A una semana de que el real decreto ley de la reforma laboral sea examinado en el Congreso, el margen de negociación con los grupos parlamentarios se estrecha, pero sigue estando abierto. En el Gobierno, las cosas en torno a esta cuestión no son muy distintas. El PSOE, instalado en el rechazo a tramitar la norma como proyecto de ley, sigue apostando por Ciudadanos y otros grupos minoritarios, a pesar de que esa suma sería muy ajustada.

Unidas Podemos, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, arropada en Catalunya por los dos grandes sindicatos (CCOO y UGT), ha aceptado incluir modificaciones a través de la agenda legislativa pendiente de impulsar en lo que resta de legislatura a cambio del sí de los socios de la investidura. Todo ello con el objetivo de evitar que la legislatura vire a la derecha.

Así, después de que este miércoles la propia Díaz cerrara públicamente la puerta al apoyo de la formación naranja, ERC y EH Bildu han escenificado la alternativa más viable para sacar adelante la reforma laboral en respuesta a la vicepresidenta segunda, una declaración de intenciones que también va dirigida al PSOE y sus aspiraciones de optar por la vía de la formación naranja.

En este sentido, a través de un manifiesto para la "recuperación de derechos en la reforma laboral", presentado este jueves junto a la CUP y el BNG, estas fuerzas políticas han pedido al Gobierno y a los partidos que lo componen el apoyo a la tramitación del real decreto ley como proyecto de ley, "adquiriendo un compromiso para dialogar, negociar y modificar la reforma laboral permitiendo, mediante la inclusión de nuevas medidas acordadas, la recuperación de los derechos laborales pendientes en la norma propuesta".

Entre las propuestas, de sobra conocidas, destacan la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos; la necesaria autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE); y la recuperación de la indemnización por despido improcedente a 45 días por año trabajado.

Unas medidas que, en todo caso, "deberán desarrollarse y detallarse mediante las enmiendas técnicas que los grupos presenten al articulado" de la norma jurídica con rango de ley en su tramitación parlamentaria. En estos términos, aunque han mostrado "su respeto" a la negociación en el seno del diálogo social, estos partidos sostienen que las propuestas que han trasladado "han contado y cuentan con el respaldo de las mayorías sociales de los pueblos del Estado".

El diputado de ERC presente en las negociaciones sobre esta materia, Jordi Salvador, ha afeado que "personas muy importantes del Gobierno", sin citarlas, hayan asegurado "que no se va a tocar una coma" del acuerdo, ejerciendo "el veto". Asimismo, entre esa parte del Gobierno que "no ha entendido que las leyes se aprueban en el Congreso" (el clara alusión a la parte socialista), el parlamentario ha querido dejar fuera a la vicepresidenta de Trabajo, con la que ha reconocido que "el tacto es diferente" y en la que detecta "un intento" por acercar posiciones.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, ha subrayado el valor de esta declaración conjunta porque refleja una "alternativa clara" para que el Gobierno "arregle lo que tenga que arreglar" en la reforma laboral, cuya convalidación sigue siendo una incógnita a siete días de que pase por el Congreso.