción.

En un contexto de inestabilidad exterior, la UE suma sus esfuerzos y energías en hacer frente en la guerra que se libra a sus puertas, que ha dejado la deriva de países como Hungría o Polonia en segundo margen. Sin embargo, uno de los retos más inmediatos del proyecto europeo a nivel interno –y que más marcarán cómo será la UE en el futuro- es atajar los desmanes de gobiernos que plantan cara a los valores y derechos europeos fundacionales como la igualdad o la separación de poderes.

La UE sabe que para que su bandera sobre defensa de derechos humanos sea tomada en serio fuera, debe ser coherente en este campo dentro. "La agresión militar de Rusia contra Ucrania demuestra que proteger y promover el Estado de Derecho es ahora más importante que nunca. La UE solo será creíble si defendemos y reforzamos la cultura del Estado de Derecho en casa", explica Didier Reynders, comisario de Justicia.