El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha
encargado la confección de un plan de choque para poner al día, en un plazo de seis meses, la tramitación de los recursos de amparo, que actualmente se encuentra seriamente retrasada, según ha informado el TC. 

Ese plan de choque se confeccionará por un equipo de trabajo integrado por el
secretario general del tribunal, Andrés Gutiérrez, el secretario general adjunto, Juan Carlos Duque, y el letrado adscrito al presidente, Ignacio Sánchez Yllera. 

La realización del citado plan se acordó este miércoles en una reunión de trabajo celebrada en el despacho del presidente, y a la que acudieron todos los letrados coordinadores de las diversas especialidades que funcionan en el tribunal (civil, penal, social, contencioso-administrativo y parlamentario). 

Para colaborar en esta puesta al día, el pleno gubernativo acordó la contratación de ocho nuevos letrados colaboradores, cuya convocatoria ya ha sido remitida al Boletín Oficial del Estado. 

De esta manera, el nuevo presidente del TC quiere cumplir su propósito de acelerar en la resolución de un centenar de recursos de amparo pendientes, entre los que están los que se refieren a las leyes más progresistas del Gobierno de coalición y que han sido recurridas por el PP y Vox. 

Cándido Conde-Pumpido anunció este martes, durante el primer pleno gubernativo del nuevo tribunal, su plan de trabajo para los próximos meses. Para el primer pleno de febrero (7,8 y 9) se resolverá el recurso del PP por la ley del aborto aprobada en 2010, un asunto que casi 13 años en un cajón. 

Para el segundo pleno de febrero (los días 21, 22 y 23) el TC resolverá sobre el recurso del PP y Vox por la ley de eutanasia. 

Para el primer pleno de marzo (los días 7, 8 y 9) el pleno resolverá el recurso del PP contra la ley de educación en vigor, conocida como Ley Celaá por la ministra que la impulsó. La ponencia será a cargo de la nueva magistrada Laura Díez. 

Laura Díez se abstiene

Precisamente esta magistrada, propuesta por el Gobierno, ha decidido abstenerse de redactar la ponencia que le había encargado Conde-Pumpido en dicho pleno del martes sobre los recursos de inconstitucionalidad que presentaron PP y Ciudadanos contra la ley catalana que elimina el 25% del castellano en las aulas.

La decisión de su abstención está motivada por Laura Díez  firmó el pasado verano dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya, en calidad de vicepresidenta del órgano, a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma. 

En otro orden de cosas, en el plano del próximo 24 de enero, el TC decidirá sobre la admisión a trámite del recurso del Vox contra la ley del 'sólo sí es sí', cuya ponencia será del magistrado Ramón Sáez.