"La calidad de un sistema democrático se mide por el grado de igualdad entre mujeres y hombres que existe en la sociedad". Así arranca el preámbulo del anteproyecto de Ley Orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, que busca "la igualdad efectiva en la política, la Administración y las empresas", según anunció la ministra portavoz Isabel Rodríguez. 

Con esta norma, el Gobierno quiere apretar el acelerador para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de Naciones Unidas, una de cuyas metas establece la necesidad de asegurar la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos y que deben cumplirse para el año 2030. 

Tras 16 años en vigor, la ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobada en 2007, se ha quedado corta. Por ejemplo, en lo referente a las candidaturas electorales, invocaba el principio de "composición equilibrada" para referirse a la presencia de mujeres y hombres de forma que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%.

Ahora, la nueva ley de paridad abandona esa "composición equilibrada" en las listas electorales para pasar a una "composición paritaria" de hombres y mujeres, disponiendo que "las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso, municipales, de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener una composición paritaria de mujeres y hombres, integrándose las listas por personas de uno y otro sexo ordenados de forma alternativa". 

El texto del anteproyecto de la ley de paridad indica que en estos 16 años, si bien se ha corregido "sustancialmente" el desequilibrio existente entre hombres y mujeres en las listas electorales, "la media de hombres continúa siendo ligeramente superior a la de mujeres. Esta diferencia se incrementa si tenemos en cuenta los cargos electos", advierte. 

No solo ahonda el anteproyecto, ya en tramitación en el Parlamento, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), si no que propugna cambios en otros diez textos legislativos, incluidas las leyes orgánicas del Poder Judicial (LOPJ) y del Tribunal Constitucional (LOTC) para alcanzar en estos órganos constitucionales la ansiada paridad. 

Modos de elección que no fomentan la igualdad

Sin embargo, el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que avala el anteproyecto, realiza unas importantes observaciones sobre la práctica imposibilidad de alcanzar la igualdad efectiva tanto en el Constitucional como en el Consejo Fiscal por la manera de elección de sus miembros. 

El anteproyecto introduce un nuevo articulado en la LOTC:  "Los órganos que han de realizar las propuestas de nombramiento [Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ] garantizarán el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que aquellas incluyan como mínimo un 40% de cada uno de los sexos". 

Pero para el CGPJ esto se queda corto y sugiere que se fije en el 50% de cada uno de los sexos. 

Solo 10 magistradas en la historia del TC

Nunca hasta ahora ha habido tantas magistradas juntas en el TC -son cinco de once miembros [falta por renovar al duodécimo]-, pero en la historia del tribunal de garantías las mujeres han sido una constante minoría: solo han sido diez las magistradas que han ocupado una plaza. Los hombres, en cambio, han copado 61 nombramientos desde que el Tribunal Constitucional comenzó su andadura, en julio de 1980.

Organismos de interés público

Esta disparidad en la representación que la nueva ley intentará ahora corregir no afecta solo a procesos electorales y a órganos del Estado y la función pública, sino también a las empresas privadas y otros organismos considerados de interés público. 

A pesar de que la ley de Igualdad de 2007 ya abogaba por que no existiera una representación de uno de los sexos inferior al 40%, las cifras siguen aún lejos de esa meta. En la actualidad, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y es inferior al 20% (19,6%) en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras). 

Por eso se impone ahora un plazo gradual para conseguirlo. Las grandes empresas cotizadas en el Ibex 35 deberán alcanzar la meta en 2024, mientras que organismos denominados de interés publico podrán amoldar sus sistemas de elección de miembros para cumplir con la meta en 2028.

Las reales academias, lejos de la paridad

Entre las instituciones que están consideradas como de interés público, y a las que afectará la nueva norma, están las reales academias españolas, algunas de los cuales llevan siglos en funcionamiento y cuyos mecanismos de elección de sus miembros dificultan el avance hacia la paridad.

Así se ha constatado a lo largo de la última década. A pesar de que la ley de Igualdad de 2007, aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, ya incluía la necesidad de trabajar hacia la "composición equilibrada" en todos los órganos, la evolución de la paridad en estas instituciones ha avanzado a paso de tortuga.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), si en 2014 la representación de mujeres en el conjunto de las Reales Academias se situaba en el 9,3%, diez años más tarde, en 2022, su presencia se había incrementado hasta alcanzar el 14,3%, lo que supone solo cinco puntos de mejora. Un avance que, tal como reconoce el propio INE, sigue siendo un porcentaje bastante bajo y las mantiene muy lejos del objetivo de una representación mínima no inferior al 40%.

En cinco reales academias (la Real Academia Española, la Real Academia Nacional de Farmacia, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Ciencias Veterinarias y la Real Academia de Doctores de España) se supera el 15% de participación de mujeres, y sólo en dos (la Real Academia de Historia y la Real Academia de Farmacia), se ha alcanzado un representación ligeramente superior al 20% (21,9% y un 20,5% respectivamente). 

Reproche del CGPJ

En su informe preceptivo, el CGPJ reprocha al Gobierno que, aunque habla de paridad, en muchas de las cuestiones que aborda en el proyecto de ley no la impone en realidad, sino que sigue persiguiendo una "representación equilibrada", el concepto que vertebra la ley de 2007. 

"El término paridad alude inequívocamente a una igualdad total. Sin embargo, la representación que se propone en la norma proyectada no es paritaria, sino equilibrada, considerando el prelegislador como tal aquella en la que exista, cuando menos, un 40% de representación del sexo menos representado", consta en el informe del CGPJ.