El presidente catalán cesado Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros estarán libres en Bélgica hasta que la justicia de allí resuelva definitivamente la orden europea de detención y entrega cursada por la Audiencia Nacional, previsiblemente entre enero y febrero.

Puigdemont y sus exconsejeros sólo tienen que comunicar a la policía belga por correo electrónico y con 48 horas de antelación los desplazamientos que planean realizar por el país, una vez ha fijado domicilio ante la justicia belga. Esta situación se mantendrá “hasta que se tome la decisión definitiva” sobre la eurorden que pesa sobre los cinco políticos, según acordó el pasado día 5 el juez de Instrucción del Tribunal flamenco de primera instancia de Bruselas ante el que comparecieron tras entregarse a la Policía belga.

El inicio del proceso para entregar a los cinco políticos comienza este viernes. Puigdemont y sus exconsejeros Antonio Comí, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxel Serret afrontan una vista a las dos de la tarde ante un juez neerlandés seleccionado poco antes. El idioma lo han escogido sus defensas.

La Fiscalía representa a la justicia española en esta vista que se celebra en la Chambre du Conseil (Consejo del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas) para tramitar la solicitud de entrega de los cinco políticos, investigados en la Audiencia Nacional por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

En concreto, la Fiscalía representa en la vista a la justicia española. Por ello, remitió el pasado día 10 un escrito a la magistrada del caso, Carmen Lamela, para conocer y aclarar detalles de la entrega. La magistrada de la Audiencia Nacional ha respondido este jueves al escrito firmado por el fiscal Jean Marc Meilleur, quien dice que sólo la confianza mutua entre ambos sistemas judiciales no es suficiente.

Bélgica pregunta si pueden ser agredidos en prisión

Las preguntas del ministerio público belga se centran en tres ámbitos: el sistema penitenciario, el procedimiento judicial español y detalles sobre los hitos del proceso independentista.

Así, la fiscalía belga pregunta en qué prisiones ingresarían los cinco políticos, cuánto tiempo duraría su encarcelamiento, el régimen penitenciario y el régimen interno.

La Fiscalía belga pide que la juez aclare la seguridad del interior de las prisiones y si hay riesgo de que los funcionarios agredan a los cinco políticos o sean objeto de violencia por parte de los presos. La magistrada debe aclarar también el espacio y las condiciones de salubridad de las celdas, el acceso a las duchas, cómo es la asistencia médica…

En cuanto al procedimiento judicial, las preguntas se centran en si se les tomaría declaración cuando llegaran a España, si el juez que instruye la causa es el mismo que los va a juzgar, si las partes tienen acceso a todo el procedimiento y si la Audiencia Nacional es un tribunal ordinario.

Además, la Fiscalía belga requiere detalles sobre los hechos contenidos en la eurorden: hitos del proceso independentista, qué resoluciones ha aprobado el Gobierno catalán que vulneran la ley, qué delitos supuestamente han cometido.

Al menos hasta enero

El proceso que arranca este viernes durará al menos hasta enero. La razón es que la decisión del juez de primera instancia belga se conocerá entre 8 y 10 días. Esta resolución se podrá recurrir ante la Corte de Apelaciones de Bruselas, que tardará dos semanas más en celebrar la vista oral ante un tribunal formado por tres jueces. Diez días después llegará la resolución.

La decisión apelada puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo por medio de un recurso de casación donde, tras dos semanas, se fijará la fecha de la deliberación y un tribunal de cinco jueces del Supremo resolverá ese mismo día. Puigdemont planea después recurrir a los tribunales europeos.

La orden europea de detención y entrega es un sistema ágil basado en la cooperación judicial y que sustituye en la UE el tratado de extradición, que en el caso de España y Bélgica está vigente desde el 1 de enero de 2004 sobre la base del principio de reconocimiento mutuo.

La defensa de Puigdemont argumentará que los delitos de rebelión y sedición no existen en el Código Penal belga, tal y como está esbozado en la querella de la Fiscalía. Esto que, que no existe una doble incriminación entre ambos países, a excepción del delito de malversación del que también está acusado.

La orden europea de detención elimina la posibilidad de que el Estado de ejecución deniegue la entrega porque los hechos no están tipificados como delitos en su legislación cuando la ley penal española prevea pena de cárcel de más de tres años y excluye la exigencia de la doble incriminación a una lista de 32 delitos comunes donde no figura la rebelión (organización delictiva, terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de los niños y pornografía infantil, tráfico de drogas y armas, corrupción –donde entraría la malversación-, fraude que afecte a los intereses financieros europeos, blanqueo, homicidio, secuestro, robos a mano armada, estafa, chantaje, violación…)

El Código Penal belga contempla el delito de rebelión en su artículo 269, que define como “cualquier ataque, cualquier resistencia con violencia o amenazas” a autoridades y funcionarios así como “oficiales o agentes de la policía administrativa o judicial, que actúan para la ejecución de las leyes, órdenes u ordenanzas de la autoridad pública, los mandatos de la justicia o los juicios”.

En este tipo de artículo entrarían los hechos de Barcelona del 20 y 21 de septiembre, cuando una multitud rodeó la consejería de Economía mientras una comisión judicial practicaba un registro, así como la celebración del referéndum del 1 de octubre, si prospera el planteamiento de la Fiscalía en el que acusa a Puigdemont de rebelión por “imponer la fuerza de la muchedumbre” y que sabría que habría “actos de violencia” con la celebración del referéndum del 1 de octubre, prohibido por el Tribunal Constitucional.

El abogado belga Paul Bekaert, contratado por Puigdemont, es especialista en ganar estos pleitos para miembros de ETA sobre la base de una hipotética vulneración de los derechos fundamentales del investigado en caso de entrega a España. Y su estrategia defensiva pasará por presentar el riesgo de una supuesta violación de los derechos de Puigdemont así como definir las cargas policiales del 1-O como una violación de derechos fundamentales.

El artículo 104 del Código Penal Belga castiga la rebelión con 20 a 30 años de cárcel como un intento de destruir o cambiar la forma de gobierno, la sucesión al trono o hacer que los ciudadanos se “levanten en armas”.