El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma de las pensiones, la ley de interinos y a la norma de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En concreto, la Cámara Baja ha dado luz verde a la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, que volverá a revalorizar anualmente conforme a la evolución de índice de precios de consumo (IPC) y que pone fin a la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy que reventó el planteamiento inicial al gastar entre 2012 y 2018 61.000 de los 66.800 millones acumulados en la conocida como la hucha de las pensiones.

La norma incluye un mecanismo de equidad intergeneracional que subirá transitoriamente las cotizaciones sociales para rellenar el fondo de reserva y que se ha negociado "in extremis" con los agentes sociales.

El mecanismo contempla una subida de las cotizaciones sociales durante diez años de 0,6 puntos, de los que 0,5 puntos serán pagados por la empresa y 0,1 puntos por el trabajador. Además de la revalorización con la inflación, la norma contempla cambios en los coeficientes reductores para los que se retiren antes de la edad legal de jubilación, que pasan a ser mensuales frente al calculo trimestral actual y se aplican directamente sobre la pensión.

También se establecen nuevos incentivos para la jubilación demorada: una subida de la pensión del 4% por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos. El objetivo de estas medidas es favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo.

La norma ha salido adelante con 176 votos a favor, 148 votos en contra y seis abstenciones, con lo que pasa al Senado para continuar su tramitación parlamentaria con el objetivo de que esté en vigor el próximo 1 de enero, según recoge Efe. 

Ley de reducción de la temporalidad en el sector público

El proyecto de ley de interinos ha sido aprobado en el Congreso por 170 votos a favor, 5 en contra y 156 abstenciones. La norma pretende reducir la temporalidad del sector público del 30% al 8%, lo que conlleva un proceso de estabilización que podría afectar a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024.

En concreto, las administraciones convocarán por el sistema de concurso, sin oposición, las plazas ocupadas "con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016", es decir permite a interinos con esta antigüedad optar a plazas fijas sin oposición sino vía concurso de méritos.

Ley de cadena alimentaria

La reforma de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria también ha superado este jueves su último debate en el Congreso de los Diputados. La norma prohíbe la venta a pérdidas y transpone la directiva europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones que existen entre empresas del sector agroalimentario.

La Cámara baja ha aceptado casi todas las enmiendas introducidas en el Senado, de las que muchas eran correcciones técnicas, revisando así en segunda lectura el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Entre los objetivos de la norma están lograr más transparencia en la formación de precios, mayor equilibrio entre eslabones y mejores instrumentos de negociación para los agricultores y ganaderos.

"Eso no va a garantizar que todos los problemas del sector queden resueltos, pero es un instrumento prioritario para tener relaciones comerciales a la altura del siglo XXI", ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas en unas declaraciones recogidas por Efe.