El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la pieza 10 del llamado caso Púnica, en la que se ha investigado la contratación de trabajos de reputación online de cargos del PP encargados a las empresas EICO y Madiva de Alejandro de Pedro. 

El magistrado archiva la causa para las 40 personas que se encontraban investigadas en este procedimiento, entre ellas los exalcaldes de Castellón, Alfonso Bataller; Denia, María Kringe Sánchez; Coslada, Raúl López Vaquero; Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, y Majadahonda, Narciso de Foxá Alfaro, así como otros cargos públicos. 

Tras dos años y medio de investigación, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 ha archivado también para la exjefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, y para el empresario de la Púnica, David Marjaliza.

Según el juez, una vez finalizadas las diligencias, no se aprecia la existencia de "un concierto" de estas personas para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria por los delitos de falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, entre otros. 

Para García Castellón, "resulta extraordinariamente difícil, sino imposible, distinguir entre la promoción institucional del cargo que ocupa una persona, y su prestigio personal político, cuando se trata de realizar campañas de promoción o publicidad en Internet, redes sociales o medios de comunicación social". 

El juez explica que afirmar que un perfil público en una determinada red social de un político que ostenta un cargo público es "publicidad personal"  supone "sencillamente, abstraerse de la realidad social del momento en el que nos encontramos. Si se tuviera que instar una investigación penal por cada uno de los políticos de este país que tuviera una red social a su nombre, para discernir si se trata de publicidad institucional o personal, o que contrate empresas de marketing, para examinar si realmente promociona su nombre o la institución, no solo se saturarían los juzgados de instrucción, sino que se estaría desnaturalizando el ordenamiento penal".