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El Gobierno se encomienda a sus aliados para renovar el Tribunal Constitucional ante el bloqueo del PP

El Ejecutivo confía en recabar el apoyo necesario para que la proposición de ley socialista salga adelante y el CGPJ pueda nombrar a dos magistrados del TC que, junto con los otros del Gobierno, conformarán una mayoría progresista. Por su parte, el CGPJ rechaza la reforma por "contradictoria".

17/03/2022.- EL portavoz socialista Héctor Gómez (i) conversa con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián (d), durante el pleno del Congreso de los Diputados, este jueves. EFE/ Zipi
El portavoz socialista, Héctor Gómez, conversa con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, durante un pleno del Congreso. Zipi / EFE

El nuevo movimiento jurídico del Gobierno para sortear el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta esta semana su primera y única prueba en el Congreso. Fuentes de la dirección del grupo socialista trasladan a este diario su confianza en recabar los apoyos suficientes a favor de su proposición de ley para permitir que el Ejecutivo pueda nombrar a los dos magistrados que por turno le corresponde y que el gobierno de los jueces pueda hacer lo propio con otros dos en el Tribunal Constitucional

Todo ello, con la finalidad de que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que viene a modificar la propia ley impulsada hace más de un año por los partidos del Ejecutivo para impedir que el CGPJ en funciones realice nombramientos, reciba el visto bueno en el Senado antes de agosto, en el pleno extraordinario previsto para la próxima semana.

La contrarreforma de los socialistas, que plantea la modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, tendrá que contar con el aval de los socios parlamentarios del Ejecutivo toda vez que los de Pedro Sánchez han rechazado este martes un acuerdo en materia de Justicia con el PP.

"Antes de empezar a hablar lo que hay que hacer es cumplir la Constitución", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en respuesta a la propuesta del PP hecha pública también este martes para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Sin acuerdo tras la reunión exprés

Y es que, para llevar a cabo dicha renovación, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha puesto como única línea roja la retirada de la proposición de ley "unilateral" del PSOE que se vota el jueves en el Congreso para que el CGPJ pueda hacer sus nombramientos en el TC y que el "Gobierno ha pactado con ERC". No obstante, la ministra portavoz ha alejado cualquier posibilidad de acuerdo con los de Alberto Núñez Feijóo en este sentido. "La Constitución y su cumplimiento no es negociable, lo único que pide el Gobierno al PP es que cumpla la Constitución", ha apostillado.

A raíz de esta propuesta, y después de una reunión exprés entre González Pons y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el Gobierno se ha reafirmado en su postura. "El líder del PP ha cambiado, pero Feijóo y Casado tienen la misma voluntad de bloqueo de las instituciones democráticas y del órgano de gobierno de los jueces", han aseverado fuentes gubernamentales.

Asimismo, estas mismas fuentes recuerdan que la proposición de ley, cuya retirada exigen los populares, "también fue acordada con la dirección anterior del PP" en el marco del acuerdo de renovación del TC, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo que se produjo en octubre de 2021. "No es admisible ninguna excusa más por parte del PP para no acometer la renovación del CGPJ inmediatamente. El cumplimiento de la Constitución no se negocia", añaden estas fuentes.

El futuro de la reforma pasa por los socios del Gobierno

Ante el rechazo de PP, Vox y Cs, que han afeado además su tramitación abreviada en la Cámara Baja, los socialistas confían en obtener el respaldo de los socios de la investidura. En este contexto, el portavoz socialista, Héctor Gómez, ya mostró la semana pasada su confianza en contar con los votos suficientes para sacar adelante la norma (se necesita mayoría absoluta).

Unidas Podemos, que en un principio se había opuesto a esta reforma al alegar que no estaba pactada y era incompleta, votará a favor finalmente, aunque, en palabras de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, hay que profundizar en otras reformas legislativas, como la de rebajar las mayorías para elegir a los vocales del CGPJ, para sortear el bloqueo ejercido por el PP a la renovación del órgano judicial de los jueces y del que se cumplen tres años y medio.

En esta línea se pronunció el líder de Más País, Íñigo Errejón, que avanzó el apoyo de los dos diputados de su partido a la proposición de ley a pesar de considerar que el problema radica en que el PP "se cree que los jueces se nombran en su sede de la calle Génova".

Más cauta fue la portavoz adjunta de ERC en la Cámara Baja, Carolina Techelea, que no desveló el sentido del voto de su formación a la espera de debatir la propuesta de los socialistas en el seno de su grupo. Si bien, fuentes parlamentarias republicanas indican que se muestran dispuestas a apoyarla. De hecho, la propia Telechea reconoció en rueda de prensa que "a nadie se le escapa que tenemos una cúpula judicial muy conservadora que carece mucho de progresismo y también de feminismo".

Pleno de urgencia en el CGPJ

La proposición de ley del PSOE ha provocado este lunes un Pleno Extraordinario del CGPJ ante la petición de nueve de sus vocales, todos ellos, de tendencia conservadora, que instaban a emitir una petición consensuada para que el Congreso de los Diputados recabe la opinión del gobierno de los jueces sobre la reforma impulsada por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Y así ha quedado finalmente aprobado con 10 votos a favor, 7 en contra y dos en blanco. El voto del presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, ha sido crucial para que salga adelante la propuesta.

También ha acordado el Pleno pedir al Congreso que recabe el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) en relación a la reforma planeada. El CGPJ renuncia a "informar" directamente a la Comisión Europea, como recogía la propuesta inicial.

"La precipitación con la que se va a llevar a cabo la tramitación de la iniciativa legislativa excluye que se pueda esperar al Pleno de este Consejo previsto para el día 21 de julio", esgrimieron hace unas semanas esos nueve vocales. 

Han votado a favor de la propuesta el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.

Han votado en contra los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
Los vocales Enrique Lucas y Vicente Guilarte han votado en blanco. 

El texto aprobado por el CGPJ considera una "contradicción" el hecho de que se aluda en la exposición de motivos de la proposición de ley del PSOE que la finalidad es evitar las dificultades que el texto vigente entraña para la renovación de los órganos constitucionales cuando "tan Órgano Constitucional es el Tribunal de Garantías como lo son los Juzgados y Tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial".

El PSOE pretende renovar el tercio de magistrados del TC que ya han finalizado su mandato, entre ellos el presidente, Pedro González-Trevijano, y el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, permitiendo que el CGPJ en funciones pueda hacer únicamente nombramientos discrecionales en el Constitucional. Los 20 magistrados del TC se renuevan por tercios, por lo que han de ser nombrados a la vez los dos del Gobierno y los dos del CGPJ, que son los cuatro que ya han finalizado su mandato.

El PP le exige al Gobierno que derogue la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita las funciones del CGPJ para que pueda hacer todo tipo de nombramientos, no sólo en el TC, cuando tiene el mandato caducado, como ocurre desde hace más de tres años. El PP Impone la derogación como condición sine qua non para proceder a la renovación del CGPJ.

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