El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes un Plan de Calidad Institucional, con 60 medidas para acabar con lo que llama "el nepotismo, opacidad y arbitrariedad" del sanchismo, entre ellas, como adelantó Público, una reforma legal para que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales. Feijóo ha señalado que el Gobierno está inmerso en una "deriva" que ha superado ya su "capacidad de asombro" y por eso el PP ha dado el paso de presentar un plan que incluye "diagnóstico certero y justo" con "principios sólidos y necesarios" en este momento en España.

El presidente del PP, que ha elegido como escenario el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, cuna de la Constitución de 1812, ha acusado al Ejecutivo de seguir "un guión que escriben los anticonstitucionalistas, ya sean independentistas o populistas" y de "interpretar el poder ejecutivo a espaldas de la soberanía popular y con menoscabo de la división de poderes".

Feijóo ha indicado que el PP quiere rebelarse contra esta situación. Y para ello presenta este documento de 30 páginas con 60 medidas, que consta de cinco bloques.

En el primero, que llama de medidas para proteger la Constitución y la integridad territorial, figura recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la reforma de malversación de fondos públicos y tipificar el de referéndum ilegal.

El segundo se refiere al poder legislativo, donde propone limitar el uso del real decreto ley, incluir en las memorias económicas de las leyes el coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos, más allá del impacto presupuestario, regular la periodicidad del debate del estado de la nación y crear una Oficina de Calidad Democrática.

El PP también plantea aprobar una regulación específica sobre la periodicidad anual del Debate sobre el Estado de la Nación, que "dejará de ser una iniciativa discrecional del Gobierno" (el último se celebró el pasado mes de julio, pero llevaba siete años sin convocarse). En el caso del Senado, apuesta por su "fortalecimiento", promoviendo el debate en la Cámara Alta sobre las propuestas normativas que afecten a la distribución de competencias entre órganos centrales y autonómicos.

En el tercer bloque, para mejorar los gobiernos, incluye medidas como garantizar que la alcaldía recae en la lista más votada, mediante una reforma del artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). En este bloque plantea también establecer por ley pautas para configurar gobiernos, de forma que cuenten con un "número razonable y proporcionado" de ministros; establecer una comunicación "institucionalizada y frecuente" entre el presidente y el líder de la oposición y prohibir "el uso de recursos de públicos en actos de partidos", como el avión Falcon​.

A este respecto, el PP propone propone abrir un registro sobre el uso del Airbus A310, Dassault Falcon 900 y del helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno y establecer límites a la realización de viajes institucionales al exterior. Además, señala que "se perfeccionará la normativa para mejorar la custodia de los documentos públicos, especialmente los que comprometen la seguridad de la Nación".

El cuarto bloque es sobre el poder judicial, que incluye medidas para limitar las puertas giratorias y reforzar las exigencias de independencia para los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y establecer un mandato de cinco años para el fiscal general del Estado, desvinculándolo del mandato del Gobierno.

Respeto al Poder Judicial, el documento del PP pide derogar la reforma que limita las funciones del CGPJ cuando se encuentra en situación de prórroga y se establece un nuevo modelo de nombramiento de los vocales del CGPJ: los doce del turno de procedencia judicial serán elegidos por y entre jueces y magistrados, y la elección de los ocho vocales del turno de juristas de prestigio por el Congreso y el Senado se realizará entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio en su profesión.

El plan propone un quinto bloque para "recuperar el prestigio de instituciones" como "establecer requisitos de idoneidad" para presidir organismos y "medias para recuperar la credibilidad de instituciones que la han visto menoscabada en esta legislatura", entre los que ha citado al CIS, INE, CNI y RTVE.

Respecto al CNI, el PP quiere que su director no haya ocupado un cargo político en los cinco años previos a su nombramiento. También contempla que los servicios de inteligencia, además de proporcionar información al Gobierno, pueda hacerlo a otras instituciones y organismos que lo precisen.