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Europa recomienda mejoras en la reforma del Tribunal Constitucional para garantizar su neutralidad

Un informe de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, alerta de que el tribunal deje de ser percibido "como un árbitro neutro, como un juez de leyes". La reforma tuvo como objetivo frenar el incumplimiento de sus sentencias por parte del gobierno de la Generalitat de Catalunya. 

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Una sesión plenaria de la Comisión de Venecia del Consejo Europeo.

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha avalado la compatibilidad de la reforma del Tribunal Constitucional español con "los estándares europeos" pero ha recomendado a España que realice algunas "mejoras" para garantizar la neutralidad del órgano de garantías y la separación de poderes. Dicha reforma, llevada a cabo al final de la pasada legislatura con el objetivo de fortalecer este órgano frente al incumplimiento de sus sentencias por parte del gobierno de la Generalitat de Catalunya, permite que el TC aplique medidas ejecutivas para obligar al resto de poderes del Estado a asumir y cumplir con sus veredictos.

En este sentido, en un comunicado hecho público este fin de semana, reconoce que, en los casos en que un representante público "se niega a ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional, está violando los principios del imperio de la ley, la separación de poderes y la cooperación leal entre los órganos estatales".

Además, dado el carácter "vinculante y definitivo de sus sentencias", el incumplimiento de las mismas supone, según recuerda, una falta equivalente a "hacer caso omiso de la Constitución y del poder constituyente". Sin embargo, subraya que el refuerzo de la capacidad del órgano judicial para garantizar la ejecución de sus propias sentencias "es legítimo" el ejercicio de dicha facultad "es la excepción y esta tarea está usualmente atribuida a otros poderes estatales".

"Debería replantearse la decisión de atribuir al tribunal la total y directa responsabilidad de ejecutar sus propias sentencias con el fin de promover una percepción del tribunal como un árbitro neutro, como un juez de leyes. Para cualquier medida ejecutiva, el tribunal no debería actuar motu proprio sino bajo requerimiento de los partidos políticos", sugiere la comisión.

Actuación en el caso de negativa a ejecutar mandatos

Por otra parte, expresa sus dudas sobre la pertinencia de las medidas aplicables por el tribunal en caso de ejercer esta facultad y pone el acento sobre la posibilidad de suspender cargos públicos, aplicar multas a individuos e imponer el pago de grandes cantidades.

"La Comisión de Venecia es consciente de que el Tribunal Constitucional tendría que tomar medidas ejecutivas en una situación en la que ya enfrenta la negativa a ejecutar sus mandatos. La negativa a cumplir también las medidas ejecutivas podría suponer un cuestionamiento de la autoridad del propio tribunal y de la misma Constitución", advierte.

Por eso, propone que en casos como esos, "intervengan otros cuerpos del estado para defender la Constitución y el Tribunal Constitucional" y subraya que, aunque ampliar las capacidades ejecutivas del tribunal "pueda parecer en un principio un incremento de poder", la división de competencias contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de "pesos y contrapesos" y a la independencia del Tribunal Constitucional. Pese a ello, incide en que la introducción de dichos poderes" entre las facultades del órgano de garantías "no contradice" los estándares europeos.

Puigdemont y los que "se encierran en su caparazón"

Para el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el informe "les dice que por este camino modernofóbico, de confundir la separación de poderes y de querer otorgar al TC unas capacidades que la mayoría de países europeos no le otorgan, no van bien".

Puigdemont ha reivindicado la construcción de un Estado catalán adaptado a los retos de la sociedad moderna frente "a quienes, cuando ven desafíos de la modernidad, se encierran en su caparazón".

Y ha criticado que el Estado, ""cuando las cosas se ponen difíciles, comienza a verbalizar conceptos como el 155, el 116, el estado de excepción, de alarma o de sitio", aspectos que cree que no deberían formar parte del debate político.