Publicado: 06.10.2014 12:07 |Actualizado: 06.10.2014 12:07

La Fiscalía actuará en cuanto observe delito en el proceso catalán

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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha garantizado este lunes que la Fiscalía actuará de oficio "sin ningún género de dudas" y "respecto de cualquier persona" que cometa un hecho que esté tipificado en el Código Penal dentro del proceso soberanista que se está viviendo el Catalunya.

En declaraciones en el Congreso, donde ha entregado la memoria anual de la Fiscalía General del Estado al presidente de la Cámara, Jesús Posada, Torres-Dulce ha explicado que se está examinando "cuidadosamente" cada uno de los actos que se están produciendo desde que el Tribunal Constitucional suspendió la consulta soberanista del 9 de noviembre.

Torres-Dulce ha subrayado que el trabajo de la Fiscalía se está desarrollando con la "máxima imparcialidad y el máximo rigor jurídico" para que no se produzca en Catalunya "la consumación de un acto delictivo".

El fiscal ha insistido en que no actuará "ni antes ni después", sino en el momento en que detecte que cualquier institución o miembro de la sociedad civil cometa un hecho que esté tipificado en el Código Penal. "Sólo el cumplimiento de las leyes asegura una sociedad pacífica en un Estado de Derecho", ha proclamado.

Preguntado por el caso de las tarjetas "opacas" en Caja Madrid, Torres-Dulce ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción ya está estudiando la posible transcendencia penal de estos hechos y ha asegurado que en cuanto extraiga unas conclusiones tomará una decisión.

"Vamos a dejar trabajar a la Fiscalía", ha reclamado el fiscal general, que ha dicho desconocer si en otras entidades financieras han podido suceder prácticas similares, aunque se ha comprometido a investigarlas si salen a la luz, tal y como siempre se hace con cualquier hecho presuntamente delictivo.

Torres-Dulce ha reconocido que tiene una opinión formada tanto "jurídica como de ética ciudadana" sobre el uso de estas tarjetas, pero como fiscal general prefiere no hacerla pública para dejar trabajar con plena autonomía a los fiscales que llevan la investigación.


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