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Puigdemont iría a la cárcel de Estremera y tendría celda individual si la pide

Así se pone de manifiesto en la respuesta que España ha remitido a la Fiscalía belga, que ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información sobre el sistema penitenciario y judicial español de cara a la comparecencia de este viernes ante un juez belga de Puigdemont y los cuatro consellers cesados que se encuentran en Bruselas.

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Carles Puigdemont, en una dependencia de la sede de la Fiscalía belga en Bruselas. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

El presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont ingresaría en la prisión de Estremera (Madrid VII) en caso de que se decidiera su encarcelamiento tras la extradición, en el que podría disponer de celda individual si la pide o compartirla con alguno de sus exconsellers.

Así se pone de manifiesto en la respuesta que España ha remitido a la Fiscalía belga, que ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información sobre el sistema penitenciario y judicial español de cara a la comparecencia de este viernes ante un juez belga de Puigdemont y los cuatro consellers cesados que se encuentran en Bruselas.

Según han indicado a EFE fuentes de Instituciones Penitenciarias, en la respuesta a la pregunta de la Fiscalía de "¿En qué cárcel quedarán encerrados?", se asegura que Puigdemont y los consellers cesados Antonio Comí y Lluís Puig irían a Estremera, a 70 kilómetros de Madrid, y donde están en prisión preventiva los exmiembros del Govern que la jueza Lamela envió a la cárcel.

Mientras, las conselleras cesadas Clara Posantí y Mertixell Serret ingresarían en un centro penitenciario de la Comunidad de Madrid, previsiblemente el de Alcalá Meco, donde están recluidas ya otras dos conselleras cesadas.

Las autoridades españolas han informado a la Fiscalía belga de las condiciones de la cárcel Estremera, un centro tipo con un diseño muy avanzado, inaugurado en 2008 y con instalaciones que mejoran las de prisiones de otros países europeos. De hecho, esta prisión cuenta con celdas amplias de 11 metros cuadrados, talleres para los internos, aulas y atención médica todo el día, así como los demás servicios propios de una cárcel.

A la pregunta de "¿Cuáles son las dimensiones de la celda en la cual el (los) implicados (s) serán encerrados?", las autoridades españolas, según las mismas fuentes, han ofrecido a la Fiscalía información adicional, como que cada celda está equipada para ser ocupada por dos internos y tiene inodoro y ducha con una separación para preservar la intimidad, así como conexión para televisión.

También informan a la Fiscalía de que las celdas pueden ser compartidas pero se podría garantizar la estancia individual salvo que los facultativos observen riesgo de suicidio.

Y a la pregunta de su hay "superpoblación" en la cárcel donde ingresarían los huidos y las medidas que se tomarían para "impedir que los implicados se vean confrontados con las consecuencias negativas de tal superpoblación", España señala que Estremera tiene 1.214 celdas y en la actualidad está ocupada por 1.071 internos.

De todos modos, Prisiones podría garantizar una celda individual si Puigdemont o los consellers cesados lo solicitan.

Las autoridades españolas han respondido a catorce preguntas sobre el sistema carcelario, entre ellas las relacionadas con la higiene, el acceso a equipamientos sanitarios o duchas y a la asistencia médica, la comida (¿Es suficiente y de buena calidad?, ha preguntado la Fiscalía), las actividades recreativas y culturales o las visitas de familias o amigos.

Recuerda España que sólo si protagonizan incidentes violentos especialmente graves, los internos pueden quedar encerrados en una celda de aislamiento, pero siempre supervisado por el equipo médico, autorizado por el director de la cárcel y comunicado al juez de Vigilancia Penitenciaria.

También tranquiliza a la Fiscalía belga al haberle informado de que la comida responde a las exigencias dietéticas de los presos, edad, salud y costumbres; de que pueden ir al gimnasio, a la biblioteca y a talleres y de que los reclusos realizan vida en común con otros unas ocho horas diarias.

Garantizan asimismo las autoridades españolas una asistencia médica primaria, pero también la especializada en la red pública sanitaria, así como su derecho a la defensa facilitando el acceso a sus abogados y su integridad física con medidas de seguridad interior para evitar agresiones.

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